Pero, recientemente AMAC incursion\u00f3 tambi\u00e9n en prestar servicios a municipios relacionados con desastres, los cuales no hab\u00eda ofrecido antes.<\/p>
Los hechos que provocaron el diligenciamiento ayer de tres \u00f3rdenes de allanamiento por parte de agentes federales contra la oficina y el tel\u00e9fono celular de dos primos del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia no han sido confirmados, pero la trayectoria p\u00fablica de ambos deja planteada actuaciones como integrantes de la campa\u00f1a del gobernador y como contratistas de gobierno.<\/p>\n
El Negociado Federal de Investigaciones (FBI en ingl\u00e9s) y la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Vivienda federal (HUD), diligenciaron una orden en el 1541 de la calle Ponce de Le\u00f3n, San Juan, en la que ubican tanto el bufete Pierluisi Isern Law Office PSC, como la sede de American Management & Administration, Corp. (AMAC). Ambas entidades est\u00e1n a cargo de Walter Pierluisi Isern. Adem\u00e1s, diligenciaron una orden para incautar el tel\u00e9fono de su hermano, Eduardo Javier Pierluisi Isern, y el de otra persona cuya identidad no se ha confirmado.<\/p>\n
En particular, la orden dirigida al lugar donde ubica el bufete de Pierluisi Isern tiene que haber sido revisada y autorizada por el Departamento de Justicia federal en Washington DC por el potencial que tiene de abarcar material protegido por el privilegio abogado-cliente.<\/p>\n
La orden de allanamiento no implica que las personas relacionadas ser\u00e1n acusadas, pero s\u00ed que a un magistrado federal se le present\u00f3 suficiente prueba para determinar que los lugares a ser registrados y los aparatos a ser incautados contienen evidencia sobre la comisi\u00f3n de alg\u00fan delito federal. Seg\u00fan Las Noticias de Teleonce, las \u00f3rdenes fueron emitidas bajo la sospecha de que se hab\u00edan cometido los delitos de conspiraci\u00f3n, soborno, lavado de dinero y declaraci\u00f3n falsa.<\/p>\n
AMAC ha tenido contratos de administraci\u00f3n de complejos de vivienda p\u00fablica desde 1995. Del saque, los contratos de esa empresa, y otras administradoras de residenciales, cayeron bajo la lupa del OIG, que en un informe de 2003 critic\u00f3 el proceso de adjudicaci\u00f3n de los contratos y tambi\u00e9n los costos. Todos los contratistas tuvieron un aumento injustificado en la tarifa por unidad administrada entre su contrato de 1997 y el de 2000.<\/p>\n
AMAC fue la segunda a la que m\u00e1s le aumentaron la tarifa con un incremento del 100% (se la duplicaron) entre contrato y contrato. El proceso cuestionado ocurri\u00f3 cuando el administrador de Vivienda P\u00fablica de la Administraci\u00f3n Rossell\u00f3 era John Blakeman Ortiz, quien ahora es un testigo cooperador de las agencias federales con un acuerdo formalizado en el caso de la exgobernadora Wanda V\u00e1zquez Garced.<\/p>\n
Actualmente, AMAC tiene bajo su contrato 34 complejos de vivienda en Aguada, Aguadilla, Arecibo, Hatillo, Isabela, Lares, Moca, Quebradillas, Rinc\u00f3n, San Sebasti\u00e1n y Utuado. Alejandro Salgado Col\u00f3n, administrador de Vivienda P\u00fablica, dijo que el contrato de administraci\u00f3n asciende a casi $4.5 millones y est\u00e1 vigente hasta 2023. Tambi\u00e9n, AMAC tiene con esa agencia un segundo contrato por $150,000 con vigencia hasta 2023 para administrar refugios que puedan ser necesarios por huracanes u otros desastres.<\/p>\n
Salgado dijo que su agencia no ha recibido requerimientos de informaci\u00f3n por parte del OIG o HUD sobre AMAC.<\/p>\n
Nuevos servicios<\/strong><\/p>\n Pero, recientemente AMAC incursion\u00f3 tambi\u00e9n en prestar servicios a municipios relacionados con desastres, los cuales no hab\u00eda ofrecido antes.<\/p>
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