En Detroit $275,000. En Washington $155,000. En Puerto Rico $625,000\u2026 El pago de $625,000 que recibir\u00e1 al a\u00f1o la recien nombrada directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko supera por mucho lo que devengaron sus hom\u00f3logos en otras juntas fiscales en ciudades estadounidenses.<\/p>\n
Jaresko, que recibir\u00e1 adem\u00e1s del jugoso sueldo, tendr\u00e1 derecho a seguridad, chofer y reembolsos de gastos de mudanza y viajes peri\u00f3dicos a Ucrania, Washington y Nueva York, entre otros. Esta compensaci\u00f3n supera por m\u00e1s del doble lo que deveng\u00f3 el gerente de la junta de emergencia fiscal de Detroit, Kevyn Orr, quien fuera designado en 2013 para manejar la bancarrota de esa ciudad con un salario de $275,000 anuales.<\/p>\n
Aunque su salario es abismalmente menor que el que la JCF ha aprobado a Jaresko en Puerto Rico, el contrato de Orr en Detroit no estuvo exento de cr\u00edticas<\/a> por la cantidad y los beneficios de reembolsos, seguridad y viajes que obtuvo este abogado experto en quiebras.<\/p>\n En Detroit hubo cr\u00edticas adem\u00e1s a los contratos de consultores de la junta fiscal como fue el caso de Larry A. King<\/a> que factur\u00f3 poco m\u00e1s de $600,000 en dos a\u00f1os por su trabajo de asesor\u00eda financiera.<\/p>\n Sin embargo, contrario a la Ley PROMESA que impone los lineamientos de la JCF, en Detroit la legislaci\u00f3n que cre\u00f3 el organismo fiscal de la ciudad puso topes para los gastos de salarios y contrataci\u00f3n de expertos de asesor\u00eda y dem\u00e1s personal.<\/p>\n Las secciones 34 y 35 de la Ley 865 del estado de Michigan otorgan $780,000 para pagar salarios de los gerentes y $5 millones para contratar personal y asesor\u00eda necesaria para encaminar el proceso bajo el Cap\u00edtulo 9 de la Ley de Quiebras.<\/p>\n Detroit es el caso m\u00e1s reciente y m\u00e1s adecuado para comparar a Puerto Rico sobre los par\u00e1metros utilizados para remunerar a los oficiales en procesos de restructuraci\u00f3n a trav\u00e9s de una junta. No obstante, hace dos d\u00e9cadas en Washington, el asunto de los salarios fue objeto de controversia, aunque las cifras son muy distantes al salario de Jaresko.<\/p>\n En una carta<\/a> enviada por el General Accounting Office (GAO), este organismo desautoriz\u00f3 los salarios autorizados por la Junta de control en 1998; por pagar a varios altos funcionarios, incluyendo la directora Camille C. Barnett, contratada en diciembre de 1997 con salario de $155,000 y los $122,700 del director ejecutivo de la Junta, John W. Hill Jr. Los salarios fueron reducidos tras los se\u00f1alamientos del GAO.<\/p>\n Aunque los principales funcionarios del gobierno han puesto el grito en el cielo con la contrataci\u00f3n de Jaresko, de acuerdo al abogado Rolando Emmanuelli Jim\u00e9nez es muy poco o nada lo que estos pueden hacer ya que la ley PROMESA expresamente dice que la Junta de Control Fiscal no est\u00e1 bajo la jurisdicci\u00f3n de ninguna de las tres ramas de gobierno de Puerto Rico.<\/p>\n ‘Seg\u00fan el art\u00edculo 107 de la Ley PROMESA, la junta tiene entera discreci\u00f3n de cubrir sus costos con el presupuesto mensual de $2 millones. Ninguna regulaci\u00f3n sobre contrataci\u00f3n gubernamental y salarios del territorio o gobierno federal aplica para el nombramiento y determinaci\u00f3n de paga del director ejecutivo de la junta o su personal’, explic\u00f3 Emmanuelli Jim\u00e9nez.<\/p>\n El gobierno no puede ni investigar ni demandar las determinaciones del organismo creado por el Congreso, aunque no es parte del gobierno federal.<\/p>\n La secci\u00f3n 108 de PROMESA dispone la autonom\u00eda de la junta sobre el gobierno territorial, por lo que ni el gobernador, ni la legislatura, podr\u00e1n ejercer control, supervisi\u00f3n, revisar o fiscalizar las actividades de la junta. Tampoco podr\u00e1n aprobar, ejercitar ninguna ley o regulaci\u00f3n que menoscabe o derrote los prop\u00f3sitos de esta.<\/p>\n ‘La Ley PROMESA permite el aprovechamiento irrazonable de los fondos p\u00fablicos de un pa\u00eds que est\u00e1 en bancarrota y que se le est\u00e1n imponiendo toda una serie de medidas de austeridad lo que cuestiona la moral que tiene la junta para implantar esos recortes en \u00e1reas de servicios esenciales’, sostuvo el abogado ponce\u00f1o autor del libro PROMESA, en el que analiza el impacto de esa legislaci\u00f3n congresional.<\/p>\n