![\"\"](\"https:\/\/cdn.noticel.com\/2026\/07\/30090709\/106-2026-21_Magna-Verano-Display-v.02_300x600-2.jpg\")
<\/a><\/div>\nLa Inspectora General hizo alusi\u00f3n a que en una orden del 31 de agosto pasado el juez Besosa coment\u00f3 que \u00abno estaba convencido\u00bb de que la OIG \u00absea la entidad apropiada para realizar la auditor\u00eda\u00bb. El juez no hizo ning\u00fan comentario pero, para Torres Rivera, el juez dijo eso porque la reforma es un proceso bajo la \u00abexclusiva jurisdicci\u00f3n\u00bb del tribunal federal y \u00abciertamente concurrimos con su determinaci\u00f3n\u00bb. Pero el juez no ofreci\u00f3 razones en su orden y, hasta que el DSP retir\u00f3 su apoyo, todas las partes en el caso, incluyendo Justicia federal y el monitor, hab\u00edan concluido que la OIG era la opci\u00f3n id\u00f3nea por las facultades fuertes de intervenci\u00f3n en procesos gubernamentales que le da su ley habilitadora. De hecho, a\u00fan despu\u00e9s de que el DSP cambiara de parecer, Justicia federal continu\u00f3 recomendando que fuera la OIG la seleccionada.<\/p>\n
En una moci\u00f3n que sometieron el mi\u00e9rcoles pasado, el gobierno y la Polic\u00eda se agarraron de las reservas que expres\u00f3 el juez para, sin dar las explicaciones de por qu\u00e9 retiraron la recomendaci\u00f3n de la OIG, proponer que las partes se concentren en buscar una alternativa. Para eso, presentaron a la firma EcoVal, encabezada por el abogado y contador p\u00fablico autorizado Eduardo Soria Rivera, quien tiene 25 a\u00f1os de consultor. Prest\u00f3 servicios a varias entidades del gobierno, incluyendo a la Polic\u00eda y, en el campo privado, m\u00e1s recientemente fue designado administrador judicial en la disoluci\u00f3n de la empresa J. R. Asphalt, una de las involucradas en la racha de acusaciones de corrupci\u00f3n que ha presentado la fiscal\u00eda federal contra varios alcaldes y exalcaldes.<\/p>\n
El camino que lleg\u00f3 hasta este episodio con la OIG comenz\u00f3 el a\u00f1o pasado, cuando Besosa entr\u00f3 en el caso de la reforma tras el ascenso del juez Gustavo Gelp\u00ed al Primer Circuito de Boston y de entrada coment\u00f3 que el caso necesitaba m\u00e1s transparencia en cuanto al uso de fondos asignados a la Polic\u00eda.<\/p>\n
En mayo pasado, el juez emiti\u00f3 una orden que resume los hallazgos preliminares del an\u00e1lisis del uso de esos fondos y resalt\u00f3 que parte del dinero parece haberse usado para otras necesidades de la Polic\u00eda que no son atender la reforma. \u00abLa manera general en que los fondos para el caso de la reforma se han usado y contabilizado necesita desarrollo significativo. Casi todas las descripciones de gastos fueron extremadamente vagas y no indicaban c\u00f3mo cada uno estaba relacionado con la reforma. Es cr\u00edtico que el gobierno y la Polic\u00eda aclaren c\u00f3mo las partidas de gastos indicadas est\u00e1n asociadas con una parte espec\u00edfica de la reforma\u00bb, dijo a la vez que a\u00f1adi\u00f3 que el gobierno ni siquiera pudo producir informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo se us\u00f3 el dinero en 2018.<\/p>\n
Lo pr\u00f3ximo es conocer si las dem\u00e1s partes se allanan a la propuesta de la Polic\u00eda de usar EcoVal y si el juez la aprueba sin pedirle explicaciones al DSP sobre por qu\u00e9 retir\u00f3 su apoyo a la OIG.<\/p>\n