La Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal (JSF) demand\u00f3 hoy al Gobierno de Puerto Rico en el tribunal de quiebras para conseguir la anulaci\u00f3n de la Ley 41 de 2022, que revirti\u00f3 o modific\u00f3 algunos elementos de la reforma laboral convertida en ley durante la Administraci\u00f3n Rossell\u00f3 Nevares y la cual recort\u00f3 beneficios a los empleados del sector privado.<\/p>\n
El pleito puede resultar en nuevos par\u00e1metros de cu\u00e1les son los poderes del ente fiscal sobre el gobierno ya que la posici\u00f3n de la Administraci\u00f3n Pierluisi es que la Ley 41 solo afecta a patronos y empleados privados, y no impacta las operaciones del gobierno, mientras que la postura de la Junta es que violenta el Plan Fiscal porque tendr\u00eda efecto de reducir la actividad econ\u00f3mica y, por ende, los recaudos del gobierno.<\/p>\n
\u00abEl gobierno violent\u00f3 abiertamente el Plan Fiscal de 2022 al autorizar la Ley 41 porque hace precisamente lo que el Plan Fiscal certificado proh\u00edbe. Al revertir reformas laborales cr\u00edticas (de la Ley 4 de 2017) y a\u00f1adir nuevos requisitos legales para el empleo que impactan negativamente la flexibilidad del mercado laboral, la Ley 41 desincentiva el empleo en la isla y tendr\u00e1 un impacto negativo en la inversi\u00f3n, participaci\u00f3n en la fuerza laboral e ingresos del gobierno. Entre otras cosas, la ley crea nuevos beneficios laborales, reduce los requisitos para acumular beneficios de vacaciones y por enfermedad y para cualificar para bonos de Navidad, y aumenta los costos y riesgos para los patronos cuando despiden empleados\u00bb, sostiene la demanda sometida por los abogados de la Junta, el bufete O’Neill & Borges, cuyos clientes en el \u00e1rea laboral son usualmente patronos.<\/p>\n
El documento, que tiene casi 2,000 p\u00e1ginas de anejos, sostiene que el gobierno violent\u00f3 el esquema de evaluaci\u00f3n de leyes que dispone la Ley PROMESA porque no prepar\u00f3 un estimado formal sobre el impacto de la Ley 41 en las finanzas p\u00fablicas ya que concluy\u00f3 que la tarea era muy \u00abcompleja y dif\u00edcil\u00bb.<\/p>\n
La Junta present\u00f3 al tribunal, como hab\u00eda hecho ya al gobierno, su propio estimado preparado por el economista Robert Triest sobre el impacto de la Ley 41.<\/p>\n
\u00abEn la determinaci\u00f3n de la Junta, basada en el an\u00e1lisis de su economista, la Ley 41 impide o derrota PROMESA porque, entre otras cosas, revierte reformas laborales que el Plan Fiscal 2022 espec\u00edficamente mandata que no se reviertan, y lo hace sin evaluar el impacto en los recaudos\u00bb, a\u00f1ade el recurso que pide la anulaci\u00f3n de la Ley 41 y que la jueza Laura Taylor Swain emita un interdicto para prohibir que el gobierno la aplique.<\/p>\n
\u00abDao que la Ley 41 impacta la fuerza laboral completa del sector privado y, como consecuencia, le econom\u00eda entera, la decisi\u00f3n del gobierno de no preparar un estimado del impacto en los recaudos no solamente es temeraria, sino que es fiscalmente irresponsable y directamente contraria a PROMESA\u00bb, sostiene el ente fiscal en la demanda.<\/p>\n
Mediante comunicado, el presidente de la Junta, David Skeel, a\u00f1adi\u00f3 que \u201cPuerto Rico ha hecho progresos sustancial hacia la responsabilidad fiscal, el crecimiento econ\u00f3mico y la prosperidad, pero la implantaci\u00f3n de la Ley 41 echar\u00eda ese progreso para atr\u00e1s\u00bb. \u201cPuerto Rico no puede implantar una ley que ata las manos de los negocios que quieren crecer. La Ley 41 descarrilar\u00eda el progreso de Puerto Rico hacia la recuperaci\u00f3n y disminuir\u00eda el crecimiento econ\u00f3mico que el pueblo de Puerto Rico merece\u00bb, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n
Para ver la demanda, pulse aqu\u00ed.<\/p>\n
Vea:<\/p>\n