En junio pasado, la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito emiti\u00f3 una opini\u00f3n en la cual confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de la Jueza Swain de paralizar la implementaci\u00f3n de cuatro leyes aprobadas por el Gobierno de Puerto Rico. En su opini\u00f3n, la corte apelativa con sede en Boston expres\u00f3 que estaba \u201cdesanimada\u201d ante la actitud de la Junta y el Gobierno de enfrascarse en luchas epistolares y litigios constantes. Adem\u00e1s, expres\u00f3 que \u201cen el futuro, esperamos que el Gobierno y la Junta vuelvan a comprometerse a trabajar juntos de una manera no adversaria para que este tipo de los litigios se puedan evitar, en el mejor inter\u00e9s del pueblo de Puerto Rico.\u201d<\/p>\n
A poco m\u00e1s de un mes de estas expresiones, parece casi inevitable que la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal y el Gobierno de Puerto Rico se enfrentar\u00e1n nuevamente en un litigio que involucra la validez de una ley reci\u00e9n aprobada.<\/p>\n
En esta ocasi\u00f3n, el eje de la controversia es la Ley 41. Esta legislaci\u00f3n introdujo una serie de enmiendas a ocho estatutos laborales de Puerto Rico. Aunque ha sido llamada una \u201creforma laboral\u201d, la realidad es que la Ley 41 no es una verdadera reforma y no derog\u00f3 la Ley de Transformaci\u00f3n y Flexibilidad Laboral (Ley 4-2017) que fue aprobada el 26 de enero de 2017. Sin embargo, incluso desde antes de que el Gobernador firmara la Ley 41, la Junta de Supervisi\u00f3n hab\u00eda advertido que consideraba que la ley era significativamente inconsistente con el Plan Fiscal y que violaba la Ley PROMESA. Es importante enfatizar que en todas las ocasiones anteriores en que la Junta y el Gobierno se han enfrentado en un litigio en cuanto a la validez de leyes reci\u00e9n aprobadas, la Junta ha prevalecido. En argot deportivo, la Junta de Supervisi\u00f3n est\u00e1 invicta en sus demandas contra el Gobierno relacionadas a leyes de nueva aprobaci\u00f3n.<\/p>\n
Para entender la saga en cuanto a la Ley 41, es importante referirnos al texto estatutario de la Ley PROMESA. La Secci\u00f3n 204 de ese estatuto federal exige que, para toda nueva ley, el Gobierno le remita a la Junta de Supervisi\u00f3n una Certificaci\u00f3n que contenga dos elementos. Primero, el Gobierno debe emitir su conclusi\u00f3n en cuanto a si la nueva ley es o no significativamente inconsistente con el Plan Fiscal. Segundo, el Gobierno debe enviar un certificado en el cual se resuma el impacto que tendr\u00e1 la nueva ley en los gastos y en los ingresos del Gobierno. La Jueza Swain ha resuelto que estos no son meros requisitos superfluos: el Gobierno viola la Ley PROMESA si no cumple con estos requisitos procesales.<\/p>\n
Por otro lado, tambi\u00e9n debemos analizar la Secci\u00f3n 108 de PROMESA. Esa secci\u00f3n provee que el Gobierno no puede aprobar, implementar o poner en vigor una ley que \u201cafecte o derrote los prop\u00f3sitos de PROMESA\u201d. Los tribunales federales tambi\u00e9n han interpretado la Secci\u00f3n 108 y han concluido que, una vez la Junta de Supervisi\u00f3n concluye que una ley es inconsistente con el Plan Fiscal y viola PROMESA, se le dar\u00e1 deferencia a esa conclusi\u00f3n a menos que se demuestre que esa conclusi\u00f3n es \u201carbitraria y caprichosa\u201d. Este es un est\u00e1ndar de revisi\u00f3n extremadamente deferente hacia la Junta y sirve para explicar porque el Gobierno, al momento, ha perdido todos los pleitos en los cuales se ha cuestionado la validez de leyes reci\u00e9n aprobadas.<\/p>\n
En cuanto a la Ley 41, la Junta ya ha escrito varias cartas al Gobierno en las cuales le advierte que ha concluido que esa nueva ley es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal y viola PROMESA. Sin embargo, la \u00faltima carta emitida el pasado 30 de julio es mucho m\u00e1s extensiva y, preocupante para el Gobierno. De entrada, la Junta parece estar preparando el camino para argumentar que el Gobierno ha incumplido con los aspectos procesales de la Secci\u00f3n 204 de PROMESA. Esto ya que \u2013 seg\u00fan la Junta \u2013 el Gobierno no ha concluido concretamente si la Ley 41 es o no inconsistente con el Plan Fiscal. Adem\u00e1s, la Junta le advirti\u00f3 al Gobierno que la informaci\u00f3n que le ha suministrado al momento est\u00e1 incompleta porque que Gobierno \u2013 seg\u00fan la Junta – no ha producido un estimado del impacto que tendr\u00e1 la Ley 41 en los ingresos del fisco. Si la Junta puede probar eso ante la Jueza Swain, se le har\u00e1 muy dif\u00edcil al Gobierno defender la Ley 41 ya que habr\u00eda incumplido con los aspectos procesales de la Ley PROMESA.<\/p>\n
Pero los problemas para el Gobierno no terminan ah\u00ed. En la carta del pasado 30 de julio, la Junta de Supervisi\u00f3n anej\u00f3 un extenso estudio del economista Robert Triest en el cual se resumen los impactos negativos que tendr\u00eda la Ley 41 en el desarrollo econ\u00f3mico de Puerto Rico. En s\u00edntesis, el estudio econ\u00f3mico concluye que la Ley 41 desincentiva la contrataci\u00f3n de nuevos empleados en el sector privado y, por ende, se afectar\u00e1n los recaudos del Gobierno. Espec\u00edficamente, el estudio concluye que la Ley 41 causar\u00e1 una disminuci\u00f3n en los ingresos del Gobierno de $156 millones a corto plazo y -a largo plazo \u2013 causar\u00e1 una reducci\u00f3n de $8.1 billones en los ingresos. A base de ese estudio, la Junta concluye que la Ley 41 es inconsistente con el Plan Fiscal y viola PROMESA.<\/p>\n
Apar\u00e1ndose en la decisi\u00f3n del Primer Circuito, la Junta le ha solicitado al Gobernador que detenga la implementaci\u00f3n de la Ley 41 mientras contin\u00faan las discusiones entre las partes. Adem\u00e1s, le pidi\u00f3 al Gobierno que corrigiera las deficiencias procesales en la informaci\u00f3n que ha sometido hasta ahora y que provea informaci\u00f3n que contradiga lo expuesto en el estudio econ\u00f3mico de Robert Triest. Esto parece ser un intento de la Junta de dar todas las oportunidades posibles al Gobierno antes de recurrir a un litigio.<\/p>\n
Sin embargo, a la luz de las expresiones del Gobierno, parece ser que la implementaci\u00f3n de la Ley 41 no se detendr\u00e1. As\u00ed pues, el litigio por la Ley 41 es inevitable. Aunque es imposible predecir un resultado, la realidad es que la Junta nunca ha perdido este tipo de litigios. Y a la luz del estudio econ\u00f3mico de Robert Triest, ser\u00e1 en extremo dif\u00edcil para el Gobierno argumentar que la decisi\u00f3n de la Junta de retar la ley es \u201carbitraria y caprichosa\u201d. La realidad jur\u00eddica de Puerto Rico mientras la Ley PROMESA est\u00e9 en vigor es que es muy dif\u00edcil defender leyes que no cuenten con estudios econ\u00f3micos previo a su aprobaci\u00f3n o bajo el argumento de que hay que darle una oportunidad al Gobierno de implementar las nuevas leyes para entonces ver cu\u00e1l es el impacto en la econom\u00eda.<\/p>\n
Pero independientemente de los m\u00e9ritos de cada lado en esta nueva batalla entre la Junta y el Gobierno, la realidad es que este proceso ha creado una incertidumbre en el panorama econ\u00f3mico de Puerto Rico. Hasta que un Tribunal no determine la nulidad de la Ley 41 u ordene al Gobierno que no la implemente, ese estatuto est\u00e1 en vigor para muchos patronos. En ese sentido, el sector privado ya ha tenido que prepararse e invertir capital para poner en vigor una ley que ahora se enfrenta la incertidumbre de un litigio. No hay ganadores en esta batalla al momento. Resta por ver si el Gobierno lograr\u00e1 demostrar que la Junta de Supervisi\u00f3n ha sido \u201carbitraria y caprichosa\u201d en su an\u00e1lisis de la Ley 41. La cuesta luce en extremo empinada para el Gobierno.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La llamada Reforma Laboral complica la situaci\u00f3n entre el Gobierno y la Junta. En junio pasado, la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito emiti\u00f3 una opini\u00f3n en la cual confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de la Jueza Swain de paralizar la implementaci\u00f3n de cuatro leyes aprobadas por el Gobierno de Puerto Rico. En su opini\u00f3n, la […]<\/p>","protected":false},"author":0,"featured_media":284022,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"ep_exclude_from_search":false,"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-182044","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-opiniones"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/182044","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=182044"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/182044\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":284023,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/182044\/revisions\/284023"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/284022"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=182044"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=182044"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=182044"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}