Firm\u00f3 dos leyes que limitan la transparencia<\/i><\/p>\n
El gobernador interino Pedro R. Pierluisi Urrutia asegur\u00f3 que, en su momento, estar\u00e1 reevaluando la Ley de Transparencia por entender que existen dudas y oposici\u00f3n generalizada entre los gremios de periodistas, a quienes les impactar\u00eda.<\/p>\n
La crisis constitucional dejada en Puerto Rico por la abrupta salida de Ricardo Rossell\u00f3 Nevares de la gobernaci\u00f3n no se limita al modo de seleccionar a un gobernante Pierluisi Urrutia como sustituto. Por m\u00e1s que varias organizaciones civiles le pidieron que no firmara dos proyectos, a oscuras y espaldas del pueblo en la v\u00edspera de su salida de Fortaleza, firm\u00f3 el proyecto de la C\u00e1mara 1095 o Ley de Transparencia, y el del Senado 236 de Datos Abiertos, que limitan y obstruyen el derecho constitucional a la informaci\u00f3n p\u00fablica e incumplen con nueve de los 10 est\u00e1ndares y principios internacionales de transparencia y acceso a la informaci\u00f3n.<\/p>\n
‘Las leyes que fueron firmadas recientemente se hicieron dentro del ejercicio de las prerrogativas del entonces gobernador. Es mi intenci\u00f3n, no obstante, revisar con particular atenci\u00f3n la Ley de Transparencia. Aunque la misma atraves\u00f3 el correspondiente tr\u00e1mite legislativo, comprendo las preocupaciones que a\u00fan existen en cuanto a su alcance. Adem\u00e1s, reconozco que en un ambiente como el que estamos atravesando existe un leg\u00edtimo interes de ser m\u00e1s abiertos en cuanto a la informaci\u00f3n. Pr\u00f3ximamente estare convocando una reuni\u00f3n con los gremios para auscultar de primera mano sus preocupaciones en cuanto a este asunto’, asegur\u00f3 Pierluisi Urrutia en declaraciones escritas.<\/p>\n
Entre otras cosas, la llamada Ley 122 de Transparencia elimina la posibilidad de solicitar informaci\u00f3n p\u00fablica de forma verbal, uso y costumbre en la mayor\u00eda de los casos cuando se trata de miembros de la prensa, y en el proceso legislativo de enmiendas al proyecto original elimin\u00f3 sanciones administrativas que inclu\u00edan una multa de $250 a quien obstruyera el flujo de informaci\u00f3n p\u00fablica. Elimin\u00f3, a su vez, la garant\u00eda de que si la informaci\u00f3n p\u00fablica es de f\u00e1cil acceso se omita el tr\u00e1mite burocr\u00e1tico creado por la misma ley y se entregue la misma de inmediato.<\/p>\n
En el caso de la Ley 141 de Datos Abiertos, se enumeran 12 excepciones a la debida divulgaci\u00f3n de datos, ampliando incluso las contenidas en la Ley de Libertad de Informaci\u00f3n de Estados Unidos (FOIA). Por tanto, el efecto neto de estados dos leyes es el de dificultar el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica de manera r\u00e1pida.<\/p>\n
‘Es una verg\u00fcenza para Puerto Rico que su Gobierno vaya en contra de las tendencias mundiales y las mejores pr\u00e1cticas de transparencia. Ambas leyes constituyen un retroceso en los avances de a\u00f1os para dar mayor transparencia a la gesti\u00f3n p\u00fablica y facilitar el acceso a informaci\u00f3n’, manifest\u00f3 la presidenta de la Asociaci\u00f3n de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), Damaris Su\u00e1rez.<\/p>\n
Ante el nuevo dilema que representan estas leyes, Su\u00e1rez adelant\u00f3 que ‘la Asppro eval\u00faa las implicaciones con el asesoramiento de abogados y cumplir\u00e1 su deber de orientaci\u00f3n al p\u00fablico y educaci\u00f3n a los periodistas para ayudarlos a enfrentar los problemas que anticipamos ocurrir\u00e1n’.<\/p>\n
En 1982, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoci\u00f3 rango de derecho constitucional al acceso a la informaci\u00f3n.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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