{"id":181305,"date":"2022-08-03T05:45:00","date_gmt":"2022-08-03T09:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticel.com\/?post_type=article&p=181305"},"modified":"2025-07-12T22:34:54","modified_gmt":"2025-07-12T22:34:54","slug":"costos-de-la-quiebra-enfilan-hacia-los-1600-millones-y-todavia-falta-la-aee","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20220803\/costos-de-la-quiebra-enfilan-hacia-los-1600-millones-y-todavia-falta-la-aee\/","title":{"rendered":"Costos de la quiebra enfilan hacia los $1,600 millones y todav\u00eda falta la AEE"},"content":{"rendered":"

Informe anual de la Junta confirma tambi\u00e9n que sus funciones de \u00abdesarrollo econ\u00f3mico\u00bb siguen inactivas y que el gobierno tiene problemas para echar a correr proyectos con fondos federales.<\/h3>\n

Hasta el mes pasado, los contribuyentes de la isla han pagado unos $1,200 millones a los bufetes, consultores y otros profesionales que intervienen en los procesos de quiebra del Gobierno de Puerto Rico, seg\u00fan el m\u00e1s reciente informe anual de la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal (JSF).<\/p>\n

El documento estima que, para 2026, los costos llegar\u00e1n a $1,600 millones. Cuando la Oficina de Presupuesto Congresional estim\u00f3 los costos relacionados al proyecto de ley que eventualmente se convirti\u00f3 en la Ley PROMESA, que habilita la quiebra y sus gastos relacionados, dijo que en ese mismo periodo (2017 a 2026) el costo ser\u00edan $370 millones.<\/p>\n

Los $1,200 millones de costo real hasta ahora colocan la quiebra de la isla por encima de la quiebra m\u00e1s cara registrada hasta ahora, la de Lehman Holdings Inc. (2008), que cost\u00f3 $957 millones y reestructur\u00f3 una deuda de $613,000 millones. Tambi\u00e9n, la quiebra de Puerto Rico ha costado casi 10 veces lo que cost\u00f3 la quiebra de Detroit (2013), en la que se acumul\u00f3 una factura de $178 millones para reestructurar $6,400 millones.<\/p>\n

La JSF, -y sus abogados y consultores-, han consumido poco m\u00e1s de la mitad de lo gastado hasta ahora, unos $660.4 millones. A eso se suman $373 millones gastados por el gobierno, $160 millones por los comit\u00e9s de retirados y de acreedores no asegurados, $20.7 millones para el caso de COFINA y $3 millones para el equipo de mediaci\u00f3n. En el rengl\u00f3n de gastos de la JSF est\u00e1n las facturas de su consultor principal, McKinsey & Company, y de su representante legal, el bufete O’Neill & Borges. Ambas facturaciones est\u00e1n bajo fuego<\/a> por posible conflictos de inter\u00e9s a ra\u00edz de las divulgaciones que el Congreso orden\u00f3 realizar a los que cobran de los casos de quiebra a trav\u00e9s de la ley \u00abPuerto Rico Recovery Accuracy in Disclosures Act of 2021\u00bb (PRRADA).<\/p>\n

Aunque ya el grueso de la deuda de $70,000 millones est\u00e1 reestructurada, quedan la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportaci\u00f3n (ACT) y la de la Autoridad de Energ\u00eda El\u00e9ctrica (AEE), y ambas tienen controversias pendientes que auguran que seguir\u00e1 activa la m\u00e1quina de facturaci\u00f3n al pueblo de Puerto Rico.<\/p>\n

En la ACT, el gobierno est\u00e1 objetando una disposici\u00f3n del plan de ajuste propuesto por la Junta que resultar\u00eda en que se dividan las propiedades del gobierno relacionadas con transportaci\u00f3n. Aunque no es parte en el pleito, a la Autoridad de Transporte Integrado se le estar\u00eda ordenando quedarse con el Tren Urbano, una actividad severamente perdidosa. Mientras, una reformada ACT se quedar\u00eda con las carreteras y el Departamento de Transportaci\u00f3n y Obras P\u00fablicas, que tampoco es parte en este proceso de quiebras, estar\u00eda obligada a rendirle a la nueva ACT su control de las carreteras, con peaje o sin peaje. El gobierno sostiene que eso no es permisible bajo PROMESA.<\/p>\n

En la AEE, la jueza de quiebras Laura Taylor Swain recientemente concedi\u00f3 una extensi\u00f3n hasta un plazo m\u00e1ximo del 9 de septiembre para que el equipo de mediaci\u00f3n siga intentando desarrollar un m\u00e9todo consensuado, no adversarial, para ajustar la deuda de la corporaci\u00f3n p\u00fablica. En una moci\u00f3n oponi\u00e9ndose a la extensi\u00f3n, el Sistema de Retiro de Empleados de la Autoridad de Energ\u00eda El\u00e9ctrica (SREAEE) y la Uni\u00f3n de Trabajadores de la Industria El\u00e9ctrica y Riego, Inc. (UTIER) advirtieron a la jueza que la Junta estaba haciendo representaciones falsas cuando dec\u00eda que ellos hab\u00edan estado participando en la mediaci\u00f3n porque eso no hab\u00eda sucedido. El Comit\u00e9 de Acreedores no Asegurados levant\u00f3 una objeci\u00f3n similar a esta tambi\u00e9n.<\/p>\n

Adem\u00e1s, dentro de las deudas que ya tienen planes de ajuste, como la del gobierno central, pueden surgir encontronazos que pongan a correr la facturaci\u00f3n, como el actual entre la JSF y la Administraci\u00f3n Pierluisi Urrutia por la puesta en vigor de los recientes cambios a leyes laborales que revirtieron algunas disposiciones de la reforma laboral de 2017.<\/p>\n

Pobre proyecci\u00f3n para el \u00abdesarrollo econ\u00f3mico\u00bb mediante proyectos \u00abcr\u00edticos\u00bb<\/p>

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En otro \u00e1mbito de la Ley PROMESA, el de la facultad que tiene la JSF para provocar desarrollo econ\u00f3mico mediante la aceleraci\u00f3n de \u00abproyectos cr\u00edticos\u00bb con inversi\u00f3n privada, el informe confirma el continuo estado suspensi\u00f3n de esa gesti\u00f3n.<\/p>\n

Para el 2019, hab\u00edan 55 proyectos (representando $9,000 millones en inversi\u00f3n) que buscaban aprovecharse de esa facultad bajo el T\u00edtulo V de la Ley PROMESA, pero 80% eran relacionados a energ\u00eda as\u00ed que tuvieron que ser retirados de ese ‘fast track’ porque enfrentaban el requisito previo de tener un acuerdo de compra de energ\u00eda aprobado. Solo un proyecto complet\u00f3 el proceso, el controvertible condominio residencial Viewpoint que todav\u00eda no ha iniciado.<\/p>\n

Al notar que la entrada de fondos federales para trabajos de recuperaci\u00f3n por los huracanes ha minimizado las posibilidades de que un inversionista privado decida financiar proyectos con capital propio, la Junta expres\u00f3 preocupaci\u00f3n con que el gobierno pueda aprovechar esa oportunidad.<\/p>\n

La Junta apunt\u00f3 que, por sus propias observaciones o por las de los proponentes de proyectos de reconstrucci\u00f3n:<\/p>\n

-No se ha materializado el flujo de proyectos de infraestructura que se esperaba bajo el programa CDBG-DR.<\/p>\n

-Todav\u00eda el gobierno est\u00e1 buscando c\u00f3mo gerenciar efectivamente las propuestas.<\/p>\n

-Y el financiamiento p\u00fablico a trav\u00e9s de FEMA, CDBG u otros programas ha minimizado las propuestas de proyectos que vienen del sector privado.<\/p>\n

Para ver el informe anual, pulse aqu\u00ed.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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