El Departamento de Justicia (DJ) decidi\u00f3 no allanarse a la sentencia del juez superior Anthony Cuevas Ramos, quien concluy\u00f3 que no tiene capacidad para decidir sobre la petici\u00f3n de destituci\u00f3n de la delegada congresional Elizabeth Torres Rodr\u00edguez, y acudi\u00f3 al Tribunal de Apelaciones para pedir que se le ordene al juez decidir sobre la destituci\u00f3n.<\/p>\n
El 29 de abril pasado, Cuevas Ramos acogi\u00f3 la solicitud que someti\u00f3 Torres Rodr\u00edguez y desestim\u00f3 la demanda que hab\u00eda sometido el DJ para, amparado en la Ley para Crear la Delegaci\u00f3n Congresional de Puerto Rico, destituir a la delegada. El juez adujo que era una \u00abcuesti\u00f3n pol\u00edtica\u00bb que no era susceptible de resolverse en el tribunal.<\/p>\n
La petici\u00f3n de Justicia para establecer el poder otorgado en la ley para iniciar procesos de destituci\u00f3n contra delegados congresionales ocurre en momentos en que se est\u00e1 dando el movimiento congresional m\u00e1s significativo sobre el status de Puerto Rico en 30 a\u00f1os y la delegaci\u00f3n congresional, que se supone solo existe para empujar en el Congreso la resoluci\u00f3n del status de Puerto Rico, est\u00e1 totalmente al margen de los eventos.<\/p>\n
Justicia entiende que Torres Rodr\u00edguez incumple su obligaci\u00f3n de adelantar la resoluci\u00f3n del status de la isla, incumple con radicar los informes de progreso que le mandata la ley y ha expresado que est\u00e1 en contra de la propia ley que crea la delegaci\u00f3n, por lo cual, a\u00f1ade, el salario que se le paga ha perdido uso p\u00fablico y debe ser destituida. Los delegados tienen salario de $90,000 anuales y acceso a hasta $30,000 en reembolso de gastos.<\/p>\n
Si prevalece la sentencia de Cuevas Ramos, dice el escrito sometido al Apelativo el 27 de mayo pasado, \u00abtendr\u00edamos unos funcionarios que podr\u00edan simple y sencillamente violar la ley sin posibilidad alguna de intervenci\u00f3n judicial, convirtiendo as\u00ed a los delegados congresionales, por fiat judicial, en funcionarios p\u00fablicos intocables\u00bb. \u00abEn ese sentido, los principios de la doctrina de cuesti\u00f3n pol\u00edtica no pueden dar pie a lo irrazonable\u00bb, a\u00f1aden.<\/p>\n
El escrito admite que es una \u00abcontroversia novedosa\u00bb y adelanta un argumento de c\u00f3mo es que el tribunal est\u00e1 totalmente facultado por la ley a intervenir y decidir sobre una petici\u00f3n de destituci\u00f3n.<\/p>\n
\u00ab[B]ajo circunstancia alguna se le est\u00e1 solicitando al Tribunal que realice una evaluaci\u00f3n o an\u00e1lisis en cuanto a si las gestiones realizadas por la (delegada), si alguna, son buenas, malas, efectivas o exitosas para cumplir con lo que dispone la ley; mucho menos se le est\u00e1 solicitando que establezca o defina cu\u00e1les son los est\u00e1ndares bajo los cuales el Poder Ejecutivo debe evaluar el desempe\u00f1o de la se\u00f1ora Torres Rodr\u00edguez o alguno de los otros delegados. Esa evaluaci\u00f3n ya se dio por parte del Secretario de Justicia bajo los criterios que establece, precisamente, la legislaci\u00f3n. As\u00ed las cosas, lo \u00fanico que se est\u00e1 solicitando es que, c\u00f3nsono con la competencia establecida por el legislador, el foro judicial atienda el presente caso, eval\u00fae la evidencia que tenga a bien presentar el Gobierno y justiprecie si la determinaci\u00f3n inicial de incumplimiento realizada por el Secretario de Justicia es correcta y c\u00f3nsona con la legislaci\u00f3n aqu\u00ed concerniente\u00bb, indica el Gobierno de Puerto Rico en su petici\u00f3n.<\/p>\n
Para ver la petici\u00f3n de Justicia a Apelaciones, pulse aqu\u00ed.<\/p>\n
Vea:<\/p>\n
Para Justicia ser\u00eda \u00ababsurdo\u00bb mantener a Elizabeth Torres como delegada <\/a><\/p>\n