El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston rechaz\u00f3 la pretensi\u00f3n de la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal de que por \u00abinmunidad soberana\u00bb no ten\u00edan que someterse al derecho de acceso a la informaci\u00f3n reconocido bajo la Constituci\u00f3n del Estado Libre Asociado y entregar documentos sobre su gesti\u00f3n que le solicit\u00f3 el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).<\/p>\n
\u201cEn este caso, la Junta plante\u00f3 que, al amparo de la ley PROMESA, gozaba de inmunidad completa ante los reclamos del pueblo de acceso a la informaci\u00f3n en sus archivos. Mediante esta decisi\u00f3n, el Tribunal del Primer Circuito en Boston rechaz\u00f3 ese planteamiento que exalta la impunidad y el poder total de la Junta. Por fin un tribunal ha puesto freno a algunos de los abusos de la Junta. El pueblo de Puerto Rico tiene derecho a conocer lo que est\u00e1n haciendo sus gobernantes de facto. Felicitaciones al CPI por esta lucha y este logro tan importante\u201d, dijo Judith Berkan, que junto a Steven Lausell Recurt y a varios estudiantes de derecho, represent\u00f3 al CPI desde la Cl\u00ednica de Acceso a la Informaci\u00f3n de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.<\/p>\n
Hace cinco a\u00f1os que el CPI demand\u00f3 a la Junta para lograr acceso a varias categor\u00edas de informaci\u00f3n p\u00fablica, incluyendo sus comunicaciones con el Gobierno de Puerto Rico y el de los Estados Unidos.<\/p>\n
El juez del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Jay A. Garc\u00eda Gregory, emiti\u00f3 en 2018 una decisi\u00f3n a favor del CPI en la que determin\u00f3 que, como agencia del Gobierno de Puerto Rico, la Junta est\u00e1 obligada a cumplir con el derecho de acceso a la informaci\u00f3n bajo la Constituci\u00f3n de Puerto Rico. Aunque el CPI recibi\u00f3 algunos de los documentos, el proceso legal lleg\u00f3 al punto en que la Junta Fiscal apel\u00f3 al Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston para evitar entregar las comunicaciones que faltan sin justificar por qu\u00e9 no las entrega. En votaci\u00f3n dos a uno, el tribunal apelativo federal decidi\u00f3 a favor del CPI y en contra de la Junta.<\/p>\n
\u201cCada paso dado en el largo y dif\u00edcil camino de este caso ha resultado en el fortalecimiento y la expansi\u00f3n del derecho constitucional de acceso a la informaci\u00f3n que reconoci\u00f3 el Tribunal Supremo de Puerto Rico hace 40 a\u00f1os. Agradecemos el trabajo de nuestro equipo legal y de los amigos de la corte que nos acompa\u00f1an en esta gesta hist\u00f3rica que se mantiene como el triunfo m\u00e1s significativo de los derechos civiles ante las disposiciones de la Ley PROMESA y la Junta de Control Fiscal\u201d, dijo Oscar J. Serrano, cofundador y coordinador del Programa de Transparencia del CPI.<\/p>\n
En la decisi\u00f3n, escrita por la jueza Ojetta Rogeriee Thompson y apoyada por el juez William J. Kayatta, indican que: \u201cLos tipos de documentos que CPI busca obtener (como informes financieros y declaraciones relacionadas con la Junta y el Estado Libre Asociado, as\u00ed como comunicaciones entre la Junta y varias entidades) en nuestra opini\u00f3n, no tienen el mismo grado de sensitividad de seguridad nacional como los que la CIA requiere para llevar a cabo sus responsabilidades relacionadas a la seguridad nacional, cuya divulgaci\u00f3n \u00abrevelar\u00eda fuentes y m\u00e9todos de inteligencia\u201d.<\/p>\n
\u201cEstamos de acuerdo con el tribunal de distrito en que el Congreso manifest\u00f3 inequ\u00edvocamente su intenci\u00f3n de que la Junta pudiera ser demandada por \u00abcualquier acci\u00f3n… que surja de [PROMESA]\u00bb, pero s\u00f3lo en la corte federal. El Congreso fue inequ\u00edvocamente claro de que hab\u00eda remedios contemplados por violaciones constitucionales\u2026\u201d agrega la sentencia. La jueza Sandra L. Lynch disinti\u00f3.<\/p>
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