AAFAF nunca pudo dar datos que sirvieran siquiera para empezar a evaluar el impacto de la ley creada al final de la administraci\u00f3n de la exgobernadora Wanda V\u00e1zquez Garced.<\/i><\/p>\n
La Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal (JSF) notific\u00f3 que se quedar\u00e1 anulada la Ley 80 que prove\u00eda para un retiro temprano a ciertos empleados p\u00fablicos y, por tanto, se acaba la b\u00fasqueda de un mecanismo alterno para implantar alguna forma de retiro incentivado.<\/p>\n
La decisi\u00f3n, notificada por carta el viernes pasado, describe la \u201cdejadez\u201d del gobierno para cumplir con los t\u00e9rminos pactados en la negociaci\u00f3n y la incapacidad de proveer datos con los que se pudiera calcular el costo que esa ola de retiro tendr\u00eda en las arcas p\u00fablicas y los mecanismos para recuperar el dinero.<\/p>\n
La postura del gobierno ocurri\u00f3 a pesar de que la promesa de proteger la Ley 80, o buscarle una alternativa, fue central en el cabildeo de la Administraci\u00f3n Pierluisi para lograr el voto de la Legislatura a favor de la legislaci\u00f3n habilitadora del Plan de Ajuste de la Deuda. Espec\u00edficamente, el voto del senador novoprogresista Gregorio Mat\u00edas Rosado, quien prometi\u00f3 a los polic\u00edas mejorarles su retiro a trav\u00e9s de esta legislaci\u00f3n, o su alternativa.<\/p>\n
La Ley 80, y las leyes complementarias 81 y 82, son objeto de discusi\u00f3n entre la JSF y la Autoridad de Asesor\u00eda Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) desde fines de 2020. Pero, m\u00e1s espec\u00edficamente, los \u00faltimos cuatro meses las conversaciones se realizaron bajo una orden de la jueza de quiebras Laura Taylor Swain. Originalmente, la orden era producir una soluci\u00f3n en 45 d\u00edas, pero el plazo fue pospuesto.<\/p>\n
\u00abEl esfuerzo ha sido futil. La orden (de la jueza) requer\u00eda que el gobierno se enfrascara en un ejercicio fiscalmente responsable de determinar los costos reales de implantar la Ley 80 y para identificar, si posible, ahorros por encima de los ahorros requeridos en el Plan Fiscal. A la fecha, el gobierno ha fallado en proveer la informaci\u00f3n y el an\u00e1lisis necesario para concluir si la Ley 80 puede realmente generar ahorros\u00bb, concluy\u00f3 en la carta el abogado de la JSF, Jaime A. El Koury.<\/p>\n
Seg\u00fan lo describe El Koury, la conversaci\u00f3n no pas\u00f3 de la cr\u00edtica primera base porque el gobierno dijo que 11,000 empleados en 150 agencias hab\u00edan notificado su intenci\u00f3n de aprovechar la ley, pero AAFAF nunca pudo proveer datos para m\u00e1s de 1,100 empleados en siete agenias.<\/p>\n
A\u00fan los datos de los 1,100 estaban llenos de huecos porque los c\u00e1lculos de costo estaban basados en presunciones especulativas que no inclu\u00edan la identidad de los empleados que se transferir\u00edan para llenar la posici\u00f3n de los retirados, los salarios reales, los beneficios acumulados reales, la agencia donde est\u00e1n actualmente ni el efecto que tendr\u00eda en sus agencias actuales las transferencias de esos empleados.<\/p>\n
La determinaci\u00f3n de dejar las leyes anuladas se comunicar\u00eda pr\u00f3ximamente a la jueza Swain mediante moci\u00f3n conjunta de la JSF y el gobierno.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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