Una solicitud de certiorari presentada ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico provoc\u00f3 una opini\u00f3n disidente que cuestiona la postura de la jueza presidenta, Maite Oronoz Rodr\u00edguez, en un caso en el que se discute la salud de un testigo y su condici\u00f3n para testificar presencialmente.<\/p>\n
La coyuntura discutida comenz\u00f3 en 2018, cuando se acus\u00f3 a Johny P\u00e9rez N\u00fa\u00f1ez por asesinato en primer grado, destrucci\u00f3n de pruebas, y por apuntar y disparar un arma de fuego. El caso tiene como testigo a Jimmy Bonilla Torres, quien presenci\u00f3 el alegado asesinato y testific\u00f3 durante el proceso de vista preliminar y vista preliminar en alzada, este \u00faltimo donde se concluy\u00f3 radicar cargos por asesinato en primer grado contra P\u00e9rez N\u00fa\u00f1ez.<\/p>\n
Como muchos otros procesos judiciales, este se vio interrumpido por la pandemia de covid-19. Pero una vez pautado el juicio, el Ministerio P\u00fablico radic\u00f3 una solicitud para que Bonilla Torres testificara mediante videoconferencia bajo circuito cerrado. La defensa de P\u00e9rez N\u00fa\u00f1ez objet\u00f3 la solicitud aludiendo al derecho a la confrontaci\u00f3n, y el Tribunal de Primera Instancia, tras evaluar el expediente m\u00e9dico del testigo, quien sufri\u00f3 un episodio card\u00edaco dos semanas despu\u00e9s de presenciar el crimen, y adem\u00e1s se mud\u00f3 a Texas, determin\u00f3 \u00abno ha lugar a la solicitud\u00bb.<\/p>\n
La misma determinaci\u00f3n de no permitir al testigo testificar a distancia fue concluida por el Tribunal de Apelaciones, que adem\u00e1s no concedi\u00f3 una petici\u00f3n de reconsideraci\u00f3n.<\/p>\n
El Tribunal Supremo de Puerto Rico se expres\u00f3 en la misma l\u00ednea; y la jueza presidenta Oronoz Rodr\u00edguez dej\u00f3 establecido en su opini\u00f3n sobre el caso que no ten\u00eda la intenci\u00f3n de \u00abintervenir con los foros inferiores\u00bb.<\/p>\n
\u00abEl Ministerio P\u00fablico no pudo probarle al Tribunal de Primera Instancia, organismo que escuch\u00f3 y examin\u00f3 el testimonio, la existencia de un cuadro complejo de salud f\u00edsica del se\u00f1or Bonilla Torres, ni la probabilidad real de agravamiento de su condici\u00f3n preexistente al participar presencialmente en el juicio o la probabilidad individual o particularizada de que se infecte con el covid-19 por raz\u00f3n del viaje\u00bb, apunt\u00f3 la togada.<\/p>\n
\u00abEste foro no puede caer en la tentaci\u00f3n de sustituir el criterio m\u00e9dico cre\u00eddo en el Tribunal de Primera Instancia para llegar a una conclusi\u00f3n predeterminada. Por creer en un debido proceso de ley justo para todas las partes y por entender que la determinaci\u00f3n cae dentro de la discreci\u00f3n del juzgador o juzgadora y que fue razonable al amparo de los hechos probados y el derecho aplicable, estoy conforme con el proceder de esta Curia\u00bb, agreg\u00f3.<\/p>\n
Pero el juez asociado Egardo Rivera Garc\u00eda discrep\u00f3 sobre la referencia de Oronoz Rodr\u00edguez a \u00abun proceso de ley justo\u00bb.<\/p>\n
\u00ab[D]desde mi \u00f3ptica del significado de justicia, y el orden de prelaci\u00f3n y preminencia de los derechos que deben regir en nuestro ordenamiento constitucional, no tengo duda que salvaguardar la vida de una persona es el de m\u00e1s alta jerarqu\u00eda y comprende, adem\u00e1s, nuestro deber ministerial\u00bb, sentenci\u00f3 Rivera Garc\u00eda.<\/p>\n
El togado agreg\u00f3 el basto expediente del caso, en el que se hace constar que el testigo tuvo que ser intervenido quir\u00fargicamente el 26 de septiembre de 2018, dos semanas despu\u00e9s de presenciar el crimen; y que el m\u00e9dico que lo atiende, el Dr. Amhed Ibrahim, en su criterio m\u00e9dico experto se\u00f1al\u00f3 que el hombre \u00abno debe exponerse a eventos y situaciones de alto estr\u00e9s ya que la tensi\u00f3n y ansiedad podr\u00edan empeorar su condici\u00f3n card\u00edaca y resultar en una muerte s\u00fabita\u00bb.<\/p>\n
Sobre el derecho a la confrontaci\u00f3n, el juez Rivera Garc\u00eda record\u00f3 que en el caso Maryland v. Craig, la Corte Suprema respondi\u00f3 la interrogante que se hab\u00eda reservado en Coy v. Iowa, supra \u00aby, en efecto, determin\u00f3 tajantemente que la cl\u00e1usula de confrontaci\u00f3n no le garantiza a los acusados un derecho absoluto de estar cara a cara con los testigos que declaren en su contra en un juicio\u00bb.<\/p>\n
A la opini\u00f3n de Rivera Garc\u00eda se unieron los jueces Roberto Feliberti Cintr\u00f3n y Mildred Pab\u00f3n Charneco.<\/p>\n