La Contralor\u00eda de Puerto Rico emiti\u00f3 el mi\u00e9rcoles, una opini\u00f3n cualificada de las operaciones fiscales de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) relacionadas con los contratos de servicios profesionales y consultivos sin mediar contratos, y la falta de controles en la compra de combustible.<\/p>\n
De la muestra examinada se hall\u00f3 el pago de $2,732,221 a una corporaci\u00f3n privada por servicios de telecomunicaciones del 31 de marzo al 22 de mayo de 2018 sin contrato. Adem\u00e1s, la OGP pag\u00f3, $68,200 por concepto de arrendamiento a una corporaci\u00f3n privada para almacenar la propiedad de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales entre 2017 y 2018, sin que mediara contrato alguno.<\/p>\n
La auditor\u00eda de cuatro hallazgos se\u00f1ala que la OGP pag\u00f3 tambi\u00e9n $64,450 a un contratista, en exceso a la cantidad m\u00e1xima establecido en el contrato y la enmienda de $580,000. Los servicios contratados eran para obtener asistencia relacionada con la implementaci\u00f3n de la metodolog\u00eda de Presupuesto Base Cero para todo el gobierno. Una situaci\u00f3n similar se hab\u00eda comentado en el Informe de Auditor\u00eda DA-12-33 del 24 de octubre de 2011.<\/p>\n
Los auditores de la Contralor\u00eda determinaron la falta de controles en la compra de combustible tales como la ausencia de una lista de los nombres de las personas autorizadas a comprar combustible, relaci\u00f3n de los veh\u00edculos oficiales de la OGP, y la corroboraci\u00f3n de firmas y n\u00fameros de licencia de conducir de las personas autorizadas, entre otras. Estas situaciones contrarias a la reglamentaci\u00f3n vigente, pudo haber propiciado el uso indebido de fondos p\u00fablicos.<\/p>\n
Contrario a la Ley 75-2019, Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service, la OGP formaliz\u00f3 tres contratos de tecnolog\u00eda de informaci\u00f3n en el 2019, sin haber sido evaluados ni recomendado por la Oficina del Puerto Rico Innovation and Technology Services (PRITS). Esta situaci\u00f3n priv\u00f3 al PRITS de evaluar y determinar si estaban de acuerdo con la pol\u00edtica p\u00fablica del Gobierno y si no duplicaba costos de operaci\u00f3n.<\/p>\n
La OGP no remiti\u00f3 los informes requeridos en la Ley 66-2014, Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y en la Ley 3-2017, Ley para Atender la Crisis Econ\u00f3mica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Financiamiento del Gobierno de Puerto Rico que, entre otras, establecieron una reducci\u00f3n de no menos del 10 por ciento del gasto anual en servicios comprados o profesionales en cada entidad de la Rama Ejecutiva. La C\u00e1mara de Representantes certific\u00f3 en el 2019, que recibi\u00f3 el 33 por ciento de los informes, el Senado el 67 por ciento y la Oficina del Gobernador no contaba con evidencia de ninguno de los informes para la fecha.<\/p>\n
Este informe cubre el periodo del 1 de enero de 2015 al 28 de febrero de 2021, y est\u00e1 disponible en www.ocpr.gov.pr.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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