La Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores (SEC, en ingl\u00e9s) mult\u00f3 por $18 millones a una subsidiaria de McKinsey & Co., el principal consultor de la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal (JSF), por aprovechamiento il\u00edcito de informaci\u00f3n, incluyendo en el caso de la quiebra de Puerto Rico.<\/p>\n
Sin aceptar responsabilidad, la compa\u00f1\u00eda MIO Partners Inc. pag\u00f3 el monto de la multa, inform\u00f3 hoy mediante comunicado la SEC. La multa es por $18 millones, McKinsey ha cobrado $150 millones por su asesor\u00eda a la Junta en la quiebra y MIO ten\u00eda $31,000 millones en activos a diciembre 2020.<\/p>\n
El \u00fanico negocio de MIO es ofrecerle opciones de inversi\u00f3n a ejecutivos, y exejecutivos, de McKinsey. Pero la SEC encontr\u00f3 que, en ese ejercicio no hay ning\u00fan mecanismo para prevenir e impedir que la informaci\u00f3n privilegiada que los ejecutivos obten\u00edan en el negocio de consultor\u00eda a distintos tipos de clientes la usaran para tomar acciones a trav\u00e9s de MIO que maximizaran sus inversiones. El viceversa tambi\u00e9n aplicaba, que las decisiones de inversi\u00f3n hechas a trav\u00e9s de MIO influenciaran la consultor\u00eda que daban a clientes.<\/p>\n
El \u00e1mbito de la investigaci\u00f3n de la SEC cubre de 2015 a 2020 y la agencia resalt\u00f3 varios casos de abuso de sus posiciones, incluyendo dos que implican a Puerto Rico.<\/p>\n
\u00ab[E]n enero y febrero de 2017, MIO ten\u00eda inversiones en bonos de Puerto Rico a la misma vez qye McKinsey prove\u00eda consultor\u00eda de restructuraci\u00f3n de deuda (a la JSF), la entidad encargada de encabezar la recuperaci\u00f3n financiera de Puerto Rico. Durante este periodo de tiempo, el Comit\u00e9 de Inversiones (de MIO), que inclu\u00eda a socios activos de McKinsey con acceso a informaci\u00f3n confidencial de los clientes de McKinsey, ten\u00eda el poder, (a trav\u00e9s del Comit\u00e9 de Inversiones), de supervisar las inversiones directas de MIO, incluyendo la venta de casi $1 mill\u00f3n en bonos de Puerto Rico. M\u00e1s a\u00fan, adicional a las inversiones directas de MIO en Puerto Rico, la empresa ten\u00eda tambi\u00e9n inversiones en la deuda de Puerto Rico a trav\u00e9s de sus cuentas manejadas externamente y otros fondos manejados por terceras personas, por lo menos hasta junio de 2017\u00bb, detalla la orden de la SEC. Este conflicto tambi\u00e9n hab\u00eda sido resaltado por el Centro de Periodismo Investigativo.<\/p>\n
\u00ab[E]ntre octubre de 2015 y junio de 2017, los fondos de MIO manejados por terceras personas, incluyendo ciertas cuentas manejadas externamente, compr\u00f3 y vendi\u00f3 instrumentos de inversi\u00f3n de Alpha Natural Resources, Inc., SunEdison, Inc. y el Gobierno de Puerto Rico. Al momento de esas transacciones, ciertos miembros del Comit\u00e9 de Inversiones (de MIO) ten\u00edan acceso a informaci\u00f3n confidencial de estos emisores\u00bb, a\u00f1ade.<\/p>\n
Al explicar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la ilegalidad de la conducta de McKinsey a trav\u00e9s de MIO, la SEC explic\u00f3 que \u00abpermitir que socios activos de McKinsey, individuos con acceso a informaci\u00f3n confidencial de emisores en los que estaban invertidos fondos de MIO, supervisaran o monitorearan las decisiones de inversi\u00f3n de MIO present\u00f3 un riesgo continuo de mal uso de informaci\u00f3n confidencial de los clientes (de McKinsey)\u00bb.<\/p>\n
El tipo de informaci\u00f3n a la que ten\u00edan acceso, y que les presentaba una ventaja para decisiones sobre inversiones, abarca resultados financieros, preparaci\u00f3n de radicaciones de solicitudes de quiebra, consolidaciones y adquisiciones, programaci\u00f3n de desarrollo de productos y de esfuerzos de financiamiento, y cambios significativos en la gerencia.<\/p>\n
Por su consultor\u00eda a la Junta, McKinsey cobra una tarifa fija que su contrato m\u00e1s reciente, vigente hasta el a\u00f1o que viene, coloca en $198,750 mensuales. En el contrato, McKinsey le representa a la Junta que actualmente MIO no persigue ninguna estrategia de inversi\u00f3n relacionada con la deuda de Puerto Rico y se obliga a notificarle a la Junta de cualquier \u00abconexi\u00f3n directa\u00bb de MIO con las partes de inter\u00e9s en el caso, que son todas las instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico y las dem\u00e1s partes y acreedores que intervienen en el proceso de quiebra. Estos son cientos de entidades e individuos.<\/p>\n
Esta no es la primera acci\u00f3n regulatoria que ha tomado el Gobierno de los Estados Unidos con McKinsey. En julio de 2019, un informe de inspector general estableci\u00f3 deficiencias en el contrato est\u00e1ndar de la firma con el gobierno federal que pudieron costarle $69 millones al fisco de los Estados Unidos.<\/p>\n
Tan reciente como en las vistas de confirmaci\u00f3n del Plan de Ajuste de la Deuda que prosiguen ante la jueza Laura Taylor Swain, el trabajo de McKinsey qued\u00f3 en entredicho cuando, como parte de un interrogatorio, uno de sus ejecutivos admiti\u00f3 que emitieron certificaciones usando datos que la Junta les prove\u00eda, pero que ellos no corroboraban o certificaban de manera independiente.<\/p>\n
Para ver la orden de la SEC, pulse aqu\u00ed.<\/p>\n
Vea:<\/p>\n
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