El primer d\u00eda de evaluaci\u00f3n del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) qued\u00f3 marcado por la retirada de integrantes del grupo opositor, que llegaron a acuerdos de \u00faltima hora con la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal (JSF), dejando en el bando contrario a maestros, cooperativas, jueces y otros acreedores que entienden no est\u00e1n recibiendo lo justo dentro de la distribuci\u00f3n de los recursos presentes y futuros del Gobierno de Puerto Rico.<\/p>\n
El principal opositor es el abogado Peter C. Hein, quien se representa por derecho propio y pertenece a la clase de acreedores compuesta por aquellos que compraron bonos de Puerto Rico a t\u00edtulo individual, distinto a los acreedores institucionales que compraron en nombre de otros. Pero, incluso, la mayor\u00eda de los miembros de la clase a la que pertenece Hein que votaron lo hicieron a favor de confirmar el plan.<\/p>\n
\u00ab[E]l requerimiento de confirmaci\u00f3n (del Plan) existe sin importar la votaci\u00f3n de las clases\u00bb, contest\u00f3 a la jueza de quiebras Laura Taylor Swain cuando le pregunt\u00f3 su opini\u00f3n sobre si el hecho de que su clase vot\u00f3 a favor del PAD debe limitar de alguna forma la capacidad de presentaci\u00f3n de argumentos y evidencia que pueda tener durante la vista de confirmaci\u00f3n. De esta manera, Hein recalc\u00f3 que, si bien el nivel de votaci\u00f3n de las clases es un criterio, y hasta ahora hay 57 de 71 clases de acreedores a favor del plan, la Ley PROMESA impone a la jueza la evaluaci\u00f3n independiente de m\u00faltiples factores antes de poder otorgar su confirmaci\u00f3n al PAD.<\/p>\n
Ese proceso de evaluaci\u00f3n ocurrir\u00e1 espec\u00edficamente desde el mi\u00e9rcoles, cuando inicie el desfile de testigos con la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko. Ayer solo se vertieron para el r\u00e9cord los argumentos iniciales de las partes y hoy est\u00e1 reservado para que 25 ciudadanos pueden expresarse ante Swain sobre el PAD. La jueza indic\u00f3 que los 25 fueron seleccionados aleatoriamente de \u00abcientos\u00bb que pidieron participar y que le grupo incluye retirados, bonistas y empleados activos del gobierno.<\/p>\n
La posici\u00f3n de Hein es que debe prevalecer el orden de la Constituci\u00f3n de Puerto Rico sobre el pago de la deuda y que tiene a los bonistas como los primeros que cobran por encima de todos los dem\u00e1s. Sus argumentos iniciales fueron una exposici\u00f3n de distintos ejemplos en los que este proceso ha resultado en recortes a los bonistas y tratamiento favorable a grupos que no deber\u00edan tenerlo, como los pensionados, cuya deuda es no asegurada. \u00ab\u00bfC\u00f3mo un gobierno con $25,000 millones en efectivo puede pedir que se le exima de pagar su deuda?\u00bb, plante\u00f3 el bonista al contestarse a s\u00ed mismo que, en parte es porque cree que al gobierno no se le ha exigido realmente que demuestre su insolvencia.<\/p>\n
\u00abPuerto Rico podr\u00eda pagar todas sus deudas hasta ahora y le quedar\u00eda dinero en el banco\u00bb, apuntal\u00f3 a la vez que cit\u00f3 a Alexander Hamilton, la figura hist\u00f3rica m\u00e1s citada en los argumentos iniciales, para recordar que los estados que pagan su deuda \u00abson respetados e inspiran confianza\u00bb, pero que los que no, no.<\/p>\n
Hein qued\u00f3 como el principal opositor, el m\u00e1s activo que ha estado durante el proceso de m\u00e1s de cuatro a\u00f1os que lleva la quiebra y la confecci\u00f3n de un plan de ajuste que, curiosamente, tuvo su disparo de salida, y aparentemente su resoluci\u00f3n final, con el mismo tema: los pensionados. Fue el Comit\u00e9 Oficial de Retirados (COR) el primer grupo que suscribi\u00f3 un acuerdo con la Junta para apoyar la primera versi\u00f3n del PAD el 7 de junio de 2019 y es la Ley 53, del 26 de octubre pasado, la que hizo que el gobierno retirara su oposici\u00f3n al Plan, a pesar de que la Junta solo incorpor\u00f3 las partes de la ley que eliminan todo recorte a los retirados, pero no las partes que buscaban proteger las condiciones de retiro de empleados activos.<\/p>\n
Los dos grupos que m\u00e1s ped\u00edan protecci\u00f3n en los cambios de sus miembros activos en el gobierno eran los maestros y jueces, pero, en su retiro de oposici\u00f3n, el gobierno directamente los deja a la merced del tribunal. \u00ab[La Ley 53] no atiende el potencial congelamiento de las pensiones ni la eliminaci\u00f3n de los ajustes por costo de vida (COLA en ingl\u00e9s); si esas disposiciones son leg\u00edtimas es un asunto que el tribunal debe decidir en los pr\u00f3ximos d\u00edas en el contexto de las objeciones presentadas por las uniones de maestros y jueces, respectivamente. El Gobierno cree que ambas uniones deben ser escuchadas por el tribunal con respecto a los asuntos levantados en sus objeciones\u00bb, propuso la Administraci\u00f3n Pierluisi en la moci\u00f3n que sometieron el s\u00e1bado para retirar su oposici\u00f3n y en la que se reservan hasta ma\u00f1ana para presentar cualquier objeci\u00f3n que les surja con las modificaciones que la Junta estuvo haciendo al PAD hasta el domingo en la noche.<\/p>\n
El gobierno no tiene poder intervenir en el caso de quiebras como una parte separada de la Junta ya que es el ente fiscal el que lo representa oficialmente, pero tiene capacidad de hacer argumentos persuasivos a la jueza que, al cabo de lo que el abogado del gobierno llam\u00f3 un \u00abmarat\u00f3n\u00bb de 1,650 d\u00edas, result\u00f3 ser a favor de la confirmaci\u00f3n del PAD.<\/p>\n
Adem\u00e1s de desmontar al gobierno de la guagua de la oposici\u00f3n, entre el fin de semana y el receso de almuerzo del primer d\u00eda de la vista, la Junta desmont\u00f3 a otros tres opositores: el frente compuesto por U.S. Bank Trust National Association y U.S. Bank National Association y las partes relacionadas a los activos que quedan de lo que era el Banco Gubernamental de Fomento (AmeriNational Community Services, LLC y Cantor-Katz Collateral Monitor LLC). PFZ Properties, Inc. se retir\u00f3 del turno que hab\u00edan reclamado para hacer argumentos de apertura.<\/p>\n
En su turno de oposici\u00f3n, un grupo de cooperativas reclam\u00f3 que el proceso de quiebras est\u00e1 siendo usado por el gobierno para encubrir los actos ilegales que entienden ocurrieron cuando la Administraci\u00f3n Fortu\u00f1o indujo a las cooperativas a comprar deuda de gobierno de Puerto Rico, que ya se sab\u00eda ten\u00eda problemas financieros. Tanto las cooperativas como Suiza Dairy, Mapfre, Finca Matilde, Inc. y Sucesi\u00f3n Pastor Mandry Mercado presentan variaciones de un mismo tema: son v\u00edctimas de acciones que realiz\u00f3 el gobierno y que resultaron en una incautaci\u00f3n de su propiedad privada sin que se les compensara adecuadamente.<\/p>\n
\u00abLos maestros son trabajadores esenciales\u00bb y la educaci\u00f3n est\u00e1 protegida en la Constituci\u00f3n de Puerto Rico, reclam\u00f3 por su parte el abogado de la Asociaci\u00f3n de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Jos\u00e9 Luis Barrios. A\u00f1adi\u00f3 que la implantaci\u00f3n del Plan como est\u00e1 ahora podr\u00eda provocar la renuncia de unos 5,000 educadores y que el congelamiento del sistema para los maestros activos, que no es otra cosa que el plan de retiro les cambia de beneficios definidos a aportaci\u00f3n definida, coloca a este grupo por debajo del nivel de pobreza cuando se retiren de una empleo que, en promedio, les paga ahora $1,750 al mes.<\/p>\n
Los maestros han tenido un devenir torcido en el proceso de quiebras. En dos ocasiones, 2019 y en septiembre de 2021<\/a>, rechazaron aprobar negociaciones que los hubieran dejado dentro del grupo de pensionados protegidos por el Plan. En la primera ocasi\u00f3n, rechazaron el acuerdo al que lleg\u00f3 el Comit\u00e9 de Retirados y, en la m\u00e1s reciente, no aceptaron una negociaci\u00f3n que les hubiera concedido los mismos beneficios que cobijaran a los dem\u00e1s pensionados. El resultado es que, con el entendido de la Junta y el Gobierno en la Ley 53, ning\u00fan pensionado recibe recortes pero todav\u00eda est\u00e1n vigentes los cambios a los planes y condiciones de retiro para los empleados activos.<\/p>\n Dos uniones, la Service Employees International Union (SEIU) y la United Auto Workers (UAW), intervinieron a trav\u00e9s del licenciado Peter D. DeChiara, quien opin\u00f3 que el Plan era \u00abdemasiado generoso para los bonistas acreedores) y que dejar\u00eda a la isla con m\u00e1s deuda per c\u00e1pita que la mayor\u00eda de los estados, a\u00fan con el descuento de la deuda. Por otro lado, consign\u00f3 que la UAW tiene objeciones a la Ley 53 similares a la del gobierno, pero no han terminado su revisi\u00f3n del estatuto para comunicar si van a presentar objeci\u00f3n o no.<\/p>\n Mientras Swain no haya emitido su posici\u00f3n, la Junta puede seguir sometiendo modificaciones al Plan, siempre y cuando no se le cambien condiciones unilateralmente a los acreedores que ya lo apoyan. Las vistas est\u00e1n pautadas hasta el 23 de noviembre.<\/p>\n Vea:<\/p>\n M\u00e1s de 200 personas llegan al Tribunal Federal para protestar por el Plan de Ajuste de la Deuda <\/a><\/p>\n Plan de Ajuste de la Deuda ante jueza Swain; as\u00ed puedes seguir las incidencias <\/a><\/p>\n