El Tribunal Supremo mantiene bajo evaluaci\u00f3n una solicitud de la Sociedad de Asistencia Legal (SAL), entidad que defiende a la mayor\u00eda de los acusados criminales indigentes en el pa\u00eds, para que reconsideren su determinaci\u00f3n reciente de que de la misma forma que una nueva regla federal requiere veredicto un\u00e1nime para condenar a una persona, tambi\u00e9n lo requiere para absolverlo.<\/p>\n
La decisi\u00f3n del Supremo en Pueblo v. Centeno, emitida el 9 de septiembre pasado por voz del juez asociado Erick Kolthoff Caraballo, est\u00e1 percolando a las salas de los tribunales del pa\u00eds donde ahora los jueces se enfrentan con la posibilidad de que, si la mayor\u00eda de un jurado emite un veredicto absolutorio, no se lo pueden aceptar y tienen que, o enviarlos otra vez a deliberar hasta que regresen con un veredicto un\u00e1nime, o decretar el juicio nulo y encaminar el caso a un nuevo juicio.<\/p>\n
Los argumentos en contra de esta visi\u00f3n del Supremo se sustentan en que, si bien para condenar a alguien se requiere un convencimiento m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable, para absolverlo no porque el acusado disfruta de una presunci\u00f3n de inocencia que no se puede tornar m\u00e1s pesada al exigirle un veredicto de culpabilidad para absolverlo.<\/p>\n
Pero el caso tambi\u00e9n empieza a tener otras ramificaciones, como se ha mostrado en los procesamientos de Pablo Casellas Toro, por asesinato de su esposa, y del exalcalde de Guaynabo, H\u00e9ctor O\u2019Neill, por delitos sexuales y violaci\u00f3n a la Ley de \u00c9tica, en los que se ha argumentado que, por ser casos que ya estaban comenzados cuando el Supremo emiti\u00f3 su determinaci\u00f3n, no debe aplicarle esa regla nueva, sino la vieja. Ya el Supremo descart\u00f3 esa solicitud en cuanto a O\u2019Neill, pero en el caso de Casellas Toro, una jueza tiene la solicitud bajo evaluaci\u00f3n.<\/p>\n
En su solicitud de reconsideraci\u00f3n del 22 de septiembre, la SAL enfatiz\u00f3 que en las discusiones dentro de la Asamblea Constituyente para la redacci\u00f3n de la Constituci\u00f3n de Puerto Rico hay planteamientos de que todo lo relativo a la instituci\u00f3n del jurado, particularmente el n\u00famero de personas y la forma de los veredictos, no debi\u00f3 ser materia constitucional sino de legislaci\u00f3n. Tambi\u00e9n, que en la discusi\u00f3n de la Carta de Derechos durante ese mismo proceso, las discusiones sobre los veredictos se daban usando la conjunci\u00f3n \u201co\u201d y no la \u201cy\u201d, por lo que, argumentan, est\u00e1n separados y son distintos los conceptos de veredicto condenatorio y veredicto absolutorio. Esto se presenta como contrapunto al razonamiento del Supremo de que la Constituci\u00f3n requiere que a ambos veredictos les aplique lo mismo para guardar \u201csimetr\u00eda\u201d.<\/p>\n
\u201cEn el esquema constitucional estadounidense solo el Congreso federal puede cambiar sus leyes o partes de estas, o el Tribunal Supremo federal puede declarar inconstitucional una ley en todo o en parte. No obstante, ninguna rama de gobierno territorial puede derogar parte de nuestra Constituci\u00f3n, la cual es una ley del Congreso de los Estados Unidos. Por lo tanto, muy respetuosamente sostenemos que la determinaci\u00f3n tomada en el caso de ep\u00edgrafe violent\u00f3 la Constituci\u00f3n y el esquema constitucional de Estados Unidos al anular parte de la Constituci\u00f3n del Estado Libre Asociado\u201d, concluye el escrito.<\/p>\n
La decisi\u00f3n de Pueblo v. Centeno fue 5 a 3, por lo que por lo menos dos jueces tendr\u00edan que reconsiderar su voto para revertirla.<\/p>\n
Vea:<\/p>\n