El Seguro de Ingreso Suplementario (SSI en ingl\u00e9s) es uno de los pocos programas de beneficiencia que tiene un car\u00e1cter nacional, no depende de aportaciones de los estados y los criterios de elegibilidad no consideran d\u00f3nde vive la persona sino de su condici\u00f3n m\u00e9dica y econ\u00f3mica, por lo que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos debe sostener las decisiones de tribunales inferiores que decretaron la aplicabilidad del programa a la isla.<\/p>\n
Con este argumento, 37 profesores especialistas en programas de beneficiencia del Gobierno de los Estados Unidos recurrieron ayer al Tribunal Supremo como amigos de la corte para urgir que termine el discrimen con los ciudadanos estadounidenses que, por solo residir en Puerto Rico, no tienen acceso al SSI.<\/p>\n
Se trata de la argumentaci\u00f3n de mayor peso t\u00e9cnico en una avalancha de comparecencias de amigos de la corte que, hasta el martes, sumaban 25, todas a favor de que se sostenga la decisi\u00f3n del Primer Circuito de Apelaciones en el caso US v. Vaello Madero, que decret\u00f3 la aplicaci\u00f3n del SSI a los residentes de Puerto Rico.<\/p>\n
El mi\u00e9rcoles, el Supremo se\u00f1al\u00f3 la vista de argumentaci\u00f3n oral en el caso para el pr\u00f3ximo 9 de noviembre.<\/p>\n
Los argumentos de los profesores podr\u00edan proveer a los jueces del Supremo federal un argumento m\u00e1s administrativo y menos cercano al status pol\u00edtico para sostener la aplicaci\u00f3n del SSI y, como se espera, que a trav\u00e9s de una extensi\u00f3n del SSI llegue la paridad tambi\u00e9n de la aplicaci\u00f3n de otros programas de beneficiencia federal a los territorios. Se estima que al menos 350,000 residentes de la isla se podr\u00edan beneficiar del SSI.<\/p>\n
La lucha ante el Supremo es un lado de la moneda del tema, el otro es que el presidente Joseph Biden, quien no retir\u00f3 la impugnaci\u00f3n judicial a la extensi\u00f3n de la aplicaci\u00f3n de los programas, solicit\u00f3 al Congreso en su petici\u00f3n presupuestaria que extienda a los territorios la aplicaci\u00f3n de los programas, o por lo menos de SSI, Medicaid y el programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).<\/p>\n
\u201cEl prop\u00f3sito del SSI era crear un programa \u2018totalmente federal\u2019 y nacionalizar los est\u00e1ndares de elegibilidad y beneficios, empoderando as\u00ed a que las personas con discapacidades prosigan con sus vidas en un \u00e1mbito nacional, libres de la interferencia de los estados o de fronteras territoriales\u201d, dijeron los profesores.<\/p>\n
\u201cEl esquema nacional del SSI refleja la noci\u00f3n fundamental, abrazada por el Congreso y este tribunal, de que las personas con discapacidades tienen derecho a llevar vidas dignas no importa d\u00f3nde vivan\u2026 Todo el punto de la ayuda por discapacidad es proveer un m\u00ednimo de apoyo para asegurar que las personas con discapacidades no se queden atr\u00e1s y lleven vidas dignas no importa d\u00f3nde vivan\u201d, a\u00f1adieron.<\/p>\n
Al atender algunos argumentos del gobierno federal en contra de la aplicaci\u00f3n del SSI a la isla, como el costo que representar\u00eda para el fisco federal, los profesores hicieron un repaso de las formas en que m\u00faltiples programas federales tratan a los territorios y encontraron que, los m\u00e1s importantes, lo que requiere son ajustes menores para llegar a la paridad. \u201cLa paridad en la provisi\u00f3n de beneficios p\u00fablicos, entonces, puede que no sea tan amplia y disruptiva como sugiere el gobierno federal\u201d, opinaron.<\/p>\n
Por otro lado, recordaron que cada persona que se beneficia de los programas puede sufrir giros positivos que le cambian la vida. \u201cLos niveles de privaci\u00f3n son altos en los territorios. Tomados en conjunto, la gente de los territorios sufre de los niveles de desempleo m\u00e1s altos, los ingresos medianos y per c\u00e1pita m\u00e1s bajos y los est\u00e1ndares de vida m\u00e1s bajos de todos los ciudadanos estadounidenses\u2026 El costo humano es impresionante: la tasa de pobreza (en Puerto Rico) era 43.1% en 2018, empeque\u00f1eciendo la tasa de 13.1% a nivel nacional\u201d, apuntaron.<\/p>\n
Adem\u00e1s de los profesores, comparecieron como amigos de la corte la National Disabilities Rights Network, que aboga por los servicios para personas con discapacidad y que se\u00f1alaron que los argumentos del gobierno federal en contra de la paridad son fundamentalmente discriminatorios e impermisibles. \u201c(El gobierno) adelanta una forma nueva, marginalmente m\u00e1s cort\u00e9s, de pedirle al tribunal que confunda lo separado con lo igual\u201d, comentaron.<\/p>\n
Los nueve demandantes del caso Pe\u00f1a Mart\u00ednez v. HHS, el cual tambi\u00e9n versa sobre la paridad de tres programas para la isla, incluyendo SSI, y que est\u00e1 sujeto a la determinaci\u00f3n del Supremo en el caso de Vaello Madero, tomaron otra ruta en su comparecencia y atacaron el argumento del gobierno federal de que los residentes de Puerto Rico no tienen derecho a paridad porque no contribuyen al fisco. Por el contrario, desde el 2000, el IRS ha recaudado casi $80,000 millones en impuestos por distintas bases en Puerto Rico, incluyendo impuestos corporativos. La cantidad es comparable con Vermont y Wyoming y m\u00e1s que lo que recaudaron en seis estados.<\/p>\n
La Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico compareci\u00f3 tambi\u00e9n para resaltar los problemas sociales y econ\u00f3micos que se han exacerbado en Puerto Rico tras d\u00e9cadas de trato discriminatorio por parte del Congreso. La American Civil Liberties Union, American Bar Association, League of United Latin American Citizens, LatinoJustice Puerto Rico Legal Defense and Education Fund, U.S. Citizens for Equal Protection, Inc. y la Medicaid and Medicare Advantage Products Association of Puerto Rico tambi\u00e9n est\u00e1n entre los comparecientes que enfocan en la ilegalidad del trato discriminatorio a la isla.<\/p>\n
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