{"id":167144,"date":"2021-08-31T05:45:00","date_gmt":"2021-08-31T09:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticel.com\/?post_type=article&p=167144"},"modified":"2025-07-15T15:26:46","modified_gmt":"2025-07-15T15:26:46","slug":"requerimiento-de-tarjeta-de-vacunacion-en-negocios-provoca-demanda-federal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20210831\/requerimiento-de-tarjeta-de-vacunacion-en-negocios-provoca-demanda-federal\/","title":{"rendered":"Requerimiento de tarjeta de vacunaci\u00f3n en negocios provoca demanda federal"},"content":{"rendered":"

Es un segundo pleito presentado por el mismo grupo legal que mantiene vigente otra demanda federal en contra de los mandatos de vacunaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n Pierluisi.<\/h3>\n

La imposici\u00f3n mediante orden ejecutiva que empez\u00f3 este lunes para que todo negocio verifique el estado de vacunaci\u00f3n de sus clientes, o de lo contrario se autolimite la capacidad a 50%, es objeto de una demanda federal asignada al juez Ra\u00fal M. Arias Marxuach y que se present\u00f3 el viernes en la noche.<\/p>\n

Aunque parte de las alegaciones tienen que ver con el ampliamente discutido nuevo requisito de verificaci\u00f3n de status de vacunaci\u00f3n en comercios y otros establecimientos, tambi\u00e9n abarca una directriz poco discutida del Secretario de Salud que a\u00f1adi\u00f3 la vacunaci\u00f3n contra Covid-19 como un nuevo requisito para la emisi\u00f3n de los certificados de salud que las personas tienen que tramitar com\u00fanmente para acceder, o retener, algunos empleos y licencias ocupacionales.<\/p>\n

La reclamaci\u00f3n est\u00e1 suscrita por el mismo equipo legal que tiene un segundo pleito federal pendiente por los mandatos de vacunaci\u00f3n que ha impuesto la Administraci\u00f3n Pierluisi. Para ese primer pleito el gobierno tiene hasta este martes, 31 de agosto, para responder y est\u00e1 ante el juez Pedro Delgado Hern\u00e1ndez.<\/p>\n

En una vista reciente, el juez Delgado Hern\u00e1ndez, rechaz\u00f3 la solicitud de los demandantes de celebrar de inmediato una vista de interdicto, estableciendo que prefiere esperar a ver la respuesta del gobierno a las alegaciones. El juez que tiene ante s\u00ed la segunda demanda, Arias Marxuach, tiene trasfondo republicano, tuvo carrera profesional principalmente en un bufete corporativo y es cat\u00f3lico ignaciano.<\/p>\n

El grupo legal lo integran el licenciado Jos\u00e9 R. D\u00e1vila Acevedo, de B&D LLC, y Arturo V. Bauermesiter e Ilya Shapiro por el Instituto de Libertad Econ\u00f3mica (ILE) de Puerto Rico. Shapiro es vicepresidente del Cato Institute, principal grupo de propuestas conservadoras y libertarias en Estados Unidos, y director del Robert A. Levy Center for Constitutional Studies, pero el fundador del ILE, el empresario Jorge L. Rodr\u00edguez, ha indicado que su participaci\u00f3n en el pleito es en caracter personal y no implica al Cato Institute.<\/p>\n

En los tribunales locales, que se conozca, hay solo un pleito pendiente, que present\u00f3 la sacerdotisa Wicca, y maestra del Departamento de Educaci\u00f3n, Brenda Figueroa Ortiz, quien busca que se elimine el requisito de pruebas semanales de Covid-19 para los no vacunados bajo los mandatos, o que el requisito aplique a todos, tanto vacunados como no vacunados.<\/p>\n

En el nuevo pleito radicado el viernes, son demandantes la empresa Tropical Chill, que tiene helader\u00edas en San Juan, Guaynabo y Dorado, la empleada de farmacia Alexandra Irizarry, el empleado de supermercado Ren\u00e9 Matos y Yasm\u00edn Vega, due\u00f1a del contenedor, convertido en caba\u00f1a, Hillside Cabin, que se mercadea a trav\u00e9s de la plataforma Airbnb.<\/p>\n

La acci\u00f3n legal ataca el esquema general de \u00f3rdenes ejecutivas que ha emitido la Administraci\u00f3n Pierluisi para atender la pandemia, pero espec\u00edficamente tres que componen un mandato de vacunaci\u00f3n que se va ampliado, a saber, la 62 (aplicable a contratistas de la Rama Ejecutiva, as\u00ed como en los sectores de la Salud y las hospeder\u00edas), 63 (aplicable a restaurantes, barras, chinchorros, cafetines, \u00absport bars\u00bb, teatros, cines, coliseos, centros de convenciones y de actividades, y cualquier otro local en formato cerrado que expenda bebida o comida preparada) y la 64 (aplicable a salones de belleza, barber\u00edas, salones de est\u00e9tica, spa, gimnasios, centros de cuidos de ni\u00f1os, supemercados, colmados, casinos y tiendas en gasolineras).<\/p>\n

Usando datos de fuentes oficiales, pero tambi\u00e9n estudios cient\u00edficos que no han sido validados por esa comunidad todav\u00eda, los demandantes sostienen que hoy las limitaciones a las libertades personales y comerciales por la pandemia se justifican mucho menos que lo que se justificaban el a\u00f1o pasado, cuando comenz\u00f3 el periodo de emergencia, precisamente porque el avance de la vacunaci\u00f3n ha servido el prop\u00f3sito de mantener el m\u00ednimo la utilizaci\u00f3n de recursos de salud, como camas y ventiladores.<\/p>\n

Adem\u00e1s, argumentan que el gobierno est\u00e1 en un ciclo de alarma por las cifras de infecci\u00f3n que est\u00e1 tergiversado y no refleja la realidad porque, distinto a Estados Unidos, en Puerto Rico no hay disponibilidad de pruebas gratis de manera que realmente se puede decir que las pruebas sirven para proveer una radiograf\u00eda de toda la poblaci\u00f3n. En vez, debido a que se requiere una orden m\u00e9dica y pueden ser costosas para los no asegurados, aqu\u00ed las pruebas solo se las hacen los que ya se sienten enfermos o creen haber estado expuestos al virus, lo que es un universo m\u00e1s peque\u00f1o que es m\u00e1s propenso a reflejar resultados positivos, explicaron.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

\u201c[E]l gobierno est\u00e1 usurpando en los derechos de los empleados del sector privado y empresarios a ganarse la vida honestamente, incluyendo al poner la vacunaci\u00f3n como condici\u00f3n para licencias de salud y ocupacionales. Es una condici\u00f3n inconstitucional cl\u00e1sica. Lo que es m\u00e1s, el gobierno est\u00e1 forzando al sector privado a hacer su trabajo sucio, en efecto reclutando a negocios grandes y peque\u00f1os para verificar vacunaci\u00f3n y regular las pruebas\u201d, argumentaron.<\/p>\n

Las bases legales de su reclamo son supuestas violaciones a la Decimocuarta Enmienda de la Constituci\u00f3n de los Estados Unidos y a la Ley de Restauraci\u00f3n de Libertad Religiosa (RFRA en ingl\u00e9s) porque, en el caso de Vega, sus creencias religiosas le provocan una postura antivacunaci\u00f3n, pero la orden ejecutiva 62 la obliga a convertirse en verificadora de vacunaci\u00f3n para el gobierno y a \u201cparticipar en, y condonar, la vacunaci\u00f3n forzosa, lo cual va en contra de sus creencias religiosas\u201d.<\/p>\n

La demandante Irizarry reclama como uno de los da\u00f1os sufridos el que \u201cest\u00e1 forzada a pedir un reembolso de taquillas que hab\u00eda comprado para el espect\u00e1culo de \u2018El Molusco\u2019 en Bella Artes, porque no est\u00e1 vacunada\u201d.<\/p>\n

Las \u00f3rdenes ejecutivas, se expone al tribunal, violan libertades econ\u00f3micas, de propiedad, de autonom\u00eda personal e integridad corporal y el derecho a rechazar tratamiento m\u00e9dico.<\/p>\n

Para ver la demanda, pulse aqu\u00ed.<\/p>\n

Vea:<\/p>\n

Juez federal le corta el paso a demandantes antivacunas <\/a><\/p>\n

Sacerdotisa pagana pide al tribunal que la libere de hacerse pruebas semanales de COVID para trabajar como maestra <\/a><\/p>\n

Gobernador ordena cierre de negocios y Ley Seca a partir de las 12:00 de medianoche en nueva orden ejecutiva<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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