Una sacerdotisa de la religi\u00f3n Wicca demand\u00f3 al Gobernador y el Departamento de Educaci\u00f3n (DE) para que se le reembolse por el costo de las pruebas semanales de detecci\u00f3n de COVID-19 que tiene que realizarse para mantener su empleo como maestra no vacunada o, en la alternativa, que se le requiera la prueba tanto a vacunados como a no vacunados.<\/p>\n
Brenda Figueroa Ortiz someti\u00f3 su petici\u00f3n de sentencia declaratoria el 13 de agosto en el Tribunal de Primera Instancia, despu\u00e9s de que un juez superior desestimara la demanda de un grupo de no vacunados que alegaban haber sufrido da\u00f1os por el mandato de vacunaci\u00f3n compulsoria de la Administraci\u00f3n Pierluisi y en momentos en que est\u00e1 pendiente ante el Tribunal Federal una reclamaci\u00f3n tambi\u00e9n en contra de este mandato por parte de cuatro empleados p\u00fablicos.<\/p>\n
La demandante es maestra desde 1997 y actualmente es maestra de F\u00edsica en la escuela Pablo David Burgos Marrero de Corozal. Adem\u00e1s, \u201cprofesa, es firmemente creyente, practica y es miembro de Magic Cauldron Fellowship and Order, un Templo Wiccano en el cual es Sacerdotisa seg\u00fan certificada por su congregaci\u00f3n y templo en todos sus rituales, ceremonias de la Religi\u00f3n Wicca, es la vicepresidenta del Consejo del Templo y est\u00e1 debidamante registrada como tal en el Departamento de Salud de Puerto Rico como celebrante\u201d. La religi\u00f3n Wicca es original de Inglaterra y clasificada como pagana. Sus practicantes reclaman tambi\u00e9n ser \u201cbrujas\u201d. En Puerto Rico est\u00e1 reconocida desde 2000.<\/p>\n
Como parte de su religi\u00f3n, Figueroa Ortiz suscribi\u00f3 la declaraci\u00f3n de excepci\u00f3n que admite el mandato de vacunaci\u00f3n, pero su reclamo es que, como parte de la excepci\u00f3n, se le obliga a someter pruebas semanales que le resultan onerosas, espec\u00edficamente, a raz\u00f3n de $347 al mes y un estimado de $4,164 anuales \u201cpara retener su empleo\u201d.<\/p>\n
\u201cEn el presente caso no se cuestiona, como este Tribunal puede tomar conocimiento de la demanda, la eficacia o no de la vacuna. Se entiende que existe un inter\u00e9s apremiante del estado en proteger a sus ciudadanos. Lo que es insostenible es que se clasifique a la demandante Figueroa Ortiz de manera distinta y discriminatoria por el \u00fanico hecho de no vacunarse por sus creencias religiosas oblig\u00e1ndosele a hacerse la prueba semanalmente que la paga de su propio pecunio para retener su empleo, cuando los vacunados est\u00e1n igual de expuestos a adquirir el virus del COVID-19 en su variante Delta\u201d, argumenta la reclamante.<\/p>\n
La demanda suscrita por la licenciada Ada Conde Vidal argumenta que el Centro de Control de Enfermedades (CDC) ha reconocido que tanto vacunados como no vacunados pueden infectarse, e infectar a otros, con la variante Delta del COVID-19. Y alega que constituye un discrimen que solo a los no vacunados se les pida hacerse las pruebas. La demanda tambi\u00e9n expone, de manera incorrecta y contraria a los datos cient\u00edficos disponibles, que son los vacunados los que est\u00e1n siendo hospitalizados con esa variante.<\/p>\n
\u201cNo existe evidencia alguna que la demandante haya contribuido de manera alguna a la propagaci\u00f3n o infectar de manera alguna el COVID-19, pero existen otras reglas menos restrictivas que pueden ser adoptadas para que no sea segregada, marcada y clasificada de manera distinta al que esta vacunado que esta ahora en riesgo de infectarse o propagar la variante Delta del COVID-19\u201d, sostiene la demanda.<\/p>\n
Figueroa Ortiz pide que se le reembolse el dinero de las pruebas, una compensaci\u00f3n de $25,000 por los da\u00f1os que ha sufrido o que se determine que las pruebas semanales aplican a vacunados igual que a no vacunados, sean estudiantes o personal docente o no docente.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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