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<\/a><\/div>\n\u201cA lo mejor el caso ser\u00e1 desestimado, a lo mejor no ser\u00e1 desestimado\u201d, dijo en otra ocasi\u00f3n para mantenerse en su negativa de se\u00f1alar m\u00e1s eventos en el caso hasta que el gobierno responda. De hecho, estableci\u00f3 plazo el 31 de agosto para que el gobierno presente contestaci\u00f3n o solicitud de desestimaci\u00f3n y el 26 de agosto para que los demandantes propongan cu\u00e1les son los hechos que podr\u00edan estipular y cu\u00e1les son los peritos que podr\u00edan presentar, pero el juez no le pidi\u00f3 al gobierno que le reciprocara esa informaci\u00f3n a los demandantes. Esto es otra se\u00f1al de que el juez no quiere provocar m\u00e1s movimientos en el caso hasta que examine los argumentos del gobierno.<\/p>\n
La postura del juez contrast\u00f3 con la del representante del Departamento de Justicia, Joel Torres Ortiz, de la Divisi\u00f3n de Litigios Federales, quien lleg\u00f3 a comentarle al tribunal que est\u00e1n cortos de recursos por la carga de trabajo que provocan otras materias, como los casos relacionados al proceso de quiebra de la isla. \u201cEstoy seguro que el Secretario de Justicia de Puerto Rico asignar\u00e1 los recursos que sean necesarios para atender este caso\u201d, ripost\u00f3 el juez, quien prometi\u00f3 que \u201cme voy a mantener encima de esto\u201d.<\/p>\n
Las restricciones a la poblaci\u00f3n no vacunada como medida de salud p\u00fablica comenzaron en la Administraci\u00f3n Pierluisi el 1 de julio cuando se le extendi\u00f3 al Secretario de Salud le poder para manejar la emergencia de la pandemia a trav\u00e9s de \u00f3rdenes administrativas, con lo que se procedi\u00f3 a hacer la vacunaci\u00f3n compulsoria para todo el sistema escolar, tanto p\u00fablico como privado. Luego, el 28 de julio, el gobernador orden\u00f3 la vacunaci\u00f3n compulsoria de empleados p\u00fablicos, que es objeto del pleito federal. Despu\u00e9s, en sucesi\u00f3n, han venido mandatos para vacunaci\u00f3n compulsoria a los contratistas del Poder Ejecutivo, el sector de salud, hospeder\u00edas, restaurantes, barras, teatros, cines, coliseos, centro de actividades y, ayer mismo, en gimnasios, salones de belleza, barber\u00edas, spa, centro de cuido de ni\u00f1os, casinos, supermercados, colmados y otros establecimientos comerciales. De no implantar un requisito de vacunaci\u00f3n, los establecimientos enfrentan la limitaci\u00f3n de solo operar a un 50% de su aforo.<\/p>\n
Con un ojo puesto en los retos legales, los mandatos de vacunaci\u00f3n compulsoria han procurado dar una alternativa a los que no los cumplan, aunque se trata de alternativas que pueden resultar onerosas en la pr\u00e1ctica. Sin embargo, por lo menos en el caso de sobre 300 demandantes que resolvi\u00f3 el juez superior Alfonso Mart\u00ednez Piovanetti, el criterio judicial ha sido la de respaldar totalmente las medidas gubernamentales como parte del poder del estado para proteger intereses apremiantes, como la salud p\u00fablica. Es el mismo principio que estableci\u00f3 el Tribunal Supremo federal en 1905 y que todav\u00eda, como ilustra la determinaci\u00f3n de ese foro en el caso de la Universidad de Indiana, no se ha revertido.<\/p>\n
El enfoque que siguen los demandantes en el caso federal ante Delgado Hern\u00e1ndez, es que las \u00f3rdenes del gobierno son \u201carbitrarias, caprichosas e irracionales\u2026 porque los datos cient\u00edficos demuestran que es innecesario proteger del COVID a absolutamente cada uno de los ciudadanos cuando, como es el caso aqu\u00ed, las vacunas han demostrado ser altamente efectivas y ampliamente disponibles para los que opten por aceptarlas\u201d.<\/p>\n
Vea:<\/p>\n