Unas 340 personas, incluyendo menores de edad, presentaron una demanda el jueves contra el Gobernador y el Secretario de Salud con la intenci\u00f3n de declarar inconstitucionales las \u00f3rdenes del Departamento de Salud que obligan a estudiantes, maestros y personal escolar a presentar prueba de vacunaci\u00f3n contra el COVID-19 para volver a las clases presenciales este pr\u00f3ximo semestre.<\/p>\n
El grupo pide tambi\u00e9n compensaci\u00f3n monetaria para cada demandante por lo que entiende son los da\u00f1os sufridos con estas \u00f3rdenes. Las reclamaciones de violaci\u00f3n a derechos civiles se basan en dos argumentos principales: que todas las \u00f3rdenes ejecutivas emitidas desde el a\u00f1o pasado para manejar la pandemia (y las derivadas, como las \u00f3rdenes 2021-508 y 2021-509) son un uso ilegal de poder por parte del Primer Ejecutivo y que se est\u00e1 obligando a las personas a consentir ser vacunados cuando las tres vacunas contra el coronavirus est\u00e1n administr\u00e1ndose bajo autorizaciones de emergencia del gobierno federal que, por definici\u00f3n, no pueden estar sujetas a obligatoriedad porque no son medicamentos con aprobaci\u00f3n final.<\/p>\n
Las \u00f3rdenes del Departamento de Salud aplican al sistema p\u00fablico as\u00ed como al privado. Las universidades han seguido la pauta y esta semana el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia anunci\u00f3 una orden ejecutiva bajo la declaraci\u00f3n de emergencia que hace la vacunaci\u00f3n compulsoria para la mayor\u00eda de los empleados del gobierno y exhor\u00f3 a los patronos privados a hacer lo mismo. De la misma manera, el presidente Joseph Biden anunci\u00f3 el jueves la vacunaci\u00f3n compulsoria para los empleados del gobierno federal.<\/p>\n
\u201cQue la gente tenga paciencia. De estos asuntos tenemos que pensar que seguimos en una democracia y que los tribunales van a actuar sobre estos temas y van a proteger los derechos y las libertades que nos garantiza la Constituci\u00f3n\u201d, indic\u00f3 ayer el licenciado Adri\u00e1n O. D\u00edaz D\u00edaz cuando anticip\u00f3 ayer a NotiCel la presentaci\u00f3n del recurso legal. D\u00edaz D\u00edaz habl\u00f3 en nombre de la Coalici\u00f3n Pro Consentimiento Informado, pero ese grupo no se menciona en la demanda.<\/p>\n
Los demandantes son unas 340 personas, incluyendo a decenas de menores de edad que son hijos de los demandantes, entre los que figura el cantante de la banda Cultura Prof\u00e9tica, Willy Rodr\u00edguez, quien en el pasado ha asumido posturas p\u00fablicas en contra del uso de vacunas.<\/p>\n
\u201c[E]xigimos que se nos permita seguir disfrutando de nuestros derechos como ciudadanos, a participar libremente de los servicios y espacios intr\u00ednsecamente relacionados a nuestra vida civil, en especial, nuestros trabajos y las escuelas de nuestros ni\u00f1os, tomando las medidas de salud menos onerosas, sin ser coaccionados por el Estado, sin opci\u00f3n ni consentimiento, obligando a inyectarnos una vacuna que al momento est\u00e1 en estado experimental (E.U.A.), y que evidentemente est\u00e1 dando muchos resultados adversos y mortales que al d\u00eda de hoy todav\u00eda los sistemas federales de datos disponibles (VAERS) no han de reflejar fielmente toda la cruda realidad, de los que voluntariamente decidieron ser inyectados y hoy d\u00eda sufren las consecuencias de un consentimiento viciado e incompleto, o ya fallecieron sin dejar a sus familias un remedio para ajusticiarlos\u201d, plantean los demandantes.<\/p>\n
La reclamaci\u00f3n legal no menciona la decisi\u00f3n federal del 18 de julio pasado en la que un juez aval\u00f3 la exigencia de la universidad estatal de Indiana de que los estudiantes, facultad y personal estuvieran vacunados para poder asistir a las clases en el campus (que solo se estar\u00e1n prestando presenciales). En cuanto al precedente que el Tribunal Supremo estableci\u00f3 en 1905 (Jacobson v. Massachusetts) permitiendo que un gobierno multara a los que no estuvieran vacunados contra la viruela, los demandantes en el caso de Puerto Rico sostienen que es doctrina obsoleta e inaplicable a los hechos de 2021, primordialmente porque fue una decisi\u00f3n emitida antes de que el gobierno federal estableciera un sistema de controles de medicamentos y porque las vacunas contra el coronavirus solo tienen autorizaci\u00f3n de emergencia, no final, bajo ese esquema regulatorio.<\/p>\n
La decisi\u00f3n federal de Indiana abord\u00f3 esa alegaci\u00f3n sobre que las vacunas solo tienen Autorizaci\u00f3n de Uso de Emergencia (EUA), as\u00ed como otras que presenta la demanda de Puerto Rico. En su decisi\u00f3n, el juez repas\u00f3 el proceso que sigui\u00f3 la Administraci\u00f3n federal de Drogas y Alimentos (FDA) para permitir la administraci\u00f3n de las vacunas bajo el proceso de EUA y concluy\u00f3 que fue un proceso \u201cm\u00e1s robusto que el usual\u2026 esto no fue un EUA cualquiera, fue un EUA en esteroides\u201d, a\u00f1adiendo que es razonable concluir que los beneficios de administrar las vacunas, a\u00fan bajo EUA, \u201cempeque\u00f1ecen los riesgos potenciales raros\u201d que tengan.<\/p>\n
La demanda plantea que el Estado est\u00e1 condicionando el derecho constitucional a la educaci\u00f3n que tienen sus hijos a que se administren una vacuna cuyo uso es todav\u00eda experimental, al uso compulsorio de mascarillas y al \u201cdiscrimen y campa\u00f1a de odio hacia los no vacunados\u201d. Una de las demandantes es sicol\u00f3ga cl\u00ednica \u201cy entiende que las \u00f3rdenes para usar mascarilla en la escuela, va[n] en detrimento de la salud f\u00edsica y emocional de sus hijos, y las mismas crean una segregaci\u00f3n injustificada en la poblaci\u00f3n, adem\u00e1s de ansiedad, miedo y desesperaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
\u201c[E]l Departamento de Salud no tiene la m\u00ednima idea de qu\u00e9 es la inmunidad de reba\u00f1o\u201d afirman al apuntar a que los datos de vacunaci\u00f3n confirman que ya hay inmunidad de reba\u00f1o porque hablan de 76.8% de la poblaci\u00f3n con una dosis y 66.7% con dos. Un reclamo similar se present\u00f3, y descart\u00f3, en la demanda de Indiana.<\/p>\n
Argumentan tambi\u00e9n que el Gobierno de Puerto Rico ha recurrido a las medidas m\u00e1s onerosas para los derechos individuales, en vez de las menos onerosas, en su respuesta a la pandemia.<\/p>\n
Se ha dejado a Puerto Rico en un estado perene de emergencia, despojando a la Rama Legislativa y a sus ciudadanos de poder atender de manera democr\u00e1tica los asuntos en los que incide, y dejando todo en manos de un funcionario de agencia, no-electo por la ciudadan\u00eda\u201d, dice la demanda al a\u00f1adir que \u201clas medidas actuales son abusivas, represivas y desconsideradas con el remanente de poblaci\u00f3n no-vacunada, muchos de ellos incapacitados, no aptos para asumir los riesgos severos adversos de las vacunas, de consciencia de vida sana y natural, de convicciones, principios y valores \u00e9ticos, o religiosos, o que pertenecen a una poblaci\u00f3n de casi cero riesgo de infecci\u00f3n y transmisi\u00f3n como lo son nuestro ni\u00f1os.<\/p>\n
Su perspectiva sobre las muertes que se han asociado al coronavirus es que \u201ctanto vacunados como los que no lo est\u00e1n, son igualmente susceptibles a la enfermedad\u201d. \u201cNo repercute en diferenciaci\u00f3n alguna el estatus de vacunaci\u00f3n sobre la supervivencia del individuo, sino su estado de salud pre-existente, fortaleza del sistema inmunol\u00f3gico y otros refuerzos como la alimentaci\u00f3n, nutrici\u00f3n-vitam\u00ednica, peso adecuado y vida saludable. Lo que ha puesto de manifiesto el COVID-19 no es la peligrosidad del virus, sino lo enferma que est\u00e1 la poblaci\u00f3n que fallece a causa de ello\u201d.<\/p>\n
El grupo present\u00f3 reparos con las dos v\u00edas de excepci\u00f3n que incluye la orden de Salud, la cient\u00edfica y la religiosa. La cient\u00edfica porque, por las vacunas estar todav\u00eda bajo monitoreo, un m\u00e9dico realmente todav\u00eda no puede hacer una determinaci\u00f3n cl\u00ednica sobre cu\u00e1les son las condiciones que son contraindicadas para la vacunaci\u00f3n. La religiosa porque entienden que requerir la declaraci\u00f3n jurada del ministro de una iglesia infringe sobre su libertad de culto individual, por lo que quieren que se les permita recurrir a la excepci\u00f3n religiosa \u201csin la necesidad de tener que estar o demostrar pertenecer a una religi\u00f3n que tenga un dogma particular, y que mucho menos tengan que depender de las creencias de un ministro de una iglesia o congregaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
En cuanto a los da\u00f1os, piden al tribunal $75,000 en honorarios de abogados y un total de $70,000 por cada demandante por concepto de violaci\u00f3n a sus derechos civiles y da\u00f1o.<\/p>\n
El grupo ruega al tribunal \u201cque se le escuche con premura\u201d y el juez Alfonso S. Mart\u00ednez Piovanetti fij\u00f3 vista mediante videoconferencia para el martes pr\u00f3ximo, 3 de agosto, a la 1:30 pm.<\/p>\n
Vea:<\/p>\n
Coalici\u00f3n Pro Consentimiento Informado impugnar\u00e1 todas las \u00d3rdenes Ejecutivas del Covid-19 <\/a><\/p>\n El Gobierno de EE.UU. exige a sus trabajadores demostrar que est\u00e1n vacunados <\/a><\/p>\n