El impulso de establecer la vacunaci\u00f3n contra el COVID-19 como una condici\u00f3n para que los ciudadanos puedan acceder a distintas actividades econ\u00f3micas y sociales, lo que es una pol\u00edtica del Gobierno de Puerto Rico, recibi\u00f3 un espaldarazo importante la semana pasada en la forma de una decisi\u00f3n de un juez federal que, hasta este momento, es la referencia judicial de c\u00f3mo aquilatar los derechos que entran en conflicto al ejecutar esas pol\u00edticas.<\/p>\n
La decisi\u00f3n del juez Damon R. Leichty el 18 de julio no tiene peso de precedente formal ya que se emiti\u00f3 al nivel inicial de la judicatura federal, una corte de distrito, pero no ha ocurrido una expresi\u00f3n similar en todo el sistema federal desde que comenz\u00f3 la pandemia del COVID-19 el a\u00f1o pasado, por lo que se est\u00e1 mirando como una gu\u00eda a seguir en otras jurisdicciones. Espec\u00edficamente, es la primera vez que se resuelve que un sistema universitario p\u00fablico puede imponer la vacunaci\u00f3n como requisito a sus estudiantes, facultad y personal.<\/p>\n
La controversia en ese caso fue la pol\u00edtica de la universidad estatal de Indiana de requerir la vacunaci\u00f3n a los estudiantes que quisieran asistir presencialmente al primer curso del a\u00f1o acad\u00e9mico 2021-2022. La pol\u00edtica reconoce excepciones de salud y religiosas, adem\u00e1s no le aplica a los que est\u00e9n matriculados en un programa completamente virtual. Pero los presenciales que se beneficien de alguna excepci\u00f3n tendr\u00edan que someterse a medidas adicionales de prueba, uso de mascarillas, distanciamiento social y de aislamiento que no aplican a los vacunados. A los no vacunados se les suspenden sus cuentas y accesos en la universidad, y el personal y facultad no vacunado enfrenta despido.<\/p>\n
En una solicitud de interdicto, el Leichty rechaz\u00f3 todos los argumentos del grupo de ocho estudiantes demandantes recordando que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha avalado en dos ocasiones la autoridad de los estados para compeler la vacunaci\u00f3n (una en 1905 por la epidemia de viruela<\/a>) y que aunque \u201clos estados no tienen poder arbitrario, tienen discreci\u00f3n para actuar razonablemente en proteger la salud p\u00fablica\u201d. Concluy\u00f3 tambi\u00e9n que las consecuencias que enfrentan los no vacunados no son \u201ccoerci\u00f3n\u201d.<\/p>\n El documento de 101 p\u00e1ginas resalta por el nivel de detalle que el juez aplic\u00f3 para someter los argumentos de los tribunales a la evidencia cient\u00edfica m\u00e1s actualizada, reconociendo tambi\u00e9n que algunos elementos de la pol\u00edtica p\u00fablica pueden no tener elementos cient\u00edficos que la sustenten, pero caen dentro de la razonabilidad que se puede tener como parte de una pandemia que todav\u00eda est\u00e1 evolucionando y para la cual la ciencia no tiene todav\u00eda todas las respuestas.<\/p>\n Entre los argumentos de los estudiantes demandantes estuvieron 1) que la vacuna es demasiado nueva y no se probado su seguridad, 2) que con las mascarillas es m\u00e1s dif\u00edcil respirar, que da\u00f1an la piel y que hacen m\u00e1s dif\u00edcil las actividades atl\u00e9ticas, 3) que los que ya se infectaron con COVID-19 no tienen que vacunarse, 4) que los estilos de vida saludables protegen a la persona contra el virus, 5) que las mascarillas son \u201ctontas\u201d y que los cultivos nasales provocan c\u00e1ncer y 6) que la pandemia b\u00e1sicamente se acab\u00f3.<\/p>\n \u201cLa ciencia es un proceso en b\u00fasqueda de hechos\u201d, enfatiz\u00f3 el juez al atender y descartar las objeciones y argumentos de los estudiantes.<\/p>\n Por ejemplo, no existen derechos constitucionales a negarse a usar mascarillas ni a negarse a someterse a una prueba de detecci\u00f3n de virus cuando van a entrar a un lugar p\u00fablico. \u201cEstos no son asuntos de importancia constitucional fundamental, sino meramente inconveniencias triviales y transitorias\u201d, declar\u00f3 al recordar que hay otros contextos en los que la ley mandata el uso de equipo protector como en ciertas industrias y como el cintur\u00f3n de seguridad en los veh\u00edculos.<\/p>\n \u201cReconociendo el status de esta pandemia al d\u00eda de hoy, no los profesionales de la salud, representantes del gobierno o este tribunal pueden decir que la salud p\u00fablica ha dejado de ser un inter\u00e9s estatal leg\u00edtimo vis-\u00e0-vis el COVID-19. Ciertamente ha mejorado, el mundo hoy parece uno totalmente diferente al del a\u00f1o pasado, pero la salud p\u00fablica sigue siendo un inter\u00e9s leg\u00edtimo del estado\u201d, argument\u00f3 al subrayar que \u201cla mejor\u00eda ha venido por las vacunas\u201d y al recordar la amenaza de la variante Delta.<\/p>\n Sobre la postura de los estudiantes de que su decisi\u00f3n sobre el uso de mascarillas y las vacunas solo les afecta a ellos mismos, el juez contrapuso que \u201cla evidencia demuestra razonablemente que ellos no son los \u00fanicos que se perjudican por rehusar la vacuna: rehusarse a la vez que se incumple con precauciones salubristas elevadas puede enfermar y hasta matar a otros que no son parte de ese trueque\u201d.<\/p>\n Este punto de c\u00f3mo afecta a terceros el que una persona se reh\u00fase a vacunarse podr\u00eda ser uno de los que decida la controversia si se presenta en los tribunales de Puerto Rico, lo cual hasta ahora no ha pasado con la Orden Ejecutiva 509 del Departamento de Salud, o las medidas que han anunciado la universidad p\u00fablica y las privadas para requerir prueba de vacunaci\u00f3n a sus estudiantes este semestre.<\/p>\n La expresiones formales de oposici\u00f3n a este mandato han venido m\u00e1s prominentemente de miembros del Proyecto Dignidad (PD), quienes recordaron que el Tribunal Supremo de Puerto Rico dijo, en el caso Lozada Tirado v Testigos de Jehov\u00e1 de 2010, que la persona tiene derecho a expresar su voluntad de rechazar tratamiento m\u00e9dico a\u00fan si esto conduce a su muerte. Pero la propia decisi\u00f3n dice que ese respeto al derecho de la persona ser\u00eda \u201ca menos que en su ejercicio se cause grave da\u00f1o a la vida de terceras personas\u201d y que esa expresi\u00f3n de libertad individual \u201cpodr\u00eda verse limitada por un inter\u00e9s mayor del Estado\u201d.<\/p>\n La OE 509 de 22 de julio de 2021 a\u00f1ade la vacuna del COVID-19 a la lista de vacunas que deben cumplir los estudiantes compulsoriamente para poder asistir a la escuela tanto p\u00fablica como privada y lo amplia a los estudiantes universitarios, la facultad y el personal de los planteles. Reconoce excepciones m\u00e9dicas (con certificaci\u00f3n de un m\u00e9dico) y religiosas (con declaraci\u00f3n jurada de padres o del estudiante si es mayor de edad).<\/p>\n El documento presenta como justificaci\u00f3n que \u201cla vacunaci\u00f3n obligatoria, como requisito de admisi\u00f3n presencial escolar y universitaria, desempe\u00f1ar\u00e1 un papel imprescindible en el control de la pandemia y permitir\u00e1 proveer un ambiente m\u00e1s seguro en nuestro entorno educativo y a nuestros menores de edad y j\u00f3venes\u201d.<\/p>\n Para ver la decisi\u00f3n de Indiana, pulse aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n Para ver la OA 509 de Salud, pulse aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n Para ver la decisi\u00f3n del Supremo en el caso Lozada Tirado v Testigos de Jehov\u00e1, pulse aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n Vea:<\/p>\n