El Departamento de Desarrollo Econ\u00f3mico y Comercio (DDEC) reiter\u00f3 ante la Legislatura su oposici\u00f3n a que se deroguen las leyes 20 y 22 como propone un proyecto de Ley que se debate en el Senado de Puerto Rico.<\/p>\n
La medida, el Proyecto del Senado 40, radicado por la senadora del Partido Independentista Puertorrique\u00f1o (PIP), Mar\u00eda de Lourdes Santiago, fue objeto de vistas p\u00fablicas ayer en la Comisi\u00f3n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal que preside el senador Juan Zaragoza G\u00f3mez.<\/p>\n
All\u00ed el director de la Oficina de Asesoramiento Legal del DDEC, Carlos R\u00edos, indic\u00f3 que los diversos estudios realizados sobre concluyen que estas leyes han aportado positivamente al desarrollo econ\u00f3mico de Puerto Rico.<\/p>\n
\u201cEspec\u00edficamente, los estudios reflejan que estas leyes han generado empleos e inversi\u00f3n. Se trata de actividad econ\u00f3mica que dif\u00edcilmente ocurrir\u00eda a no ser por los incentivos ofrecidos\u201d, dijo.<\/p>\n
El presidente de la comisi\u00f3n senatorial reconoci\u00f3, mientras tanto, que hay que considerar los beneficios de la Ley 20 y la Ley 22 por separado. \u201cSon dos criaturas diferentes\u201d, sostuvo al expresar sus dudas sobre la efectividad de la segunda.<\/p>\n
Por su parte, el director de la Oficina de Incentivos para Negocios del DDEC, Carlos Font\u00e1n, insisti\u00f3 en que ambos programas han sido efectivos y que derogar estas leyes crear\u00eda un limbo jur\u00eddico. \u201cEn estos momentos no tengo base para recomendar una derogaci\u00f3n\u201d, declar\u00f3 a preguntas de la senadora Migdalia Padilla.<\/p>\n
Font\u00e1n reiter\u00f3 ante el comit\u00e9 legislativo las gestiones de fiscalizaci\u00f3n que est\u00e1 realizando el DDEC desde principios de este a\u00f1o y que les ha llevado hasta ahora a evaluar sobre 250 expedientes f\u00edsicos y al env\u00edo de 1,086 cartas por inclumplimiento del requisito de someter informes anuales al Departamento.<\/p>\n
Oposici\u00f3n de Fomento<\/strong><\/p>\n Otros que se opusieron a la derogaci\u00f3n de estos estatutos fueron el Grupo de Exfuncionarios de Fomento (GEF) que tambi\u00e9n participaron de la vista. \u201cLas Leyes 20-2012 y 22-2012 si bien pudiesen ser mejoradas, han sido positivas para Puerto Rico. As\u00ed lo refleja el reporte anual emitido por Estudios T\u00e9cnicos al Gobernador de Puerto Rico y la Asamblea Legislativa en octubre de 2019, sobre el impacto econ\u00f3mico y financiero de estas leyes\u201d, se\u00f1al\u00f3 el coordinador del GEF, Antonio Colorado.<\/p>\n Recalcaron, por otra parte, que el constante cambio de legislaci\u00f3n de desarrollo econ\u00f3mico reduce la efectividad de esa legislaci\u00f3n y de los esfuerzos para promover la isla como destino atractivo principal.<\/p>\n \u201cUn pa\u00eds o un estado debe otorgar, seg\u00fan sus circunstancias, los beneficios que son necesarios para atraer a los inversionistas que necesita, pero lo que no debe hacer es aprobar legislaci\u00f3n que afecte negativamente los derechos adquiridos bajo un decreto, a menos que sea con el consentimiento del beneficiario. El GEF se opone a la aprobaci\u00f3n del P del S. 40\u201d, afirm\u00f3 Colorado.<\/p>\n EL economista Jos\u00e9 Caraballo Cueto, que recientemente complete un estudio sobre el impacto de ambas leyes, aclar\u00f3 la diferencia entre ambas.<\/p>\n \u201cLa Ley 20 de 2012 otorga una tasa preferencial del 4% a corporaciones o individuos radicados en Puerto Rico que est\u00e9n exportando servicios. Estos participantes no tienen que ser extranjeros para participar, no compiten con empresas existentes en la Isla ya que su clientela esta fuera de Puerto Rico y no est\u00e1n exentos de pagar otros tributos como lo son sus ganancias de capital (alquileres , dividendos e intereses , entre otras). La Ley 22 de 2012, por otro lado, otorga una exenci\u00f3n total de impuestos sobre ganancias de capital a inversionistas extranjeros que trasladen su residencia principal a Puerto Rico. La Ley 22 no exime del pago de impuestos de n\u00f3mina o sobre la propiedad\u201d<\/p>\n Reprodujo ante los senadores las conclusiones de su estudio que el impacto econ\u00f3mico de las Leyes 20 y 22 de 2012 es positivo, pero moderado, que el empleo total fue 3% mayor de lo que hubiese ocurrido sino se aprueban estas leyes y que la actividad econ\u00f3mica en general, fue 2% mayor de su contractual hasta agosto 2017.<\/p>\n \u201cEs decir, estos incentivos no le restan actividad econ\u00f3mica a Puerto Rico, pero tienen un potencial mayor que se puede aprovechar\u201d, insisti\u00f3.<\/p>\n Consistente con las recomendaciones de su estudio, le propuso al Senado reconsidere el proyecto para cambiar solo lo concerniente a los donativos elegibles de estos participantes, y que se haga una reforma para potenciar el impacto econ\u00f3mico y se eliminen los aspectos no deseables de ambas leyes.<\/p>\n \u201cEn el caso de la Ley 22 de 2012 sugiero que su reforma vaya dirigida a exigir el formulario 1040PR y 940PR anualmente, antes y despu\u00e9s del incentivo para monitorear puntualmente el impacto de cada decreto; exigir un m\u00ednimo de cinco empleos; exigir un m\u00ednimo de inversi\u00f3n de $2 millones en activos locales o en inversiones fuera de los bienes ra\u00edces, para poder participar de una tasa reducida de 4% en ganancias de capital; hacerle una revisi\u00f3n criminal a todos los solicitantes y exigirle que vivan al menos nueve meses en Puerto Rico\u201d, dijo.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En el Senado se discute un proyecto que busca la derogaci\u00f3n de estas leyes. 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