el Supremo federal revoc\u00f3 al Supremo local<\/a> para declarar p\u00fablicas las vistas preliminares en un reclamo que elev\u00f3 el peri\u00f3dico El Vocero.<\/p>\nLa controversia actual nace el 25, 26 y 31 de marzo, cuando Andrea Ruiz Costas recurri\u00f3 al tribunal de Caguas para protegerse de su expareja agresora pero no le concedieron sus solicitudes. El 25 y 31 fue una orden de protecci\u00f3n ante la jueza Sonya Nieves Cordero y el 26 fue una vista de causa para arresto (Regla 6) ante la jueza Ingrid Alvarado Rodr\u00edguez. El cuerpo de Ruiz Costas apareci\u00f3 quemado en un paraje de Cayey el 29 de abril y de inmediato se plante\u00f3 la necesidad de conocer qu\u00e9 hab\u00eda sucedido en las vistas en las que dos juezas no le concedieron sus solicitudes contra el asesino confeso Miguel Ocasio Santiago.<\/p>\n
El OPC y la ASPPRO sometieron resultados separados que tuvieron el mismo resultado, en seis ocasiones, tres veces en cada caso, el Supremo se neg\u00f3 a entregarlas a los periodistas y tambi\u00e9n se neg\u00f3 a entregarla a la madre de Ruiz Costas, Olga Costas, quien someti\u00f3 una declaraci\u00f3n jurada para consignar que su deseo era la divulgaci\u00f3n. Sin fundamento legal claro, una mayor\u00eda del Supremo dijo que los procesos de violencia dom\u00e9stica eran confidenciales para proteger a las v\u00edctimas, por lo que no se pod\u00eda tener acceso ni a una vista de una mujer que ya estaba muerta.<\/p>\n
\u201cNo se trata de invadir la intimidad o privacidad de nadie, sino al contrario, busca abrir la puerta a la fiscalizaci\u00f3n de los procesos jur\u00eddicos y de gobierno que afectan la vida de todos los puertorrique\u00f1os y puertorrique\u00f1as. La transparencia no es para los periodistas sino para el pueblo\u201d, explic\u00f3 la presidenta de la ASPPRO, Damaris Su\u00e1rez, al presentar la APT. El Comit\u00e9 Tim\u00f3n que maneja la comparecencia al Supremo federal lo componen los abogados Luis Guardiola, tambi\u00e9n presidente del OPC, Cirilo Cruz Tejada, Rafelli Gonz\u00e1lez Cotto, tambi\u00e9n vocal de la ASPPRO, y Edgar Villanueva Rivera. Adem\u00e1s, los profesores Efr\u00e9n Rivera Ramos, Esther Vicente, y Carlos Gorr\u00edn Peralta.<\/p>\n
Vicente, una cocreadora de la Ley para la Prevenci\u00f3n y la Intervenci\u00f3n con la Violencia Dom\u00e9stica (conocida como Ley 54), le record\u00f3 al Supremo local que \u201cen ning\u00fan sitio de la Ley 54\u2026 se establecen que esos procesos son privados\u201d. Apunt\u00f3 tambi\u00e9n que el prop\u00f3sito de la legislaci\u00f3n no es encubrir o esconder los actos de violencia dom\u00e9stica sino proteger a las v\u00edctimas haciendo el proceso p\u00fablico para que se conozcan las agresiones.<\/p>\n
El Supremo \u201cha sido bastante intransigente\u201d, opin\u00f3 Rivera Ramos en su evaluaci\u00f3n de las sentencias emitidas en los casos de OPC y ASPPRO. Sum\u00f3 que cerrar los procesos judiciales y coartar el acceso a la informaci\u00f3n en este caso va en contra de la propia trayectoria del Alto Foro, y que el car\u00e1cter p\u00fablico de los procesos criminales y civiles en la isla tiene origen constitucional. \u201cEl razonamiento en los dos casos es muy defectuoso\u2026 muy d\u00e9bil, muy tenue y que no tiene explicaci\u00f3n\u201d, a\u00f1adi\u00f3 al resumir que \u201ctodo esto ha sido un verdadero traspi\u00e9 de la justicia en este pa\u00eds\u201d.<\/p>\n
Gorr\u00edn Peralta enfoc\u00f3 en el \u201cproblema muy serio de debido proceso de ley\u201d que presenta el caso particular de la ASPPRO, ya que el Tribunal de Primera Instancia de Caguas hab\u00eda se\u00f1alado una vista para escuchar argumentaciones, pero el Supremo, sin que nadie se lo pidiera, lo elev\u00f3 ante s\u00ed para resolverle en contra al gremio sin escuchar sus argumentos.<\/p>\n
Guardiola explic\u00f3 que el primer paso puede costar unos $15,000 y ser\u00eda solicitar al Supremo federal que acepte evaluar el caso, lo que hace en solo una fracci\u00f3n de las solicitudes que recibe. El licenciado Gonz\u00e1lez Cotto precis\u00f3 que buena parte de los costos son por traducci\u00f3n de documentos al ingl\u00e9s y que ya entidades de Estados Unidos como el Committee to Protect Journalists, el Reporter\u2019s Committee for Freedom of the Press y el Cyberlaw Clinic de la Universidad de Harvard est\u00e1n interesados en evaluar comparecer en el caso u ofrecer servicios pro bono.<\/p>\n
Adem\u00e1s del grupo legal, el Comit\u00e9 Tim\u00f3n de la APT tambi\u00e9n cuenta con la profesora de Comunicaciones de la Universidad Interamericana, Ruth Hern\u00e1ndez R\u00edos, y la estratega de comunicaciones y exdirectora ejecutiva de la ASPPRO, Lillian Rivas.<\/p>\n
\u201cNosotros como familia lo que queremos es saber y entender qu\u00e9 ocurri\u00f3\u201d, dijo Rebeca Noriega Costas, portavoz de la familia de la v\u00edctima, al explicar su deseo de que se publiquen las grabaciones audiovisuales. La familia ya present\u00f3 quejas \u00e9ticas contra las juezas Nieves Cordero y Alvarado Rodr\u00edguez.<\/p>\n
\u201c(Mi prima) estaba buscando justicia, buscando protecci\u00f3n, no es ahora que se la tienen que dar, era entonces, ahora se est\u00e1n protegiendo ellos (los jueces)\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n
Vea:<\/p>\n
Justicia se allana a que grabaciones se entreguen a asesino confeso de Andrea Ruiz Costas <\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Catedr\u00e1ticos y periodistas presentaron la Alianza Pro Transparencia, para pedir al Supremo que intervenga con la \u201cintransigencia\u201d del Tribunal Supremo de PR. Casi 30 a\u00f1os despu\u00e9s de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocara al Tribunal Supremo de Puerto Rico para declarar el car\u00e1cter p\u00fablico de las vistas preliminares, otra decisi\u00f3n del Alto […]<\/p>","protected":false},"author":0,"featured_media":375181,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"ep_exclude_from_search":false,"footnotes":""},"categories":[13,2],"tags":[],"class_list":["post-163896","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-tribunales","category-ultima-hora"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/163896","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=163896"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/163896\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":375192,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/163896\/revisions\/375192"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/375181"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=163896"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=163896"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=163896"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}