La posici\u00f3n formal del Departamento de Justicia (DJ) es que el tribunal puede entregar al asesino confeso de Andrea Ruiz Costas las grabaciones de los procesos a los que acudi\u00f3 buscando protecci\u00f3n de su agresor pero, si lo hacen, debe ser bajo una orden de protecci\u00f3n que limite su uso solo a los prop\u00f3sitos de la defensa legal del acusado, Miguel Ocasio Santiago.<\/p>\n
El DJ someti\u00f3 una comparecencia especial por escrito hoy despu\u00e9s de que el viernes pasado sus representantes dijeran a la jueza Mar\u00eda Rojas Delgado que se opon\u00edan a la entrega. Las bases de la postura de Justicia son que Ocasio Santiago tiene derecho constitucional a una representaci\u00f3n legal adecuada y que, como parte del mismo estar\u00eda el acceso a la grabaci\u00f3n de la vista del 25 y 31 de marzo durante la que Ruiz Costas acudi\u00f3 a la Sala Especializada de Violencia Dom\u00e9stica para obtener una orden de protecci\u00f3n contra Ocasio Santiago.<\/p>\n
Despu\u00e9s de la moci\u00f3n de Justicia, la jueza Rojas Delgado accedi\u00f3 a la solicitud de la defensa. \u201cSe advierte a la parte peticionada y a su representaci\u00f3n legal que la grabaci\u00f3n de la vista solicitada y en virtud de esta orden concedida no podr\u00e1 ser compartida, copiada o reproducida sin autorizaci\u00f3n del Tribunal. La reproducci\u00f3n de este audio ser\u00e1 \u00fanica y exclusivamente a los fines de poder asistir en la defensa del peticionado en el asunto criminal pendiente y relacionado al caso de autos, a menos que un Tribunal de mayor jerarqu\u00eda disponga lo contrario. Se apercibe, que el incumplimiento con las ordenes del Tribunal podr\u00eda constituir desacato al Tribunal\u201d, determin\u00f3 la jueza.<\/p>\n
Justicia se reserva la capacidad de cuestionar la aplicabilidad, admisi\u00f3n o usos de la grabaci\u00f3n como parte del proceso penal contra el hombre y la postura de hoy solo se limita a la vista de orden de protecci\u00f3n y no a la vista del 26 de marzo en la que Ruiz Costas intent\u00f3 que su agresor fuera arrestado y procesado criminalmente por violencia dom\u00e9stica, un caso que es distinto al de la orden de protecci\u00f3n. En total, Ruiz Costas acudi\u00f3 al tribunal el 25, 26 y 31 de marzo mediante dos procesos de distinta naturaleza, uno civil con la jueza Sonya Nieves y uno penal con la jueza Ingrid Alvarado, y en ambos busc\u00f3, sin \u00e9xito, que se le protegiera de quien eventualmente la asesin\u00f3 y quem\u00f3 su cuerpo.<\/p>\n
Distinto a lo que el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hern\u00e1ndez, y el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, hab\u00edan planteado sobre la deseabilidad de que las grabaciones de las vistas fueran entregadas por derecho del p\u00fablico, la prensa y la familia a tener acceso a ese proceso, el documento que present\u00f3 Justicia hoy se somete a la determinaci\u00f3n que hizo el Tribunal Supremo de que las grabaciones permanecer\u00edan confidenciales.<\/p>\n
\u201cEn el contexto civil de este caso, la posici\u00f3n del (DJ) ha sido que las grabaciones se divulgaran p\u00fablicamente, seg\u00fan expresado en m\u00faltiples ocasiones. No obstante, en Ex parte OPCPR, el Tribunal Supremo determin\u00f3 que ess grabaciones no son susceptibles de divulgaci\u00f3n a la prensa\u201d, dijo el Ministerio P\u00fablico en una nota al calce de la moci\u00f3n. Por eso su argumento de que, si se entregan al imputado como parte de su derecho a preparar su defensa, se haga con limitaciones para que las grabaciones no sean expuestas al p\u00fablico.<\/p>\n
Tanto el Ministerio P\u00fablico como la defensa podr\u00edan decidir presentar las grabaciones como evidencia, sea en vista preliminar o en juicio, porque entiendan que les beneficia su caso. En ese momento, se supone que las mismas se presenten en corte abierta como parte del derecho a juicio p\u00fablico al que tienen derecho tanto el acusado como el propio p\u00fablico que presencia los procesos. De hecho, Justicia ya tiene las grabaciones, pero el juez administrador de Caguas, Ricardo Marrero Guerrero, les aplic\u00f3 una orden de mordaza.<\/p>\n
La solicitud del licenciado Rub\u00e9n A. Parrilla Rodr\u00edguez, de la Sociedad de Asistencia Legal, comenz\u00f3 a discutirse el viernes pasado en la sala especializada con un proceso del que se expuls\u00f3 de sala a los periodistas y sus representantes y en el que la jueza Rojas Delgado se neg\u00f3 a llevar a r\u00e9cord los argumentos de estos a favor de que el p\u00fablico y la prensa pudieran presenciar la discusi\u00f3n. La vista sigue el mi\u00e9rcoles en la tarde. Contrario a la informaci\u00f3n que se conoci\u00f3 el viernes, la vista no fue se\u00f1alada el d\u00eda antes, sino el lunes, 14 de junio. La familia de Ruiz Costas no fue notificada de la misma y hay otra solicitud pendiente ante el juez de vista preliminar.<\/p>\n
Parrilla Rodr\u00edguez indic\u00f3 que, en sus 19 a\u00f1os de experiencia, no hab\u00eda visto que una solicitud de grabaciones de vistas de casos de violencia dom\u00e9stica se manejaran como la de este caso.<\/p>\n
Hoy la Asociaci\u00f3n de Periodistas de Puerto Rico y el Overseas Press Club anunciaron la Alianza Pro Transparencia<\/a>, un esfuerzo c\u00edvico para aglutinar recursos y elevar al Tribunal Supremo federal el reclamo de que se hagan p\u00fablicas las grabaciones y revocar la determinaci\u00f3n del Supremo local, sin fundamento en ley, de que los procesos de violencia dom\u00e9stica son confidenciales.<\/p>\n Para ver la moci\u00f3n, pulse aqu\u00ed.<\/p>\n Vea:<\/p>\n