En una vista citada de un d\u00eda para otro para discutir una solicitud de acceso a grabaciones como parte de la vista preliminar del asesino confeso de Andrea Ruiz Costas, el Juez Administrador de Caguas orden\u00f3 el cierre de los procesos a la prensa y al p\u00fablico y el Departamento de Justicia dijo que se opon\u00eda a la entrega.<\/p>\n
El evento ocurri\u00f3 el viernes, al final de la misma semana en la que la familia de Ruiz Costas llev\u00f3 hasta las puertas del Tribunal Supremo la reanudaci\u00f3n de su reclamo para que se publiquen las grabaciones de las dos veces en que la mujer acudi\u00f3 en vano al tribunal para pedir protecci\u00f3n de su agresor. Esa actividad culmin\u00f3 con la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodr\u00edguez, reuni\u00e9ndose con la familia inmediata de Ruiz Costas para prometerles apertura y comunicaci\u00f3n directa.<\/p>\n
Pero ayer Oronoz Rodr\u00edguez no contest\u00f3 solicitudes para explicar el proceder de la jueza Mar\u00eda Rojas Delgado quien, por instrucciones del juez administrador, Ricardo Marrero Guerrero, se rehus\u00f3 a iniciar la vista, a grabar los procesos y ni siquiera a permitirle al abogado de la Asociaci\u00f3n de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) a argumentar para el r\u00e9cord en contra del cierre de los procesos. Todo en violaci\u00f3n a precedentes del Tribunal Supremo federal que establecen que en Puerto Rico la vista preliminar, y sus procesos relacionados, son p\u00fablicos as\u00ed como que, para cerrar un proceso judicial p\u00fablico, hay que permitir que el p\u00fablico o la prensa presente argumenten al tribunal y permitirle pedir revisi\u00f3n de la determinaci\u00f3n de cierre.<\/p>\n
La familia de Ruiz Costas tampoco hab\u00eda sido notificada de la vista, a pesar de las promesas de Oronoz Rodr\u00edguez y de que el propio Departamento de Justicia se supone que los mantenga al tanto a trav\u00e9s de su Oficina de Compensaci\u00f3n y Servicios a las V\u00edctimas y Testigos de Delitos.<\/p>\n
De hecho, seg\u00fan el licenciado Rub\u00e9n A. Parrilla Rodr\u00edguez, representante del asesino confeso Miguel Ocasio Santiago, en la vista los representantes de Justicia se opusieron a la entrega de las grabaciones, en un contraste marcado con declaraciones del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, quien ha dicho que las grabaciones de esas vistas son p\u00fablicas y que no las entrega a la prensa porque el tribunal las hab\u00eda colocado bajo una orden protectora que el Tribunal Supremo refrend\u00f3 en seis ocasiones. Ayer, Emanuelli se limit\u00f3 a decir que \u201cla opini\u00f3n oficial del Departamento de Justicia ser\u00e1 provista el lunes, seg\u00fan dispuesto por el Tribunal\u201d, en referencia al plazo que concedi\u00f3 la jueza Rojas Delgado al Procurador General. La vista sigue el mi\u00e9rcoles pr\u00f3ximo.<\/p>\n
Parrilla Rodr\u00edguez confirm\u00f3 que las trabas para obtener las grabaciones de procesos de violencia dom\u00e9stica como parte de la preparaci\u00f3n de la defensa cuando el supuesto agresor es acusado delito comenzaron con el caso de Ruiz Costas. \u201cEn mi experiencia, como norma general y antes de que sucedieran los eventos de los \u00faltimos meses, se entregaban las regrabaciones, como norma general\u201d, enfatiz\u00f3. \u201cLes adelanto que aqu\u00ed van a surgir muchos planteamientos nuevos, muchas situaciones y muchos issues nuevos que se van a estar dilucidando a trav\u00e9s de todo este proceso\u201d, dijo.<\/p>\n
La vista no estuvo en el calendario p\u00fablico del tribunal de Caguas pero la prensa conoci\u00f3 del se\u00f1alamiento y se present\u00f3 al lugar logrando acceso a la sala Rafelli Gonz\u00e1lez Cotto, vocal de la ASPPRO, y Edgar Villanueva Rivera, abogado de la entidad. Seg\u00fan relataron ambos, al percatarse de su presencia la jueza indic\u00f3 que no pod\u00edan estar en sala, que no comenzar\u00eda el proceso en su presencia y que no abrir\u00eda r\u00e9cord (comenzar\u00eda la grabaci\u00f3n oficial) hasta que salieran. Se rehus\u00f3 tambi\u00e9n a hacer una determinaci\u00f3n formal de expulsarlos. \u201cNo nos dejaron estar ah\u00ed, punto, nos sacaron\u201d, dijo Villanueva Rivera.<\/p>\n
Al ped\u00edrsele explicaci\u00f3n, el alguacil regional Carlos Delgado indic\u00f3 que, de ordinario, hay acceso del p\u00fablico a la sala especializada que preside Rojas Delgado, pero que el personal estaba respondiendo a una determinaci\u00f3n del juez Marrero Guerrero que se hab\u00eda emitido despu\u00e9s de que la jueza se percat\u00f3 de la presencia en sala de los representantes de la ASPPRO. No hay ning\u00fan estatuto o regla del tribunal que clasifique de confidencial los procesos en las salas especializadas de violencia dom\u00e9stica, pero se reconoce discreci\u00f3n a los jueces para controlar la presencia del p\u00fablico en funci\u00f3n de los hechos del caso y la protecci\u00f3n de la v\u00edctima. En la vista de ayer, solo estaban los abogados de Justicia y el del acusado, ya que la v\u00edctima est\u00e1 muerta.<\/p>\n
Los abogados de Justicia no estuvieron disponibles al terminar la vista y fue el licenciado Parrilla Rodr\u00edguez, adscrito a la Sociedad de Asistencia Legal, quien inform\u00f3 a los medios sobre lo acontecido. \u201cEllos (Justicia) se opusieron a que se entregara la regrabaci\u00f3n de la regla 6 y van a poner por escrito la posici\u00f3n del Departamento de Justicia, su posici\u00f3n sobre la orden de protecci\u00f3n\u201d, indic\u00f3 al a\u00f1adir que \u201cla juez est\u00e1 en la mejor disposici\u00f3n de resolver el mi\u00e9rcoles\u201d.<\/p>\n
\u201cSon testimonios anteriores de la perjudicada que entendemos que la defensa tienen derecho a tener\u201d, plante\u00f3 al explicar su solicitud, lo cual trae a la controversia tambi\u00e9n el derecho constitucional de los acusados a tener una representaci\u00f3n adecuada.<\/p>\n
\u201cEl issue de libertad de expresi\u00f3n es un issue diferente al issue de tener las herramientas y los elementos necesarios para preparar a un acusado par atender un asunto como este, tan serio, que conlleva unas penas tan elevadas, las penas m\u00e1s altas que tienen los delitos en Puerto Rico, por lo que yo no quisiera entrar a dirimir la controversia de libertad de expresi\u00f3n y la defensa de mi cliente\u2026 ustedes hacen su trabajo, nosotros hacemos el nuestro\u201d, explic\u00f3 para diferenciar el car\u00e1cter de los dos reclamos que se hacen sobre la entrega de las grabaciones: el del p\u00fablico y la prensa, y el suyo como abogado.<\/p>\n
El cuerpo quemado de Ruiz Costas apareci\u00f3 en un paraje de Cayey el jueves 29 de abril y el 1 de mayo NotiCel revel\u00f3 que la mujer hab\u00eda intentado obtener una orden de protecci\u00f3n contra su agresor poco m\u00e1s de un mes antes, pero no le fue concedida. Oronoz Rodr\u00edguez recibi\u00f3 el 3 de mayo una solicitud para entregar las grabaciones de ese proceso y de una vista de causa para arresto por violencia dom\u00e9stica que se hab\u00eda celebrado contra Ocasio Santiago, pero no contest\u00f3. El 4 de mayo, Marrero Guerrero emiti\u00f3 una orden de protecci\u00f3n que prohib\u00eda la divulgaci\u00f3n de las grabaciones. NotiCel public\u00f3 la grabaci\u00f3n, solo de audio, de la vista de causa para arresto, pero no ha ocurrido acceso a otras dos grabaciones ni al video de ninguna de las tres.<\/p>\n
El 7 de junio, la familia de Ruiz Costas present\u00f3 una queja \u00e9tica contra la jueza Ingrid Alvarado Rodr\u00edguez, quien presidi\u00f3 la vista de causa para arresto, y contra la jueza Sonya Nieves Cordero, quien presidi\u00f3 la vista de orden de protecci\u00f3n.<\/p>\n
Vea:<\/p>\n
Familia de Andrea Ruiz Costas presenta querellas \u00e9ticas contra juezas, reclaman liberaci\u00f3n de grabaciones <\/a><\/p>\n