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Pero afirma que su decisi\u00f3n est\u00e1 ‘bien razonada’<\/i><\/p>\n
M\u00e1s de $17,000 millones en bonos emitidos por la Corporaci\u00f3n del Fondo del Interes Apremiante (COFINA) fueron reorganizados al amparo de un acuerdo con bonistas de Obligaciones Generales y seg\u00fan terminos establecidos por la Junta de Control Fiscal (JCF) que disponen que esa inmensa deuda -incurrida en menos de una decada para cuadrar el presupuesto del fondo general- se satisfar\u00e1 completamente en el 2058.<\/p>\n
La reestructuraci\u00f3n de la deuda de COFINA es la primera realizada al amparo del T\u00edtulo III de la Ley PROMESA y a su vez es la segunda entidad gubernamental en reorganizar sus obligaciones, luego que se aprobara el plan de ajuste del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) al amparo del T\u00edtulo VI. De esta manera, poco m\u00e1s de $21,000 millones de los m\u00e1s de $73,000 millones de la deuda p\u00fablica ahora pasar\u00e1n a ser debidamente atendidos y saldados.<\/p>\n
En la tarde del lunes la jueza federal que preside los casos de T\u00edtulo III del gobierno, Laura Taylor Swain, someti\u00f3 sendas ordenes para aprobar el acuerdo que divide los recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) entre bonistas de COFINA y el gobierno central, y tambien aprob\u00f3 el plan de ajuste de COFINA que confeccion\u00f3 la JCF y el gobierno.<\/p>\n
Aunque Swain reconoci\u00f3 las ‘ansiedades bien fundadas’ de ciudadanos y acreedores sobre el acuerdo, record\u00f3 que el mismo no determina el camino para el resto de la quiebra, tarea que en adelante la JCF y el gobierno deber\u00e1 atender de manera significativa. No obstante, su decisi\u00f3n reitera en m\u00faltiples ocasiones que el acuerdo y el plan evitaron la continuaci\u00f3n de litigios costosos y duraderos cuya resoluci\u00f3n tendr\u00eda el potencial de dejar al gobierno desprovisto de una importante fuente de recaudo.<\/p>\n
‘El acuerdo representa una decisi\u00f3n bien razonada para rechazar esa apuesta arriesgada y aceptar un compromiso que es, ciertamente, profundamente decepcionante para innumerables ciudadanos de Puerto Rico e inversores de bonos del gobierno central’, lee uno de los planteamientos iniciales de Swain.<\/p>\n
Con el aval judicial al plan de ajuste de COFINA, Swain resuelve seis pleitos adversativos ante su consideraci\u00f3n y relacionados al asunto, dos apelaciones pendientes ante el Primer Circuito y otra demanda fuera de la corte de quiebras, pero en el foro federal. La \u00faltima supone ser la demanda presentada por el colectivo VAMOS y el representante Manuel Natal Albelo que persegu\u00eda dejar sin efecto la ley que habilita la reorganizaci\u00f3n de COFINA.<\/p>\n
‘En este caso, ning\u00fan objetor present\u00f3 evidencia persuasiva, tanto en oposiciones radicadas por escrito como durante la vista de confirmaci\u00f3n, de cualquier defecto que socave la aprobaci\u00f3n de la presunta validez de la nueva legislaci\u00f3n de bonos. Por tanto, la presunci\u00f3n de validez no ha sido refutada tal como es requerido por ley en Puerto Rico’, explica la jueza en su orden al validar la ley que habilita la reestructuraci\u00f3n de COFINA, aprobada en noviembre del a\u00f1o pasado.<\/p>\n
Es por tanto que los nuevos bonos que emitir\u00e1 COFINA para reemplazar los anteriores contar\u00e1n con un sello que indique que son v\u00e1lidos, jur\u00eddicamente vinculantes y ejecutables al amparo de la orden de confirmaci\u00f3n determinada por el Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico.<\/p>\n
Swain tambien deneg\u00f3 las objeciones del abogado Peter Hein, representante de bonistas subordinados del GMS Group. Sobre su reclamo de que el proceso de mediaci\u00f3n no fue abierto para todos los bonistas, la jueza se\u00f1al\u00f3 que la mediaci\u00f3n no fue presidida por jueces, sino por las partes interesadas en acogerse a los terminos establecidos por el equipo de mediaci\u00f3n, cuyas decisiones no eran vinculantes y por tanto no se afectaron los derechos de sus representados.<\/p>\n
Swain deneg\u00f3 otra objeci\u00f3n de Hein que planteaba violaciones a la Cl\u00e1usula de Contratos de la constituci\u00f3n federal por no poder demostrar que el Plan Fiscal estaba sujeto a esa disposici\u00f3n, y deneg\u00f3 otra objeci\u00f3n argumentando violaci\u00f3n a la Cl\u00e1usula de Tomas por no demostrar que se afectaron derechos de retenci\u00f3n.<\/p>\n
A juicio de Swain, la viabilidad del plan de ajuste se estableci\u00f3 adecuadamente en la declaraci\u00f3n del asesor de Citi, David M. Brownstein, cuya declaraci\u00f3n jurada establece que COFINA podr\u00e1 cubrir su servicio de deuda de $420 millones este a\u00f1o. Seg\u00fan Brownstein, los recaudos del IVU se proyectan aumentando por 4% anualmente. Actualmente, el IVU genera $1,400 millones al a\u00f1o.<\/p>\n
La viabilidad del plan de ajuste fue objetada por el sindicato PROSOL-UTIER mediante un estudio elaborado por el economista Jose Alameda, quien advirti\u00f3 que el arreglo establecido provocar\u00eda otro impago en COFINA antes o despues del 2034. Sin embargo, durante la vista de confirmaci\u00f3n del plan de ajuste, Swain deneg\u00f3 ese testimonio por la uni\u00f3n no tener legitimaci\u00f3n activa en el caso.<\/p>\n
En adelante, la pr\u00f3xima reestructuraci\u00f3n de magnitud similar ser\u00e1 la del gobierno central, la cual asciende los $15,000 millones. Pero previo a comenzar cualquier proceso de mediaci\u00f3n, la JCF primero buscar\u00e1 anular $6,000 millones en bonos que se emitieron de forma ilegal.<\/p>\n
Vea aqu\u00ed la orden de Swain sobre el acuerdo de COFINA<\/a>:<\/p>\n<\/p>\n