La Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal (JSF) insisti\u00f3 en que el gobierno tiene que derogar una parte de la Ley 32 de 2020, una que pretende proteger los fondos del Sistema de Emergencias 9-1-1 y evitar que sean desviados a otras agencias, toda vez que el Gobierno de Puerto Rico no ha cumplido los deseos del ente financiero, pero tampoco ha defendido el estatuto.<\/p>\n
En una cuarta carta dirigida al Gobierno de Puerto Rico en un periodo de diez meses, la directora ejecutiva Natalie Jaresko relat\u00f3 que la exgobernadora Wanda V\u00e1zquez Garced certific\u00f3 que la Secci\u00f3n 3 de ese estatuto incumpl\u00eda con el Plan Fiscal, pese a que fue ella quien lo convirti\u00f3 en ley en el 2020.<\/p>\n
La Secci\u00f3n 3 enmienda a su vez el art\u00edculo 2.01 de la Ley 26-2017, conocida como \u201cLey de Cumplimiento con el Plan Fiscal\u201d, en donde se establece como pol\u00edtica p\u00fablica necesidad de responsabilidad fiscal para que Puerto Rico recupere su credibilidad ante los inversionistas y mercados financieros, restablezca su cr\u00e9dito y maneje sus deudas y finanzas. Espec\u00edficamente, la Secci\u00f3n 3 es la que exime de cumplimiento a la Universidad de Puerto Rico y al Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1, salvedad que fue replicada en la Ley 32.<\/p>\n
\u201cLa entonces gobernadora V\u00e1zquez Garced encontr\u00f3 que la secci\u00f3n 3 de la Ley 32, que excluye al Negociado de la Ley 26 de 2017 en la medida en que los beneficios que no sean salariales ser\u00edan restaurados para el personal a niveles previos a la implementaci\u00f3n de la Ley 26, era \u2018significativamente inconsistente con el Plan Fiscal\u2019. M\u00e1s all\u00e1, la gobernadora V\u00e1zquez Garced aconsej\u00f3 a la Junta de Supervisi\u00f3n a \u2018notificar a la Asamblea Legislativa que la secci\u00f3n 3 de la Ley 32 era significativamente inconsistente con el Plan Fiscal\u2019\u201d, cit\u00f3 Jaresko en su misiva.<\/p>\n
La Directora Ejecutiva recalc\u00f3 que los gobiernos de V\u00e1zquez Garced y Pedro Pierluisi Urrutia no han eliminado la inconsistencia, pero tampoco la han defendido. La \u00fanica respuesta que el ente financiero ha recibido es a los fines de confirmar que la medida no ser\u00eda implementada. No obstante, seg\u00fan la JSF, como sigue siendo una ley vigente, debe ser revocada \u201cpara evitar confusi\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Por otro lado, en marzo, los senadores Henry Neumann Zayas y Jos\u00e9 Vargas Vidot presentaron la Resoluci\u00f3n del Senado (RS) 104 para investigar si la Ley 32 lleg\u00f3 a ponerse en vigor y c\u00f3mo se pod\u00edan proteger los fondos del Sistema 9-1-1. En su exposici\u00f3n de motivos, establece que entre el 2014 y el 2017 se desviaron $12 millones en fondos del 9-1-1, seg\u00fan constatado por la Oficina del Contralor, lo que a su vez violentaba leyes federales.<\/p>\n
En la resoluci\u00f3n se hace la salvedad que la entidad se nutre de cargos a individuos y no del Fondo General, por lo que no entend\u00edan la raz\u00f3n de la inconsistencia con el Plan Fiscal.<\/p>\n