A casi ocho meses de haber aprobado la Ley 80 que establece un Programa de Retiro Incentivado, el Gobierno de Puerto Rico no ha podido precisar el impacto econ\u00f3mico general que tendr\u00eda la implementaci\u00f3n de la medida ni su viabilidad, sumado a que la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal (JSF) la ha objetado desde su concepci\u00f3n.<\/p>\n
Es la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) quien mantiene custodia del impacto, seg\u00fan han se\u00f1alado agencias como la Oficina de Administraci\u00f3n y Transformaci\u00f3n de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), la Autoridad de Asesor\u00eda Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). Sin embargo, en vistas p\u00fablicas ante la Comisi\u00f3n de Gobierno del Senado, ninguna de las cuatro agencias p\u00fablicas han ofrecido los datos.<\/p>\n
\u201cEl Departamento del Trabajo descarga en que es la Oficina de Gerencia y Presupuesto quien tiene que tomar la determinaci\u00f3n final [para la implementaci\u00f3n de la Ley]\u201d, expres\u00f3 el senador y presidente de la Comisi\u00f3n, Ram\u00f3n Ruiz Nieves.<\/p>\n
Aunque ya se han celebrado dos vistas p\u00fablicas sobre la medida, la Comisi\u00f3n realizar\u00e1 dos vistas adicionales y volver\u00e1 a citar a la OGP, ya que en ese entonces a la agencia \u201cle faltaba una data final, de cu\u00e1nto es el ahorro significativo y cu\u00e1nto cuestan esos empleados que se van a ir por el Sistema de Retiro\u201d.<\/p>\n
La Ley 80 fue firmada en agosto de 2020<\/a> por la entonces gobernadora Wanda V\u00e1zquez Garced y garantiza una pensi\u00f3n vitalicia por el 50% del salario m\u00e1s alto devengado por el empleado en los \u00faltimos tres a\u00f1os antes de acogerse al programa. La medida no aplica a quienes llegaron al servicio p\u00fablico luego del 2000, pero s\u00ed a los que entraron bajo las primeras leyes de retiro: la 447 de 1951 y la 1 de 1990.<\/p>\n En una Carta Circular de octubre 2020, la OGP y la Administraci\u00f3n de los Sistemas de Retiro (ASR) dispusieron los par\u00e1metros para hacer cumplir la ley. No obstante, la implementaci\u00f3n de la medida est\u00e1 paralizada, por lo que el Senado aprob\u00f3 la Resoluci\u00f3n 32 para investigar su efectividad y posibles alternativas.<\/p>\n En la exposici\u00f3n de motivos de la medida, la paralizaci\u00f3n se le adjudica a la necesidad de precisi\u00f3n sobre c\u00f3mo hacerla cumplir sin perjudicar el funcionamiento gubernamental, su costo para el erario y su cumplimiento con el Plan Fiscal.<\/p>\n Poco antes del cambio de mando gubernamental, la JSF agradeci\u00f3 que el Gobierno de Puerto Rico prometiera detener la implementaci\u00f3n de las Leyes 80, 81 y 82<\/a> \u2014todas relacionadas al retiro de empleados p\u00fablicos\u2014, por ser inconsistentes con el Plan Fiscal. Ninguna deb\u00eda ponerse en marcha, de acuerdo a la misiva, hasta que se llegara a un acuerdo al respecto.<\/p>\n Un estimado apunta a que 17,000 empleados p\u00fablicos podr\u00edan ser elegibles para este programa de retiro incentivado.<\/p>\n En una vista p\u00fablica, el DTRH afirm\u00f3 que 500 cualifican para el Sistema de Retiro, pero no pueden acogerse porque reciben salarios compensados con fondos federales. Del mismo modo, 32 empleados solicitaron acogerse, de los cuales 21 son puestos esenciales.<\/p>\n