otorg\u00f3 hasta las cuatro de la tarde<\/a> de hoy, viernes, a la parte demandante para que enmiende su petici\u00f3n, a los fines de incluir el emplazamiento al Departamento de Justicia, que es el representante oficial del Estado.<\/p>\nLa demanda original solo incluye al Gobernador y Elba Aponte Santos, en car\u00e1cter de nominada secretaria del Departamento de Educaci\u00f3n.<\/p>\n
Durante la vista, la representaci\u00f3n legal de las legisladoras, Carlos Padilla V\u00e9lez, insisti\u00f3 que el Gobernador no pod\u00eda implementar un curr\u00edculo sobre perspectiva de g\u00e9nero por decreto, sin evaluaci\u00f3n de la Asamblea Legislativa. Subray\u00f3 que, al hacerlo, violentaba la Ley 62 de 2017, que dispone un mecanismo para desarrollar un proyecto piloto de escuelas coeducativas dirigido a promover la equidad de g\u00e9nero.<\/p>\n
\u201cAqu\u00ed es una controversia sobre separaci\u00f3n de poderes, donde por un lado est\u00e1 la Ley 62, aprobada en el a\u00f1o 2017 y las \u00f3rdenes ejecutivas promulgadas por la gobernadora V\u00e1zquez Garced y el gobernador Pierluisi. La controversia es si el Estado puede, mediante Orden Ejecutiva, extender a todo el sistema p\u00fablico de ense\u00f1anza el m\u00e9todo de las escuelas coeducativas, que se establecieron bajo la Ley 62 del a\u00f1o 17\u201d, estableci\u00f3 Padilla V\u00e9lez.<\/p>\n
El licenciado subray\u00f3 que la Ley 62 crea un proyecto piloto<\/em> en diez escuelas por dos a\u00f1os, o sea, por un tiempo limitado en una peque\u00f1a porci\u00f3n del pa\u00eds contrario a lo que propone, por su parte, la OE 2021-013 promulgada por Pierluisi Urrutia a finales de enero para decretar un Estado de emergencia por violencia de g\u00e9nero. Es en esa orden que se contempla la creaci\u00f3n de un curr\u00edculo con perspectiva de g\u00e9nero y se deja abierto a implementarse en las 852 escuelas p\u00fablicas en la Isla.<\/p>\n\u201cPor las leyes de hermen\u00e9utica, si fuera todo Puerto Rico no hubiera hecho falta usar el vocablo piloto, ni limitarlo a dos a\u00f1os\u201d, recalc\u00f3 Padilla V\u00e9lez.<\/p>\n
No obstante, el juez Cuevas Ramos plante\u00f3 que el abogado interpretaba el concepto \u201cproyecto piloto\u201d de manera muy restrictiva, pues la Ley 62 tampoco especific\u00f3 un m\u00e1ximo de escuelas que formar\u00edan parte de la prueba.<\/p>\n
\u201cPiloto es experimental como prueba, pero nada impide que como prueba el Gobernador lo implemente en todo Puerto Rico a ver qu\u00e9 sucede\u201d, se\u00f1al\u00f3 Cuevas Ramos.<\/p>\n
Por otro lado, la parte demandada subray\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n activa de las legisladoras del Proyecto Dignidad, ya que las \u00f3rdenes ejecutivas no imped\u00edan que continuaran sus labores de fiscalizaci\u00f3n y legislaci\u00f3n en el Capitolio.<\/p>\n
\u201cHay una falta de jurisdicci\u00f3n y este caso tiene grave caso de justiciabilidad. La parte demandante no ha demostrado tener un da\u00f1o claro, espec\u00edfico, concreto ni palpable, tampoco han demostrado c\u00f3mo las \u00d3rdenes Ejecutivas les impiden hacer legislaci\u00f3n. No est\u00e1 en la demanda ni en la r\u00e9plica\u201d, exclam\u00f3 la licenciada Suzanne Lugo Hern\u00e1ndez.<\/p>\n
A Lugo Hern\u00e1ndez le acompa\u00f1\u00f3 la abogada Kristia M\u00e9ndez en representaci\u00f3n de Justicia, aunque la agencia no hab\u00eda sido emplazada. Los abogados Juan Carlos Ram\u00edrez Ortiz y Tania Libertad Fern\u00e1ndez Medero participaron en representaci\u00f3n de Pierluisi Urrutia y Aponte Santos.<\/p>\n
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