Rossell\u00f3 no quiere seguir presupuesto aprobado<\/i><\/p>\n
Reconociendo que su fallo tendr\u00e1 implicaciones en la habilidad de Puerto Rico para operar eficientemente o la posibilidad que la Junta de Control Fiscal (JCF) pueda ejercer sus funciones designadas por el Congreso, la jueza federal Laura Taylor Swain reserv\u00f3 su decisi\u00f3n en cuanto el pleito incoado por el gobernador Ricardo Rossell\u00f3 Nevares.<\/p>\n
La demanda del primer mandatario persigue una sentencia declaratoria por parte del tribunal para prohibir a la JCF de hacer cumplir ciertas iniciativas presupuestarias mediante el plan fiscal que el gobernador sostiene son recomendaciones al amparo de la ley PROMESA.<\/p>\n
Durante la vista, la representaci\u00f3n legal de la Junta, encabezada por el abogado Martin Bienenstock de la firma Proskauer Rose, se encarg\u00f3 de plantear los argumentos en contra de los se\u00f1alamientos del gobernador.<\/p>\n
Por una parte, asever\u00f3 que el gobernador tiene la facultad, al amparo de la ley 230 (ley de Contabilidad de Gobierno) de realizar reapropiaciones al presupuesto. Sin embargo, esta facultad es incompatible con PROMESA en la medida que el gobernador reasigne partidas no utilizadas en presupuestos pasados pues ser\u00eda contrario al plan fiscal y presupuesto certificado por la JCF, derrotando as\u00ed la misi\u00f3n de ese cuerpo.<\/p>\n
‘La noci\u00f3n de que esto podr\u00eda ocurrir no solo destruye la habilidad (de la Junta) de controlar el presupuesto\u2026 tambien destruye la percepci\u00f3n de que esto es un proceso transparente’, indic\u00f3 Bienenstock en corte, a\u00f1adiendo que ve dif\u00edcil que la intenci\u00f3n del Congreso fuese permitir tal acci\u00f3n, pues socavar\u00eda el plan fiscal.<\/p>\n
En su turno, el abogado del gobierno, Peter Friedman de la firma O’Melveny and Myers, se\u00f1al\u00f3 que el alivio que buscan al impugnar la autoridad de la JCF esta dirigido a balancear el rol del gobierno y rechazar la idea de que no tienen un rol funcional con la imposici\u00f3n de la Junta. A esos efectos, sostuvo que nada en la demanda ataca los poderes que tiene la Junta bajo la ley PROMESA.<\/p>\n
Friedman tambien insisti\u00f3 que la ley PROMESA habla en terminos de recomendaciones que pueda hacer la JCF al gobernador, por lo que la decisi\u00f3n de acoger la recomendaci\u00f3n o no recae sobre el mandatario.<\/p>\n
El mismo argumento se repiti\u00f3 para la demanda que radicaron los presidentes legislativos, tambien contra la JCF, que persegu\u00eda prohibir a ese cuerpo hacer cumplir su presupuesto certificado, en vez del aprobado por la asamblea legislativa. A ese fin, el abogado de la C\u00e1mara, Israel Rold\u00e1n, reiter\u00f3 que a\u00fan cuando la Junta exigi\u00f3 derogar la ley 80 de despido injustificado, en calidad de recomendaci\u00f3n, certific\u00f3 su propia versi\u00f3n del presupuesto que se basaba en la derogaci\u00f3n de ese estatuto, a\u00fan cuando la legislatura rechaz\u00f3 derogarla.<\/p>\n
Sobre el presupuesto, Rold\u00e1n a\u00f1adi\u00f3 que el asunto no es si la Junta tiene el poder de certificar su versi\u00f3n, sino que si las razones para certificarlo fueron v\u00e1lidas. Agreg\u00f3 que la JCF opt\u00f3 por esa v\u00eda como represalia contra la legislatura por no derogar la ley 80.<\/p>\n
Por su parte, el abogado del Senado, Claudio Aliff, se\u00f1al\u00f3 que los estimados que ofreci\u00f3 la JCF no demuestran una mejor\u00eda en el panorama econ\u00f3mico como resultado de la derogaci\u00f3n de la ley 80 hasta el 2020. Sostuvo que la advertencia que plante\u00f3 la Junta de que al no derogar la ley 80 se descuadran las proyecciones es una representaci\u00f3n falsa por parte de la Junta para acomodar su pedido de eliminar ese estatuto laboral, lo que va contrario a sus poderes seg\u00fan la ley PROMESA.<\/p>\n
Bienenstock abord\u00f3 el asunto de la ley 80 al recordar que la derogaci\u00f3n de la ley 80 fue resultado de un acuerdo entre la JCF y el gobierno local a cambio de no recortar los presupuestos de Fortaleza y la Legislatura. Swain cuestion\u00f3 que era tan especial sobre la ley 80, a lo que el abogado respondi\u00f3 que se trata de un asunto pr\u00e1ctico de la empresa privada de poder terminar empleos sin incurrir en litigaci\u00f3n costosa.<\/p>\n
Sobre el planteamiento del licenciado Rold\u00e1n, Bienenstock insisti\u00f3 que la derogaci\u00f3n de la ley 80 fue producto de una negociaci\u00f3n con la legislatura a cambio de un presupuesto mayor. Bienenstock manifest\u00f3 que la palabra ‘represalia’ no est\u00e1 en el vocabulario de la JCF.<\/p>\n
Acreedores advierten polemica con el presupuesto afectar\u00e1 acuerdos<\/strong><\/p>\n Resaltando que no tomar\u00e1n una posici\u00f3n sobre la controversia, el abogado del Comite de Acreedores no Asegurados (CANA), Luc Despins, manifest\u00f3 ante la corte que la controversia en pie tiene el potencial de afectar las negociaciones que han alcanzado con los bonistas de COFINA para repartir una porci\u00f3n del IVU.<\/p>\n Seg\u00fan Despins, tanto el presupuesto como el plan fiscal son esenciales para las negociaciones pues establecen los fondos que el gobierno tendr\u00e1 disponible para el pago de la deuda. En el caso del acuerdo en principio entre los bonistas del gobierno central y los bonistas de COFINA, ese acuerdo estaba basado en el plan fiscal aprobado el 5 de junio, el cual consignaba ciertas proyecciones en relaci\u00f3n a la capacidad de deuda del gobierno.<\/p>\n En respuesta, Bienenstock indic\u00f3 que la JCF no alterar\u00e1 su plan fiscal o el presupuesto para acomodar cualquier acuerdo crediticio y record\u00f3 que cualquier reestructuraci\u00f3n que acuerden debe caber dentro lo que el gobierno puede pagar. ‘El plan fiscal debe ir primero, no el resultado deseado’, manifest\u00f3 el abogado.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Rossell\u00f3 no quiere seguir presupuesto aprobado Reconociendo que su fallo tendr\u00e1 implicaciones en la habilidad de Puerto Rico para operar eficientemente o la posibilidad que la Junta de Control Fiscal (JCF) pueda ejercer sus funciones designadas por el Congreso, la jueza federal Laura Taylor Swain reserv\u00f3 su decisi\u00f3n en cuanto el pleito incoado por el […]<\/p>","protected":false},"author":0,"featured_media":476825,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"ep_exclude_from_search":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-15976","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ultima-hora"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15976","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15976"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15976\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":476826,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15976\/revisions\/476826"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/476825"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15976"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15976"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticel.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15976"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}