Ante un ataque de la exrepresentante Mar\u00eda Milagros \u00abTata\u00bb Charbonier Laureano que puede tener consecuencias tambi\u00e9n en los casos de otros dos representantes acusados de fraude, la fiscal\u00eda federal defendi\u00f3 que su pliego acusatorio est\u00e1 correctamente presentado y que el caso debe seguir hacia juicio, en vez de ser desestimado en etapa preliminar.<\/p>\n
El mes pasado, Charbonier Laureano imput\u00f3 \u00aberrores fatales\u00bb en el pliego acusatorio que, desde su punto de vista, deb\u00edan desembocar en la desestimaci\u00f3n de tres cargos y adelant\u00f3 que presentar\u00eda argumentos de desestimaci\u00f3n para otros cargos. Mediante esquemas separados, pero similares, Charbonier Laureano y los exrepresentantes novoprogresistas Nelson del Valle Col\u00f3n y N\u00e9stor Alonso Vega, enfrentan cargos por inflar el salario de algunos empleados legislativos y luego exigirles que compartieron con ellos parte del dinero del salario, mediante pagos en efectivo, pagos electr\u00f3nicos o cubrirle gastos. Charbonier Laureano enfrenta la particularidad de que su esposo e hijo est\u00e1n acusados como parte del esquema, que incluye imputaciones de lavado de dinero.<\/p>\n
La abogada de la exrepresentante es la exfiscal federal Sonia Torres, quien fue abogada tambi\u00e9n del exsenador H\u00e9ctor Mart\u00ednez en un proceso que dur\u00f3 10 a\u00f1os y como parte del cual fue encontrado culpable dos veces y cumpli\u00f3 c\u00e1rcel antes de que la acusaci\u00f3n fuera desestimada a nivel apelativo.<\/p>\n
Torres ech\u00f3 mano de su experiencia en ese caso para atacar el pliego de Charbonier Laureano con argumentos de que la exlegisladora no era una \u00abagente\u00bb del Gobierno de Puerto Rico, la C\u00e1mara de Representantes no hab\u00eda recibido fondos federales que permitieran la jurisdicci\u00f3n federal y que no hubo soborno porque el salario de su exempleada y coacusada, Frances Acevedo Ceballos, era leg\u00edtimo o \u00abbona fide\u00bb.<\/p>\n
En una moci\u00f3n tarde el mi\u00e9rcoles, la fiscal\u00eda federal us\u00f3 los precedentes del propio caso de Mart\u00ednez para decirle al juez Daniel R. Dom\u00ednguez que no debe conceder la moci\u00f3n de desestimaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00abIgual que los senadores de Puerto Rico son ‘agentes’ del Gobierno (como se estableci\u00f3 en el caso de Mart\u00ednez), de la misma manera lo son los representantes de Puerto Rico, particularmente los representantes por acumulaci\u00f3n, como la acusada, cuyos constituyentes son literalmente, todo Puerto Rico\u00bb, sostuvo la fiscal\u00eda. En cuanto a que se requer\u00eda que la C\u00e1mara hubiera recibido fondos federales para que se justificara la jurisdicci\u00f3n federal, la fiscal\u00eda apunt\u00f3 a que est\u00e1 establecido que lo que tienen que hacer es probar que el Gobierno de Puerto Rico recibi\u00f3 fondos federales, porque el dinero de la Asamblea Legislativa viene del Fondo General del gobierno, no que tienen que probar que espec\u00edficamente la C\u00e1mara recibi\u00f3 dinero federal.<\/p>\n
A\u00f1ade que Charbonier Laureano llev\u00f3 a cabo actos oficiales que le ayudaron a ejecutar el esquema. \u00abLa acusada no meramente us\u00f3 el prestigio de su posici\u00f3n legislativa para llevar a cabo su actividad criminal. Como legisladora estatal, era directamente responsable de asignar los fondos gubernamentales en cuesti\u00f3n y, a la vez, us\u00f3 el poder derivado de su rol legislativo para inflar fraudulentamente el salario de su ayudante\u00bb, sostiene.<\/p>\n
Sobre si el salario de Acevedo Ceballos no es parte de un esquema ilegal porque es \u00abbona fide\u00bb, la fiscal\u00eda record\u00f3 que eso es un punto que lo debe decidir el jurado y que un salario inflado fraudulentamente no puede ser razonablemente \u00abbona fide\u00bb ni tampoco \u00abparte del curso normal de los negocios\u00bb.<\/p>\n
\u00abSi seguimos la l\u00f3gica de la acusada, a\u00fan si hubiera inflado el salario de Acevedo a $1,000,000, no habr\u00eda ilegalidad siempre y cuando los pagos estuvieran estructurados como salario y Acevedo hiciera algo de trabajo leg\u00edtimo. Dicha conclusi\u00f3n ser\u00eda inconsistente con la intenci\u00f3n congresional (del estatuto antisoborno), que es asegurar que los fondos de los contribuyentes no son malgastados en corrupci\u00f3n, como lo fueron en este caso\u00bb, subray\u00f3 la fiscal\u00eda.<\/p>\n
El hijo de la legisladora, Orlando Gabriel Montes Charbonier se uni\u00f3 a la moci\u00f3n de desestimaci\u00f3n para a\u00f1adir que la participaci\u00f3n que se le imputa no es suficiente para sustentar la acusaci\u00f3n y la fiscal\u00eda le ripost\u00f3 que no est\u00e1n obligados a poner toda su prueba en la acusaci\u00f3n y que la lista de actos que se le imputa no es exclusiva de los actos en los que estar\u00eda involucrados, seg\u00fan su prueba.<\/p>\n
\u00abLa acusada y Acevedo acordaron un negocio corrupto en el que Acevedo le remitir\u00eda una cantidad significativa de su pago de n\u00f3mina a la propia acusada, muchas veces en efectivo, con Orlando Montes Rivera (esposo y coacusado) y Montes Charbonier (hijo y coacusado) como intermediarios. La acusada, Montes Rivera y Montes Charbonier entonces lavaron esos fondos a trav\u00e9s de varias cuentas bancarias. La acusada entonces obstruy\u00f3 la investigaci\u00f3n mediante borrar data de su tel\u00e9fono celular, con pleno conocimiento de que hab\u00eda una orden de incautaci\u00f3n contra el aparato… De 2014 hasta temprano en 2017, a Acevedo se le pagaban $800 quincenales. Pero, para el final del esquema de los acusados en julio de 2020, la acusada le pagaba a Acevedo tanto como $2,900 quincenales (un aumento de casi cuatro veces motivado por el esquema de robo y soborno) y Acevedo le estaba devolviendo a la acusada una porci\u00f3n significativa de esos fondos\u00bb, resumi\u00f3 la fiscal\u00eda al reiterar los hechos de su acusaci\u00f3n.<\/p>\n
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Vea:<\/p>\n