Independiente de cu\u00e1ndo se permita la presentaci\u00f3n ante el Tribunal de Quiebras del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) para el Gobierno de Puerto Rico, ese acto no representa una culminaci\u00f3n sino solo el principio de un proceso al que le quedan muchas pugnas que incluyen impugnaciones judiciales de acreedores y votaciones en la Asamblea Legislativa.<\/p>\n
El PAD dictar\u00eda, por los pr\u00f3ximos 20 a 30 a\u00f1os, que Puerto Rico est\u00e1 obligado a pagar una cantidad espec\u00edfica anual a sus acreedores. Ese pago ser\u00eda fijo e ineludible, lo que quedar\u00eda en vaiv\u00e9n ser\u00eda el crecimiento econ\u00f3mico de la isla y la capacidad del gobierno para ser eficiente y mejorar sus finanzas. Todos los residentes de Puerto Rico, entonces, se afectan en dos v\u00edas, una por la cantidad de dinero anual que va a acreedores en vez de a servicios p\u00fablicos y porque el riesgo de lo que pueda salir mal tambi\u00e9n queda sobre los hombros de los residentes en la forma de m\u00e1s impuestos, m\u00e1s tarifas y menos cantidad y calidad de servicios.<\/p>\n
Cuando esta semana la Junta de Control Fiscal (JCF) anunci\u00f3 que hab\u00eda llegado a un \u201cacuerdo en principio\u201d sobre el PAD, su presidente, David Skeel, recalc\u00f3 que \u201ces una propuesta realista\u201d y que el objetivo del ente es \u201cpresentar un plan de ajuste consensuado para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico que incluya a tantos acreedores como sea posible\u00bb.<\/p>\n
Tras consultar con seguidores del tema y examinar la informaci\u00f3n disponible hasta ahora, surge que la Junta parece buscar colocar contra la pared a algunos de los acreedores m\u00e1s belicosos para forzarlos a aceptar t\u00e9rminos, que los t\u00e9rminos de la negociaci\u00f3n no han mejorado para Puerto Rico por la pandemia sino que se han puesto peor y que el plan todav\u00eda tiene que navegar un mar legal, legislativo y de opini\u00f3n p\u00fablica muy picado.<\/p>\n
Antes, un poco de trasfondo.<\/p>\n
Este no es el \u00fanico plan de ajuste, pero es el de mayor cuant\u00eda. Ya la JCF present\u00f3 y consigui\u00f3 aprobaci\u00f3n de planes de ajuste para el Banco Gubernamental de Fomento (con reducci\u00f3n del 45% de la deuda e impacto a los municipios), ciertas l\u00edneas de cr\u00e9dito de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (con ahorros de $380 millones en 10 a\u00f1os), unas deudas en la Autoridad de los Puertos (que baj\u00f3 de $200 a unos $100 millones) y, m\u00e1s notoriamente, el de COFINA (Corporaci\u00f3n del Fondo de Inter\u00e9s Apremiante), que baj\u00f3 la deuda de $17,000 a $12,000 millones y evit\u00f3 una confrontaci\u00f3n judicial entre acreedores de esos bonos respaldados por el Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) y bonistas de Obligaciones Generales (GO). A la Junta le quedan pendientes la reestructuraci\u00f3n de la Autoridad de Energ\u00eda El\u00e9ctrica (AEE), que se prev\u00e9 baje esa deuda de $9,000 a unos $7,000 millones, y el plan que se anticip\u00f3 esta semana que ser\u00eda radicado para el 8 de marzo y que abarca $35,000 millones del gobierno central, la Administraci\u00f3n de Edificios P\u00fablicos (AEP) y la Administraci\u00f3n de los Sistemas de Retiro (ASR).<\/p>\n
La primera discusi\u00f3n de este plan, en septiembre de 2019, ten\u00eda como t\u00e9rminos: a) pagar $2,900 millones en efectivo, b) emitir bonos nuevos por $11,777 millones y c) plan de pago de $1,472 millones por 30 a\u00f1os, seguido por 10 a\u00f1os adicionales de $993 millones en pagos para el acuerdo de COFINA.<\/p>\n
Luego, justo antes de la pandemia en 2020, los t\u00e9rminos divulgados a) aumentan el pago en efectivo a $3,809 millones, b) baja los bonos nuevos a $10,669 millones y c) se siguen pagando $1,472 millones anuales pero en 20 a\u00f1os en vez de en 30, quedando todav\u00eda los pagos de $993 millones anuales para cubrir los 40 a\u00f1os del plan de COFINA.<\/p>\n
En noviembre de 2020, despu\u00e9s de que la negociaci\u00f3n quedara suspendida varios meses por la pandemia, hubo nuevas modificaciones de los t\u00e9rminos que a) aumentaron el pago en efectivo a $5,983 millones, b) aumentaron los nuevos bonos a $11,963 (con el elemento de una f\u00f3rmula de contingencia para parte de la deuda en la que los acreedores cobran m\u00e1s si la econom\u00eda mejora hasta un l\u00edmite) y c) el pago anual que se redujo a $1,050 millones por 20 a\u00f1os, quedando los $993 millones anuales de COFINA hasta hasta completar 40 a\u00f1os.<\/p>\n
Para esta versi\u00f3n del plan, no se han presentado t\u00e9rminos, pero el analista s\u00e9nior de Pol\u00edtica P\u00fablica de Espacios Abiertos, Daniel Santamar\u00eda Ots, indic\u00f3 que de las discusiones han surgido la posibilidad de que a) vuelva a aumentar el pago en efectivo para llevarlo a $9,700 millones y b) aumente el pago anual para llevarlo a entre $1,100 y $1,300 millones.<\/p>\n
Es decir, los t\u00e9rminos para Puerto Rico no necesariamente han mejorado mientras ha pasado el tiempo, lo que para Santamar\u00eda Ots se debe a que \u201ccontra m\u00e1s pasa el tiempo, los acreedores se est\u00e1n dando cuenta de la incapacidad por parte de la Junta de implementar las medidas que van a traer los ahorros que ellos proyectan, cuanto m\u00e1s pasa el tiempo, se dan cuenta de que tiene mucho m\u00e1s valor el efectivo adelante\u201d. Precis\u00f3 que la nueva propuesta significar\u00eda un alivio menor porque en octubre de 2020 la deuda se recortaba entre 66 y 69% mientras que ahora el recorte es de solo 55 q 58%. Un estudio del premio Nobel de Econom\u00eda, Joseph Stiglitz, concluy\u00f3 que el recorte que se ajusta a lo que Puerto Rico realmente puede pagar es de entre 80 y 90%. El director de Pol\u00edtica P\u00fablica del Centro para una Nueva Econom\u00eda, Sergio Marxuach, recomend\u00f3 que se aumente la cantidad del repago que est\u00e1 basado en los bonos atados al desempe\u00f1o econ\u00f3mico (Instrumento de Valor Contingente) y que se reduzca la cantidad que se paga con bonos nuevos de OG. \u201cEsta es una propuesta en la que todos ganan: los inversionistas participan de cualquier escenario econ\u00f3mico potencial al alza; Puerto Rico queda con una carga de deuda sostenible; y ambas partes mitigan el riesgo de un nuevo incumplimiento a corto y mediano plazo\u201d, escribi\u00f3 en un blog<\/a>.<\/p>\n Las ans\u00edas de m\u00e1s recuperaci\u00f3n est\u00e1n animadas en parte por una auditor\u00eda de cuentas del gobierno que realiz\u00f3 la Junta en octubre de 2020 y que reflej\u00f3 que hay unos $24,000 millones de los cuales al menos $10,470 millones no est\u00e1n comprometidos, por lo cual se interpreta que est\u00e1n disponibles para pagar deuda, subray\u00f3 Santamar\u00eda Ots. Adem\u00e1s, en el caso de quiebras se permiti\u00f3 abrir descubrimiento de prueba sobre las propiedades que tiene el gobierno, lo cual puede ser otra fuente de dinero para pagar a acreedores, aunque sea a expensas de que Puerto Rico pierda control de esos activos p\u00fablicos.<\/p>\n El que la jueza Laura Taylor Swain llegue a aprobar un plan de ajuste de deuda depende de una m\u00e1quina con partes en movimiento, partes financieras, partes pol\u00edticas y partes legales.<\/p>\n Seg\u00fan la Ley PROMESA, un plan de ajuste tiene que cumplir con siete criterios expuestos en su Secci\u00f3n 314, que incluyen que se haya obtenido cualquier aprobaci\u00f3n legal o regulatoria para ejecutar el plan y que el mismo sea \u201cfactible y est\u00e9 en los mejores intereses de los acreedores\u201d, subray\u00f3 el licenciado Rolando Emmanuelli, quien participa del caso de quiebras como representante de la Uni\u00f3n de Trabajadores de la Industria El\u00e9ctrica y Riego (UTIER).<\/p>\n Sobre lo que es \u201cfactible\u201d o \u201csostenible\u201d, Santamar\u00eda Ots record\u00f3 que la Junta nunca ha precisado dos cosas fundamentales: a) cu\u00e1nto el gobierno de Puerto Rico puede pagar anualmente y b) cu\u00e1les son los \u201cservicios esenciales\u201d que se tienen que proteger como un m\u00ednimo. Lo que s\u00ed ha hecho es concluir en sus proyecciones que el gobierno volver\u00eda a un escenario de d\u00e9ficit tan temprano como en 2029, por lo que no est\u00e1 claro c\u00f3mo compaginan estar en d\u00e9ficit con comprometerse a hacer los niveles de repago que plantean los planes. Ese d\u00e9ficit llegar\u00eda en 2024 si no se completan las reformas que la Junta ha empujado pero que el gobierno ha mayormente dilatado. Otra pieza sobre si el plan es \u201cfactible\u201d es que, si bien el presupuesto ha tenido un alivio porque desde que se radic\u00f3 la quiebra no ha tenido que pagar deuda, tambi\u00e9n el gobierno asumi\u00f3 el pago de pensiones que antes hac\u00eda la ASR, un pago de $2,300 millones anuales que deja el presupuesto pr\u00e1cticamente en la misma crisis que antes de la radicaci\u00f3n de la quiebra.<\/p>\n Un elemento que levanta exponencialmente el nivel de riesgo es que, una vez el tribunal apruebe el PAD, es final y no se vuelve a revisar, quedando como \u00fanica opci\u00f3n, si no se puede cumplir, el declarar una segunda quiebra.<\/p>\n Pero antes de esa aprobaci\u00f3n, hay muchas etapas.<\/p>\n El PAD tiene que ser radicado y tambi\u00e9n una divulgaci\u00f3n de los t\u00e9rminos, luego hay que someter y conseguir aprobaci\u00f3n de un calendario que recoja las posibilidades de enmiendas, impugnaci\u00f3n, descubrimiento de prueba y para que los acreedores voten y pueda ocurrir, de verdad, una confirmaci\u00f3n del plan por parte de \u00e9stos.<\/p>\n Emmanuelli enfatiz\u00f3 que esa etapa de votaci\u00f3n se menciona poco pero es crucial y no se puede tomar por sentado. Implica, literalmente, que cada uno de los cientos de miles de miembros de las distintas clases de acreedores tienen la facultad de emitir un voto individual para expresarse sobre el plan, seg\u00fan los t\u00e9rminos. Por ejemplo, en 2019, la Asociaci\u00f3n de Maestros comenz\u00f3 con un \u201cacuerdo\u201d con la Junta sobre el PAD, pero cuando lo llevaron a votaci\u00f3n de la matr\u00edcula, fue rechazado y ese sindicato se qued\u00f3 fuera de los que apoyan el plan. La Junta solo necesita el apoyo de una de las clases de acreedores, pero el nivel de apoyo general al plan es tambi\u00e9n un indicativo que la jueza puede tomar en consideraci\u00f3n.<\/p>\n Al d\u00eda de hoy, la Junta plantea tener el apoyo del Comit\u00e9 Oficial de Retirados (que representa a 167,000 pensionados), de algunas uniones y de acreedores de la AEP, pero esos apoyos tienen que pasar por la prueba de que sus miembros lo aprueben porque los comit\u00e9s negocian pero no dan aval final a nombre de sus miembros. En este PAD, se da por descontado el apoyo de los acreedores no asegurados, que est\u00e1n recibiendo un pago de menos de 3 centavos por cada d\u00f3lar de deuda. Este grupo es amplio y, despu\u00e9s de los pensionados, es probablemente el que m\u00e1s impacto tiene en la econom\u00eda de Puerto Rico porque son proveedores de servicio al gobierno que en su mayor\u00eda son residentes de la isla. Una estrategia que puede estar buscando la Junta es buscar apoyo de otros grupos para que los acreedores de bonos GO queden aislados, ya que en ese grupo est\u00e1n los fondos de cobertura, algunos de la categor\u00eda de \u201cfondos buitre\u201d, que son los que m\u00e1s preparados est\u00e1n para luchar contra el plan y litigar para \u201cexprimir al m\u00e1ximo\u201d sus posibilidades de repago, record\u00f3 Santamar\u00eda Ots. Este tipo de acreedor gan\u00f3 terreno con la \u00faltima emisi\u00f3n de bonos que realiz\u00f3 el gobierno en 2014, bajo la Administraci\u00f3n Garc\u00eda Padilla, cuando ya los riesgos de insolvencia del gobierno estaban sobre la mesa.<\/p>\n \u201cVa a haber litigaci\u00f3n y va a durar meses\u201d, anticip\u00f3 Emmanuelli. Esta litigaci\u00f3n puede venir de cualquiera que plantee estar afectado por el plan y haya radicado una reclamaci\u00f3n formal (\u201cproof of claim<\/em>\u201d).<\/p>\n Pero tambi\u00e9n el litigio puede ser con los elementos del plan que tengan que pasar por la Legislatura, como ocurri\u00f3 con el plan de COFINA, el cual en su momento fue aprobado por la entonces mayor\u00eda legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP). Hoy la Legislatura tiene otra composici\u00f3n, plural, y ya en el Senado se aprob\u00f3 esta semana un\u00e1nimemente la Resoluci\u00f3n Concurrente 6 para establecer que no se aprobar\u00e1 legislaci\u00f3n \u201cque viabilice un plan de ajuste que incluya recortes adicionales a la Universidad de Puerto Rico, recortes a las pensiones de los retirados de las agencias e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sin permitir mecanismos alternos que propicien el pago total de sus pensiones, que incluya pago a deuda ileg\u00edtima y sin que est\u00e9 acompa\u00f1ado de un an\u00e1lisis de sustentabilidad de la deuda\u201d. El autor de la medida, senador Juan Zaragoza G\u00f3mez, tambi\u00e9n radic\u00f3 un proyecto de ley (P del S 181) que enmendar\u00eda la ley de la Autoridad de Asesor\u00eda Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para aclarar que el ejercicio de las facultades legales de la agencia deben responder a la pol\u00edtica p\u00fablica de \u201ccero recortes a las pensiones, defensa de la Universidad de Puerto Rico, an\u00e1lisis de sostenibilidad de la deuda, y no emitir pago a deuda ilegal\u201d.<\/p>\n Los tribunales han avalado completamente el poder de la Junta bajo PROMESA para detener la aplicaci\u00f3n de reglamentos, leyes y para ejecutar todo el proceso de creaci\u00f3n de presupuesto sin intervenci\u00f3n de la Legislatura, pero hasta ahora no han atendido directamente si la Junta tiene el poder para obligar a legislar los elementos necesarios para un plan de ajuste.<\/p>\n Un desarrollo judicial de esta misma semana a\u00f1ade otro elemento, record\u00f3 Emmanuelli. El Primer Circuito de Apelaciones dijo que las partes que impugnen un plan de ajuste tienen que solicitar la paralizaci\u00f3n de la efectividad del plan tan pronto la jueza lo apruebe y, de ser denegado a ese nivel, pedir la paralizaci\u00f3n en apelaciones, lo cual no es una garant\u00eda de que alguno de los foros paralice el plan, pero es otro mecanismo que puede atrasar la puesta en vigor de un plan.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La pandemia tuvo poco efecto en las negociaciones, seg\u00fan lo conocido hasta ahora, y la radicaci\u00f3n del plan abre espacio para impugnaci\u00f3n por parte de cualquier acreedor afectado. 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