El Departamento de Hacienda someti\u00f3 el martes sus comentarios al nuevo reglamento del Departamento del Tesoro federal que puede dar al traste con la Ley 154 que, desde el 2011, le ha dado una inyecci\u00f3n de $2,000 millones anuales al presupuesto del gobierno mediante un arbitrio especial sobre ciertas transacciones de corporaciones for\u00e1neas.<\/p>\n
El arbitrio de la Ley 154 se convirti\u00f3 en ley en 2010 y expira en el 2026. A pesar de esa fecha de expiraci\u00f3n en apenas cinco a\u00f1os, el Gobierno de Puerto Rico no ha presentado una propuesta contributiva o de estrategia de desarrollo econ\u00f3mico que represente una sustituci\u00f3n para el arbitrio del 2027 en adelante. Desde su creaci\u00f3n, ha representado consistentemente alrededor del 20% de los recaudos del gobierno.<\/p>\n
La Ley 154 impone un arbitrio de 4% sobre ciertas compras que hacen corporaciones for\u00e1neas ubicadas en Puerto Rico. Hay 40 empresas a las que les aplica, pero tan solo 10 de ellas son responsables del 75%, o unos $1,500 millones. Los decretos contributivos con las distintas empresas son el instrumento para implementar el arbitrio y estos tienen vigencia de entre 10 a 15 a\u00f1os. Las empresas pagan el arbitrio a Puerto Rico y lo reclaman como un cr\u00e9dito en sus contribuciones federales. En la pr\u00e1ctica, el efecto del reglamento propuesto ser\u00eda no reconocer ese cr\u00e9dito lo que hace que el arbitrio se convierta en un costo de hacer negocios en la isla y puede llevar a que concluyan que, junto a otros costos como la energ\u00eda el\u00e9ctrica e infraestructura, no les es rentable mantener sus operaciones en Puerto Rico. El cierre, o la reducci\u00f3n de su actividad aqu\u00ed, ser\u00eda el resultado de ese c\u00e1lculo.<\/p>\n
Ante esto, el esfuerzo inmediato de Hacienda est\u00e1 dirigido a atender la propuesta de reglamento federal que puede terminar con la efectividad del arbitrio como mecanismo de recaudo. La respuesta del departamento en su comentario al reglamento fue en dos v\u00edas: a) que se le deben incluir cambios para aclarar que no aplica a las empresas en Puerto Rico o, si no se consiguen las aclaraciones, b) que el Tesoro conceda un periodo de gracia de tres a\u00f1os desde que el reglamento se convierta en final. Ese periodo de gracia puede posponer el impacto del reglamento hasta una fecha cercana al l\u00edmite de la Ley 154 en 2026.<\/p>\n
\u201cLo que le conviene a Puerto Rico es certeza (sobre qu\u00e9 es lo que va a aplicar)\u201d, dijo el secretario de Hacienda, Francisco Par\u00e9s Alicea, en una llamada de conferencia sobre las recomendaciones. El funcionario explic\u00f3 que se han modelado escenarios de c\u00f3mo recuperar los $2,000 millones de parte del mismo grupo de empresas, pero aplicando otros mecanismos contributivos. Sin embargo, admiti\u00f3 que los modelos no llegan a una sustituci\u00f3n completa de los $2,000 millones. \u201cAl final del d\u00eda, lo m\u00e1s importante es tener un panorama de certeza de cara al futuro de c\u00f3mo interact\u00faa el c\u00f3digo (contributivo) de Puerto Rico con el (c\u00f3digo) federal\u201d, subray\u00f3 Par\u00e9s Alicea al tocar un punto m\u00e1s profundo que va m\u00e1s all\u00e1 del reglamento y que aparece ampliado en el documento formal de Hacienda, sobre las vueltas interpretativas que hay que hacer para lograr que el aparato federal entienda, y respete, que Puerto Rico tiene un sistema contributivo propio, aunque est\u00e9 dentro del sistema de los Estados Unidos.<\/p>\n
Seg\u00fan Par\u00e9s Alicea, Puerto Rico es v\u00edctima de los intentos del Tesoro de atajar el abuso de lo que se ha conocido como los \u201cimpuestos digitales\u201d que empresas estadounidenses pagan en otras jurisdicciones, en detrimento del fisco federal. Por esto, parte del esfuerzo es convencer al Tesoro que, aunque los mecanismos contributivos se parecen, la isla no es un \u201cgobierno extranjero\u201d. \u201cPuerto Rico no es el foco de atenci\u00f3n (del reglamento propuesto)\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n
\u201cLos pa\u00edses extranjeros que imponen a empresas estadounidenses impuestos sobre bienes digitales son realmente extranjeros y los impuestos que recaudan van a tesoros extranjeros para apoyar programas gubernamentales extranjeros. Los Estados Unidos no se benefician de la imposici\u00f3n de estas contribuciones y no contribuyen a mejorar el Gobierno de los Estados Unidos o las vidas de americanos. Entendemos plenamente por qu\u00e9 el Gobierno de los Estados Unidos no querr\u00eda subsidiar estos impuestos o fomentar que los gobiernos extranjeros los impongan\u201d, dice la carta de Hacienda al Tesoro.<\/p>\n
\u201cEn contraste, la contribuci\u00f3n de la Ley 154 la impone un gobierno americano territorial para el prop\u00f3sito de apoyar operaciones gubernamentales que benefician a ciudadanos americanos. En t\u00e9rminos pr\u00e1cticos, estos impuestos tienen el mismo impacto econ\u00f3mico que las contribuciones impuestas por cualquier gobierno estadounidense estatal o local. El impacto de las reglas propuestas, si el Tesoro concluye que en efecto aplica t\u00e9cnicamente a Puerto Rico, ser\u00eda privar a un territorio americano de casi un cuarta parte de su presupuesto, provocando potencialmente que compa\u00f1\u00edas estadounidenses abandonen Puerto Rico causando un alza dram\u00e1tica en desempleo y otras formas de da\u00f1o econ\u00f3mico en un territorio de los Estados Unidos que ha sufrido de una recesi\u00f3n econ\u00f3mica larga y de un hurac\u00e1n masivo que atras\u00f3 su recuperaci\u00f3n econ\u00f3mica\u201d, a\u00f1ade el documento que atribuye 78,000 empleos directos e indirectos a las empresas que pagan el arbitrio de Ley 154.<\/p>\n
Adem\u00e1s del reglamento propuesto, la aplicaci\u00f3n de la Ley 154 enfrenta un empuje de la Junta de Control Fiscal para que el gobierno produzca alternativas a esa tributaci\u00f3n. Hacienda est\u00e1 haciendo modificaciones a una propuesta que busca que el impuesto pueda aplicar no solamente a los bienes que se manufacturan en la isla sino tambi\u00e9n cuando aqu\u00ed se hace solo una parte de ese bien. Esto debe abrir la posibilidad de que aumenten las l\u00edneas de producci\u00f3n que se pueden instalar en Puerto Rico, dijo el funcionario.<\/p>\n
Par\u00e9s Alicea apunt\u00f3 tambi\u00e9n que solicit\u00f3 una reuni\u00f3n a la nueva jefa del Tesoro, Janet Yellen, para explicarle \u201cla importancia de la manufactura en la isla\u201d.<\/p>\n
El reglamento propuesto est\u00e1 abierto para comentarios hasta el 11 de febrero y luego el Tesoro tomar\u00eda su determinaci\u00f3n. Par\u00e9s Alicea indic\u00f3 que los comentarios que ha visto hasta ahora no atienden directamente los efectos sobre Puerto Rico y piden que sea el Congreso el que haga legislativamente las determinaciones que el Tesoro pretende hacer administrativamente.<\/p>\n
Para ver la carta de Hacienda, pulse aqu\u00ed.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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