El Tribunal de Primera Instancia concluy\u00f3 que la informaci\u00f3n que publica el Departamento de Desarrollo Econ\u00f3mico y Comercio (DDEC) sobre los beneficiarios de decretos contributivos no violenta las leyes 20 y 22 y tampoco la privacidad de los beneficiarios ni perjudica a terceros.<\/p>\n
El pleito lo present\u00f3 la Puerto Rico Privacy Association, Inc. (PRPA), una entidad sin fines de lucro creada el a\u00f1o pasado y que antes se conoc\u00eda como Individual Incentives Investors Right Group, Inc., en contra del DDEC. Tras la radicaci\u00f3n, la entidad Espacios Abiertos intervino para apoyar la posici\u00f3n del gobierno de que la informaci\u00f3n deb\u00eda permanecer publicada.<\/p>\n
La PRPA present\u00f3 varios argumentos, incluyendo que los inversionistas beneficiarios de los decretos ten\u00edan una expectativa de privacidad, que la informaci\u00f3n divulgada es de naturaleza financiera confidencial y que la publicaci\u00f3n pod\u00eda causar da\u00f1os a terceros.<\/p>\n
Pero el juez Anthony Cuevas Ramos descart\u00f3 esos argumentos y declar\u00f3 con lugar la solicitud de desestimaci\u00f3n del DDEC. La publicaci\u00f3n del DDEC, accesible en este enlace<\/a>, es resultado de la ley de 2015 que orden\u00f3 la creaci\u00f3n de un Portal Interagencial de Validaci\u00f3n para la Concesi\u00f3n de Incentivos para el Desarrollo Econ\u00f3mico de Puerto Rico y los datos publicados son el nombre del beneficiario, la ley bajo la cual tiene su decreto y la fecha en que fue otorgado.<\/p>\n \u201c[E]l punto de partida por el cual se debe comenzar es que la presunci\u00f3n es que los decretos y la informaci\u00f3n contenida en estos es p\u00fablica. El peso de establecer que cierta informaci\u00f3n p\u00fablica es confidencial recae sobre quien lo reclama. El Demandante no ha podido demostrar que a la informaci\u00f3n publicada por el DDEC cae bajo alguna de las excepciones mencionadas\u201d, dijo Cuevas Ramos al recordar que el derecho constitucional de acceso a la informaci\u00f3n crea una presunci\u00f3n de publicidad y que el Tribunal Supremo solo ha reconocido cinco excepciones a esa presunci\u00f3n.<\/p>\n El juez coincidi\u00f3 con la PRPA en que la informaci\u00f3n financiera de los beneficiarios de decretos es confidencial, pero \u201cno toda la informaci\u00f3n de una persona se considera como financiera\u201d. \u201cEn este caso, la informaci\u00f3n que se incluy\u00f3 en la Lista, los nombres de las personas que ostentan un decreto y la ley bajo la cual lo ostentan no es informaci\u00f3n financiera que pudiera hacerle da\u00f1o a los Individuos Inversionistas. Uno es los nombres de las personas que contratan con el gobierno a trav\u00e9s de un decreto y la ley, la cual es p\u00fablica, bajo la cual se contrat\u00f3. No estamos ante la publicaci\u00f3n de los estados financieros, informaci\u00f3n bancaria, cantidades de ingreso bruto o neto, planillas o detalles espec\u00edficos sobre los negocios de estos Individuos Inversionistas, ni informaci\u00f3n como direcciones residenciales o n\u00fameros de seguro social\u201d, precis\u00f3.<\/p>\n \u201cEl Demandante reclama una expectativa razonable de intimidad y un derecho adquirido, pero no demuestra de d\u00f3nde surge tal expectativa y tal derecho… El Demandante confunde las presunciones y presume que, como la ley ni el decreto establecen que la informaci\u00f3n p\u00fablica se debe publicar, que esto significa que, autom\u00e1ticamente, la informaci\u00f3n se ha convertido en confidencial. Esto es contrario al derecho constitucional de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y a la pol\u00edtica p\u00fablica del Estado. Para que informaci\u00f3n p\u00fablica se considere confidencial debe haber un acto afirmativo que as\u00ed lo declare\u201d, argument\u00f3.<\/p>\n \u201cEl Demandante, adem\u00e1s, mencion\u00f3 que revelar la informaci\u00f3n pudiera lesionar derechos fundamentales de terceros. Aun as\u00ed, estos no demostraron quienes son los terceros que se ver\u00edan afectados y c\u00f3mo estos se ver\u00edan afectados, m\u00e1s all\u00e1 de hacer menci\u00f3n de la excepci\u00f3n. La cr\u00edtica o fiscalizaci\u00f3n por el Pueblo, quien tiene un inter\u00e9s apremiante sobre el erario, no es un da\u00f1o suficiente como para violentar el derecho de estos al acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica. Debemos recordar que estos decretos son considerados como contratos por la misma ley que los crea y todos los contratos del Gobierno de Puerto Rico son informaci\u00f3n p\u00fablica\u201d, concluy\u00f3.<\/p>\n Vea:<\/p>\n Grupo de inversionistas demanda al gobierno alegando violaci\u00f3n a la privacidad <\/a><\/p>\n