Los demandantes no disputan esta secci\u00f3n, pero sostienen que Laboy actu\u00f3 de manera ilegal porque public\u00f3 los beneficiarios que hab\u00edan obtenido sus decretos antes de la vigencia de la Ley 60, y su interpretaci\u00f3n es que los que tengan beneficios despu\u00e9s de la Ley 60 saben que su informaci\u00f3n ser\u00e1 publicada, pero los que obtuvieron los decretos antes de la Ley 60 ten\u00edan una expectativa de privacidad.<\/p>\n
La lista del DDEC divulga informaci\u00f3n en tres columnas: una para el tipo de incentivo, una para el beneficiario y una para la fecha de otorgaci\u00f3n del incentivo. No incluye informaci\u00f3n financiera, residencial, de oficina ni corporativa de los beneficiarios.<\/p>\n
Los demandantes sostienen que la opini\u00f3n p\u00fablica es que los beneficiarios de decretos contributivos son \u201cs\u00faper ricos\u201d y que \u201cesa perspectiva sirve, por ejemplo, de combustible al crimen organizado toda vez que en la Lista los Individuos Inversionistas fueron identificados como tenedores de decretos contributivos bajo la Ley 22-2012 y, por tanto, bajo un rengl\u00f3n contributivo privilegiado e inmeritoriamente infame. Debido a la percepci\u00f3n colectiva que se ha creado en cuanto a los Individuos Inversionistas, cualquier persona podr\u00eda razonablemente pensar que los nombrados en la Lista viven en comunidades de nuestra Isla con capital y bienes significativos\u201d.<\/p>\n
A\u00f1aden que los que deben tener la informaci\u00f3n de los decretos para fiscalizarlos son los funcionarios del DDEC y el Departamento de Hacienda, a cuyo Secretario tambi\u00e9n demandaron, porque \u201cla ciudadan\u00eda no juega un rol fiscalizador en esos asuntos ni tampoco puede el DDEC colocar en ella mediante la publicaci\u00f3n de la Lista esa funci\u00f3n inherentemente del Ejecutivo, particularmente en cuanto a personas naturales\u201d.<\/p>\n
El Gobierno de Puerto Rico someti\u00f3 una moci\u00f3n de desestimaci\u00f3n en nombre de los secretarios del DDEC y Hacienda en la que argumentan que \u201cno ha[n] incumplido su deber ministerial de proteger la informaci\u00f3n confidencial relacionada con los Negocios Exentos\u201d. \u201cDe hecho, el \u00fanico deber ministerial que impone nuestro ordenamiento en relaci\u00f3n con la controversia de autos es, en efecto, el deber que tiene el DDEC de publicar los nombres de los individuos concesionarios de decreto, incluyendo aquellos cobijados por la Ley 22-2012\u201d. En ese sentido, a\u00f1adieron que la solicitud de PRPA es improcedente porque lo que buscan es una orden del tribunal para que no se cumpla una ley, en vez de una orden para que se cumpla.<\/p>\n
El gobierno dijo tambi\u00e9n que los demandantes se equivocan en su razonamiento sobre los derechos que adquirieron cuando obtuvieron su decreto bajo la Ley 22 porque en ning\u00fan lugar de esa ley se proh\u00edbe la publicaci\u00f3n de la informaci\u00f3n que el DDEC public\u00f3, por lo que no hab\u00eda un compromiso de confidencialidad. \u201c[C]ontrario a otros casos de acceso a informaci\u00f3n p\u00fablica donde se solicita informaci\u00f3n del expediente de decreto, lo cual incluye informaci\u00f3n de naturaleza contributiva, financiera y\/o de negocios, es forzoso concluir que la mera publicaci\u00f3n del nombre de un concesionario de decreto no violenta el derecho a la intimidad de estas personas… La parte demandante no ha establecido una ley que claramente disponga la confidencialidad de los nombres de los concesionarios de decreto\u201d, a\u00f1ade la moci\u00f3n de desestimaci\u00f3n.<\/p>
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<\/a><\/div>\n\u201cA partir de la publicaci\u00f3n, la Lista se ha hecho eco tanto de las manijas gubernamentales como de las redes sociales privadas, que han facilitado intr\u00ednsecamente su circulaci\u00f3n a escala mundial\u201d, argument\u00f3 la PRPA, a la vez que sostuvo que \u201cal otorgar los decretos contributivos bajo la Ley 22-2012, los Individuos Inversionistas no renunciaron a su derecho a la intimidad. Tampoco renunciaron al derecho a la confidencialidad sobre su identidad y sobre su informaci\u00f3n contributiva y financiera que les ampara bajo el C\u00f3digo de Rentas Internas y la Constituci\u00f3n de Puerto Rico\u201d.<\/p>\n
Tax Incentives Association, Inc., una entidad que agrupa a profesionales que trabajan con estos programas de incentivos reaccion\u00f3 a la demanda indicando que es producto de cambios de pol\u00edtica p\u00fablica que afectan los t\u00e9rminos establecidos al momento de estos contribuyentes entrar en los acuerdos con el gobierno de Puerto Rico\u201d. \u201cEntendemos que esta pr\u00e1ctica afecta negativamente la credibilidad del programa, por lo que siempre ha sido nuestra posici\u00f3n y hemos exhortado al gobierno a que promueva la estabilidad de los t\u00e9rminos establecidos con los contribuyentes\u201d.<\/p>\n
En este a\u00f1o, la operaci\u00f3n de los decretos contributivos en Puerto Rico ha sido objeto de fiscalizaci\u00f3n p\u00fablica, principalmente de parte del Congreso, donde se pidi\u00f3 al Departamento del Tesoro federal que examinara c\u00f3mo se hab\u00edan aplicado y qu\u00e9 efecto ten\u00edan, si alguno, sobre los estados la mudanza de individuos de altos ingresos a la isla. Como consencuencia, el Tesoro someti\u00f3 un informe al Congreso en el que no recomend\u00f3 cambios a las leyes, espec\u00edficamente la 20 y 22, pero resalt\u00f3 que hab\u00eda que reforzar la cooperaci\u00f3n de Hacienda con el gobierno federal porque esa agencia no entreg\u00f3 toda la informaci\u00f3n que hab\u00eda solicitado el Servicio de Rentas Internas (IRS).<\/p>\n
Adem\u00e1s, la Divisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal del Servicio de Rentas Internas federal (IRS-CI) present\u00f3 un caso criminal contra el socio de BDO Puerto Rico, Gabriel Hern\u00e1ndez Col\u00f3n, en un caso de fraude contributivo en el que usaron un agente encubierto y tras el cual abiertamente dijeron que se trataba de una advertencia a los beneficiarios de los incentivos, y a los profesionales que les asisten, de que estaban mirando de cerca esos tr\u00e1mites. En una demanda radicada a nivel federal el viernes pasado, se divulga que el IRS realiz\u00f3 allanamientos el 21 de octubre pasado en las oficinas de la empresa Next Gen Media LLC, que disfruta de un decreto bajo Ley 20, y de uno de sus empleados. Los agentes buscaban informaci\u00f3n relacionada con la posibilidad de evasi\u00f3n contributiva y cr\u00edmenes relacionados, as\u00ed como comunicaciones con Hern\u00e1ndez Col\u00f3n, el representante de Next Gen, Mark Gold, BDO Puerto Rico, Jorge Kuilan, The 20\/22 Act Foundation, Inc., y The 20\/22 Act Society, Inc. Estas \u00faltimas dos son entidades creadas por algunos beneficiarios para incidir p\u00fablicamente en temas relacionados a los incentivos. Gold es beneficiario de la Ley 22.<\/p>\n
En el informe al Congreso, el IRS dijo que identificaron a 1,924 entidades beneficiadas bajo la Ley 20 y 2,331 beneficiarios desde 2012 bajo la Ley 22. Hacienda solo otorg\u00f3 informaci\u00f3n de 647 beneficiarios y el IRS concluy\u00f3 que ese subgrupo hab\u00eda pagado colectivamente $557,978,112 en impuestos federales en los cinco a\u00f1os anteriores. Esa muestra que entreg\u00f3 Hacienda incluy\u00f3 a 166 puertorrique\u00f1os que resid\u00edan fuera de la isla pero se relocalizaron bajo la protecci\u00f3n contributiva de la Ley 22.<\/p>\n
Para ver la demanda, pulse aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n Para ver la moci\u00f3n de desestimaci\u00f3n que someti\u00f3 el Gobierno de Puerto Rico, pulse aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n Vea tambi\u00e9n:<\/p>\n Sin cooperaci\u00f3n total de PR, el IRS hace recomendaciones al Congreso sobre leyes 20 y 22 <\/a><\/p>\n IRS pide cooperaci\u00f3n para casos de fraude de PPP, PUA y 20\/22<\/a><\/p>\n