En el caso de Hern\u00e1ndez Col\u00f3n, IRS-CI coloc\u00f3 a un agente encubierto posando como empresario interesado en los incentivos de las leyes 20 y 22 y, seg\u00fan la acusaci\u00f3n federal, el CPA habr\u00eda confeccionado documentaci\u00f3n financiera y corporativa falsa para conseguirle los beneficios al encubierto. Hatcher ofreci\u00f3 el n\u00famero 954-991-4376 como la l\u00ednea para cooperadores.<\/p>\n
La Ley 20 aplica a entidades que se establecen en Puerto Rico (sin importar qui\u00e9nes o de d\u00f3nde son sus due\u00f1os) que ofrecen servicios de exportaci\u00f3n. Bajo esa ley, por ejemplo, est\u00e1n cobijados algunos exponentes puertorrique\u00f1os de la m\u00fasica urbana. Por otro lado, la Ley 22 ofrece una tasa contributiva reducida a individuos de altos ingresos que se mudan a Puerto Rico pasando aqu\u00ed por lo menos seis meses y un d\u00eda. De esta manera, esos individuos pueden usar la tasa contributiva m\u00e1s beneficiosa de Puerto Rico para tributar sus ingresos, aunque sean ingresos que vengan de actividades e inversiones en otras jurisdicciones.<\/p>\n
Aunque no contest\u00f3 preguntas sobre casos o gestiones investigativas espec\u00edficas, Hatcher mencion\u00f3 que algunas de las \u00e1reas que miran por posible acci\u00f3n fraudulenta en estos incentivos son solicitudes falsas, arreglos comerciales falsos, declaraciones de residencia (tiempo que la persona pas\u00f3 en la isla para poder acogerse al beneficio), cualificaciones de un negocio y \u201ccualquier cosa que pueda falsearse para hacer que la persona sea elegible a un programa gubernamental al que, de ordinario, no ser\u00edan elegibles\u201d. No solo los beneficiarios de los incentivos pueden ser objeto de las investigaciones sino que, como en el caso de Hern\u00e1ndez Col\u00f3n, lo pueden ser contables que preparan documentos contributivos, agentes residentes en corporaciones y directivos en entes corporativos que est\u00e1n bajo cobijados por los incentivos.<\/p>\n
Ese criterio investigativo sobre la elegibilidad de programas aplica tambi\u00e9n a las ayudas por pandemia como las de los programas de Pago de Impacto Econ\u00f3mico (el cheque de $1,200), los pr\u00e9stamos del Programa de Protecci\u00f3n de N\u00f3mina (PPP, por sus siglas en ingl\u00e9s) y el Seguro por Desempleo Pand\u00e9mico (PUA, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n
Seg\u00fan la informaci\u00f3n contenida en los informes de transici\u00f3n de los departamentos de Hacienda y del Trabajo y Recursos Humanos, la primera agencia distribuy\u00f3 hasta ahora $2,677,722,679 a 1,761,598 beneficiarios mientras que la segunda dependencia distribuy\u00f3, entre varios tipos de ayuda federal, $6,026,394,430.49. Trabajo a\u00f1adi\u00f3 que, en 71 arrestos por fraude en el desempleo pand\u00e9mico, han podido recuperar $448,954 y otros $56 millones se han recuperado mediante cheques devueltos por distintos tipos de ayuda de personas que no cumpl\u00edan con los requisitos incluyendo menores de edad, confinados, 3,143 empleados municipales, y 9,094 funcionarios p\u00fablicos.<\/p>\n
\u201cCada programa gubernamental que pueda ser abusado de manera criminal o fraudulenta va a ser una \u00e1rea de preocupaci\u00f3n para nosotros\u201d, dijo Hatcher, quien lleg\u00f3 a la direcci\u00f3n de la oficina de Miami a principios de octubre, aunque lleva 19 a\u00f1os como agente del IRS-CI en distintas funciones. Uno de sus focos gerenciales va a ser aumentar la cantidad de agentes de la oficina, incluyendo los agentes asignados a materias de Puerto Rico.<\/p>
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<\/a><\/div>\nEl IRS-CI es la agencia representante de los Estados Unidos en el Joint Chiefs of Global Tax Enforcement, conocida como J5<\/a>, un grupo internacional de cinco pa\u00edses enfocados en investigar cr\u00edmenes contributivos de escala mundial. Una de las primeras investigaciones del grupo es una entidad financiera for\u00e1nea con sede en Puerto Rico y a la que est\u00e1 ligado el beneficiario de Ley 22, Peter Schiff.<\/p>\n Hatcher calific\u00f3 como una materia que se resuelve a nivel central del Tesoro federal, y no en la oficina de Miami, las preguntas sobre los se\u00f1alamientos que se hicieron contra el Departamento de Hacienda en un informe congresional sobre las leyes 20 y 22 en Puerto Rico y en el que se indica que Hacienda no entreg\u00f3 toda la informaci\u00f3n que se solicit\u00f3 sobre los beneficiarios de esos incentivos.<\/p>\n \u201cCada vez que miembros del Congreso y el p\u00fablico plantean sus preocupaciones, las tomamos muy en serio\u201d, se limit\u00f3 a contestar cuando se le pregunt\u00f3 cu\u00e1nta de su agenda investigativa en Puerto Rico est\u00e1 dictada por los reclamos p\u00fablicos que han hecho algunos miembros del Congreso para que se examine c\u00f3mo las leyes 20 y 22 pueden impactar al Tesoro federal. P\u00fablicamente, ese reclamo result\u00f3 en un informe que public\u00f3 NotiCel en el que, adem\u00e1s de consignar la falta de cooperaci\u00f3n completa de parte de Hacienda, no recomiendan cambios a estas leyes pero s\u00ed mantener la supervisi\u00f3n sobre las mismas.<\/p>\n Vea:<\/p>\n Los \u201cpeque\u00f1os y medianos negocios\u201d de PR que recibieron millones en pr\u00e9stamos PPP <\/a><\/p>\n Acusaci\u00f3n federal contra Hern\u00e1ndez, contraataca el Tesoro federal <\/a><\/p>\n