La auditor\u00eda hall\u00f3 que el Municipio no le exigi\u00f3 a la corporaci\u00f3n la presentaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n jurada requerida por la Ley 458-2000 la cual debe establecer que la corporaci\u00f3n no ha sido convicta ni se ha declarado culpable de delitos contra la integridad p\u00fablica.<\/p>\n
El Municipio tampoco cumpli\u00f3 con lo requerido en la Ley 84-2002 la cual dispone que todo contrato debe incluir una cl\u00e1usula de resoluci\u00f3n en caso de que la persona que contrate con las agencias ejecutivas, resultare convicta, en la jurisdicci\u00f3n estatal o federal por algunos de los delitos establecidos. Estos contratos podr\u00edan ser nulos y el Municipio tendr\u00eda que recobrar $55,000,000 desembolsados en la compraventa del parque industrial.<\/p>\n
Lea m\u00e1s en: Victoria parcial de San Juan en investigaci\u00f3n sobre Ramallo<\/a><\/p> El informe comenta con respecto a esta transacci\u00f3n que la Legislatura Municipal no tuvo la informaci\u00f3n completa al evaluar la emisi\u00f3n de deuda mediante bonos de renta para la adquisici\u00f3n de la propiedad. El director de Gerencia y Presupuesto entonces, present\u00f3 una tabla de amortizaci\u00f3n a 25 a\u00f1os sin incluir los gastos de operaci\u00f3n, de las utilidades, ni del mantenimiento de las facilidades.<\/p>\n Adem\u00e1s, del 2010 al 2016, los ingresos por el arrendamiento, no cubrieron ni el 50% de los pagos del principal e intereses, la operaci\u00f3n tuvo una deficiencia en ingresos por $10,065,938 y la corporaci\u00f3n no le hab\u00eda pagado al Municipio ni una tercera parte de los pagos de renta. De hecho, el Municipio radic\u00f3 dos demandas por cobro de dinero y desahucio en el 2015, que al 21 de marzo de 2019 estaba pendiente de resoluci\u00f3n por el Tribunal.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/cdn.noticel.com\/2026\/07\/30092129\/106-2026-21_Magna-Verano-Display-v.02_729x90-2.jpg\")
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