Esa proyecci\u00f3n, a su vez, est\u00e1 predicada en el cierre de penales. El Departamento de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n (DCR) cuenta con 28 instituciones correccionales para adultos y 2 centros de tratamiento social para albergar menores transgresores. Al 23 de octubre, ten\u00eda bajo su custodia a 7,534 personas, otros 325 en custodia federal y 92 menores. Adem\u00e1s, atiende a 1,000 imputados bajo el Programa de Servicios con Antelaci\u00f3n al Juicio, 532 personas con grillete (sentenciados), 6,549 personas que se encuentran cumpliendo en programas o penas alternas al confinamiento, de los cuales 6,374 est\u00e1n en programas de comunidad y 175 en programas de desv\u00edo.<\/p>\n
\u201cHay un sinn\u00famero de factores que no permiten consolidar tan f\u00e1cilmente instituciones simplemente por cuestiones de d\u00f3lares\u201d, resalt\u00f3 el funcionario.<\/p>\n
Explic\u00f3 que el DCR ya cerr\u00f3 algunas instituciones penales peque\u00f1as dentro sus complejos correccionales, pero que en agenda queda pendiente el cierre a final de este a\u00f1o del Complejo Correccional de Sabana Hoyos, que traer\u00eda consigo ahorros anuales de $5.4 millones.<\/p>\n
Por tratarse de una decisi\u00f3n que afectar\u00eda al gobierno entrante y ante expresiones del gobernador electo Pedro Pierluisi Urrutia, quien indic\u00f3 que se opone al cierre en medio de la emergencia salubrista, Rivera Juanatey se\u00f1al\u00f3 que discutir\u00e1 el asunto con miembros de la nueva administraci\u00f3n para que tomar una decisi\u00f3n en consenso.<\/p>\n
Asegur\u00f3 que el cierre de c\u00e1rceles no provocar\u00eda hacinamiento. Los datos del DCR reflejan una tendencia en la reducci\u00f3n de la poblaci\u00f3n penal que se extender\u00e1 hasta el a\u00f1o fiscal pr\u00f3ximo. Pero Rivera Juanatey puntualiz\u00f3 que la poblaci\u00f3n de reos baj\u00f3 de 8,784 reos antes de que el virus llegara al nuestra regi\u00f3n a 7,398. Esto se debe a que se redujo el n\u00famero de ingresos a las c\u00e1rceles durante la pandemia, pero se mantuvo el ritmo de los presos que cumplieron sus sentencias.<\/p>\n
Tambi\u00e9n quedaron en libertad las personas que estaban sumariadas y no se celebr\u00f3 su juicio dentro de los t\u00e9rminos requeridos por Ley y 452 que salieron de la c\u00e1rcel al beneficiarse de la Ley 87, que permiti\u00f3 que la bonificaci\u00f3n por buena conducta se aplicara a las sentencias de forma retroactiva.<\/p>\n
La rigidez fiscal que promueve la JCF tambi\u00e9n oblig\u00f3 a Rivera Juanatey a pedir una partida adicional de $29 en el presupuesto del a\u00f1o porque el dinero asignado \u201cno daba para pagar alimentos\u201d y otros servicios esenciales.<\/p>\n
\u201cNos preocupa que la proyecci\u00f3n de la Junta es de $304 millones para el pr\u00f3ximo a\u00f1o fiscal\u2026 estamos hablando de que ser\u00e1 bien complejo manejar la agencia con ese presupuesto\u201d, insisti\u00f3.<\/p>\n
Reclutamiento y salarios<\/strong><\/p>\n Esa camisa de fuerza impuesta por la JCF se desborda a otras \u00e1reas como la contrataci\u00f3n de t\u00e9cnicos sociopenales, a pesar de que son necesarios para no violar las estipulaciones del caso Morales Feliciano.<\/p>\n \u201cTenemos un problema con el reclutamiento y la retenci\u00f3n de personal, como parte del presupuesto se solicit\u00f3 a OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto), pero como funciona el Gobierno en realidad la Junta de Supervisi\u00f3n es quien tienen la \u00faltima palabra\u201d, apunt\u00f3.<\/p>\n Aunque se trata de personal necesario, la Junta no aprob\u00f3 esos fondos para la contrataci\u00f3n de t\u00e9cnicos sociopenales, que se\u00f1al\u00f3 tienen una carga de 90 a 100 casos cuando un t\u00e9cnico que maneja los casos de ingresos a la c\u00e1rcel debe tener unos 50 asignados y los que laboran en instituciones de sentenciados no m\u00e1s de 60 por disposici\u00f3n del caso Morales Feliciano.<\/p>\n La cosa se pone peor.<\/p>\n Muchos supervisores del \u00e1rea sociopenal se acogieron a las ventanas de retiro. Debido al programa de congelamiento de plazas para procurar ahorros, se cre\u00f3 una escasez que la agencia subsan\u00f3 nombrando a los t\u00e9cnicos sociopenales de mayor jerarqu\u00eda (escala 4) a esos puestos de supervisi\u00f3n a la espera que se descongelen las plazas en cuatro a cinco a\u00f1os. Ayer, Rivera Juanatey no ten\u00eda a la mano el n\u00famero de t\u00e9cnicos sociopenales en este dilema.<\/p>
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