Ayer, mientras Hern\u00e1ndez Col\u00f3n acud\u00eda al Tribunal Federal para una cita rutinaria tras su arresto, agentes del IRS volv\u00edan a allanar las oficinas de BDO.<\/p>\n
Con el arresto de Hern\u00e1ndez Col\u00f3n, ya los dos socios fundadores de la firma son fichados como acusados federales en un a\u00f1o y medio, y los hechos que se imputan en el pliego acusatorio revelado esta semana ilustran c\u00f3mo, mientras procesaban p\u00fablicamente al expresidente Fernando Scherrer Caillet<\/a>, un agente encubierto del Servicio de Rentas Internas federal (IRS) tend\u00eda la trampa al otro socio.<\/p>\n Distinto a Scherrer Caillet, quien ten\u00eda detr\u00e1s de sus pasos al Negociado de Investigaciones Federales (FBI), la pesquisa contra Hern\u00e1ndez Col\u00f3n la tej\u00eda la Divisi\u00f3n de Investigaciones Criminales del IRS<\/a> y la supervis\u00f3 la Divisi\u00f3n de Impuestos del Departamento de Justicia central en Washington DC. Estos equipos est\u00e1n detr\u00e1s de investigaciones como la que se conduce actualmente contra Microsoft<\/a> precisamente por la forma en que consigue reducir sus impuestos federales mediante su filial en Puerto Rico. Espec\u00edficamente, el fiscal Gregory E. Tortella, con unos 30 a\u00f1os de experiencia en esta divisi\u00f3n, proces\u00f3 exitosamente en 2003 al empresario Marc Harris, vinculado extraoficialmente en Panam\u00e1 con funcionarios de la administraci\u00f3n del exgobernador Pedro Rossell\u00f3 Gonz\u00e1lez.<\/p>\n La activaci\u00f3n de este equipo del Departamento del Tesoro federal es c\u00f3nsona con reclamos que se han hecho en el Congreso para que el Tesoro investigue el funcionamiento en Puerto Rico de las leyes 20 (cr\u00e9dito contributivo a empresas que desde Puerto Rico exportan servicios) y 22 (cr\u00e9dito contributivo a individuos de alto ingreso que escogen convertir a la isla en su residencia para efectos de impuestos).<\/p>\n En diciembre de 2019 los congresistas dem\u00f3cratas puertorrique\u00f1os Jos\u00e9 E. Serrano, Nydia M. Vel\u00e1zquez, y Alexandria Ocasio Cortez, as\u00ed como Ra\u00fal M. Grijalva<\/a>, pidieron al secretario del Tesoro, Steve Mnuchin que realice m\u00e1s fiscalizaci\u00f3n de la operaci\u00f3n de esas leyes. \u201cPuerto Rico se ha convertido en un para\u00edso fiscal\u201d, declararon los congresistas a la vez que consignaron que \u201ctenemos entendido que el IRS est\u00e1 conciente de casos en los que negocios en los estados canalizan sus servicios a trav\u00e9s \u2018frentes\u2019 corporativos en Puerto Rico que no hacen ning\u00fan trabajo real\u201d.<\/p>\n El pliego acusatorio permite concluir que ese esquema que delinearon los congresistas en diciembre de 2019 estaba en marcha desde por lo menos seis meses antes, ya que el documento precisa que, desde mayo de 2018 un agente encubierto del IRS posando como una persona de altos ingresos ya estaba en contacto con Hern\u00e1ndez Col\u00f3n para perpetrar el supuesto esquema ilegal que da base a la acusaci\u00f3n. La teor\u00eda del gobierno es que el encubierto contacta al socio de BDO para crear una empresa en Puerto Rico que le permita reducir los impuestos sobre sus ganancias mediante hacer que la empresa local tenga el beneficio de la Ley 20 (exportaciones). La local entonces recibir\u00eda el dinero que el individuo se \u201cgan\u00f3\u201d en los estados y, mediante la representaci\u00f3n de un nivel m\u00ednimo de actividades en Puerto Rico, ese ingreso se tributar\u00eda de forma m\u00e1s favorable a como tributar\u00eda si el individuo lo reportara en los estados.<\/p> En una presentaci\u00f3n que public\u00f3 el propio BDO sobre la operaci\u00f3n de las leyes 20 y 22<\/a>, detallaron que, de 328 empresas que ten\u00edan decretos de exportaci\u00f3n al momento de la presentaci\u00f3n, 114 (34.7%) se dedicaban a la \u201cconsultor\u00eda\u201d, un concepto amplio en el mundo empresarial. Le siguieron \u201cpublicidad y relaciones p\u00fablicas\u201d con 43 decretos y \u201cservicios financieros\u201d con 30 decretos.<\/p>\n La edici\u00f3n de 2019 del informe annual del Departamento de Desarrollo Econ\u00f3mico y Comercio (DDEC) sobre la operaci\u00f3n de las leyes 20 y 22<\/a> indica que hay 1,680 decretos autorizados bajo la Ley 20 (exportaci\u00f3n) y que el total de decretos bajo la Ley 22 (individuos) es 2,202. El informe proyecta que, para 2029, los decretos bajo Ley 20 deben llegar a 5,026 y bajo Ley 22 deben llegar a 6,392. Distinto a los decretos para individuos, los decretos por exportaci\u00f3n pueden beneficiar a empresas locales y el informe dice que 35% de los decretos son de empresas locales. El gobierno, por ejemplo, ha publicitado la extensi\u00f3n de decretos bajo Ley 20 a figuras como cantantes de reguet\u00f3n cuya exportaci\u00f3n es la m\u00fasica que producen y los espect\u00e1culos que realizan internacionalmente.<\/p>\n Adem\u00e1s de la carta de los congresistas dem\u00f3cratas en diciembre de 2019, el senador republicano Chuck Grassley dirigi\u00f3 una carta a la gobernadora Wanda V\u00e1zquez Garced <\/a> con lenguaje condenatorio por la corrupci\u00f3n en la isla en la que menciona tambi\u00e9n el rol de BDO espec\u00edficamente en el caso de Scherrer Caillet por las imputaciones que enfrenta sobre c\u00f3mo pag\u00f3 comisiones a un consultor del gobierno para obtener contratos p\u00fablicos.<\/p>\n Tambi\u00e9n, esta misma semana el diario The New York Times expuso que la primera investigaci\u00f3n de fraude bancario internacional<\/a> que tiene a cargo un grupo de agentes que representan a Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Canad\u00e1 y los Pa\u00edses Bajos se centra en Euro Pacific Intl. Bank, Inc., una entidad financiera internacional fundada en Puerto Rico por Peter Schiff, un beneficiario de la Ley 22.<\/p>\n El Colegio de Contadores P\u00fablicos Autorizados, el Departamento de Hacienda y el DDEC<\/a> no estuvieron disponibles para esta historia. En particular, Hacienda y DDEC tendr\u00edan que explicar qu\u00e9 procesos de auditor\u00eda o de verificaci\u00f3n realizan sobre la concesi\u00f3n de los decretos bajo las leyes 20 y 22. En junio de este a\u00f1o, un grupo de beneficiarios de la Ley 22 agrupados bajo la Act 20\/22 Society demandaron al Gobierno de Puerto Rico<\/a> porque entienden que los cambios que se han hecho a esta ley inciden sobre los compromisos que se hicieron con ellos mediante los decretos.<\/p>\n Sobre la transici\u00f3n de clientes que se supone Hern\u00e1ndez Col\u00f3n haga ya que una de sus condiciones de fianza es que no tenga contacto con ning\u00fan cliente, la relacionista Damarisse Mart\u00ednez indic\u00f3 que \u201cla firma contin\u00faa operando bajo la estructura existente liderada por sus 12 socios y m\u00e1s de 140 empleados\u201d.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/cdn.noticel.com\/2026\/07\/30095222\/Acodese-Adaptaciones-Noticel-728x90-1.jpg\")
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