El Tribunal Supremo valid\u00f3 hoy la celebraci\u00f3n del plebiscito \u201cEstadidad, S\u00ed o No\u201d este pr\u00f3ximo 3 de noviembre al concluir que la Ley para la Definici\u00f3n Final del Estatus Pol\u00edtico de Puerto Rico (N\u00fam. 51 de 2020) que la habilita responde al fin p\u00fablico de darle continuidad al mandato electoral expresado en los plebiscitos de 2012 y 2017.<\/p>\n
El representante del Partido Popular Democr\u00e1tico (PPD), Luis Vega Ramos, solicit\u00f3 al Tribunal Supremo que le ordene a la Comisi\u00f3n Estatal de Elecciones (CEE) detener cualquier gesti\u00f3n relacionada al plebiscito \u201cEstadidad, S\u00ed o No\u201d y que declare inconstitucionales las leyes que lo habilitan.<\/p>\n
El representante Luis Vega Ramos y un grupo de candidatos a la C\u00e1mara de Representantes del Partido Popular Democr\u00e1tico (PPD) sometieron el recurso que resuelve el Alto Foro hoy y en el cual argumentaron que, tras la carta del Departamento de Justicia federal del 29 de julio neg\u00e1ndole el aval y el financiamiento de $2.5 millones de d\u00f3lares aprobado por el Congreso en 2014, la consulta plebiscitaria carece de un fin p\u00fablico leg\u00edtimo seg\u00fan definido por la Constituci\u00f3n y la jurisprudencia del propio Supremo. A\u00f1adi\u00f3 que, tras la ca\u00f3tica primaria del 9 y 16 de agosto, as\u00ed como la situaci\u00f3n fiscal delicada que enfrenta la CEE, celebrar una votaci\u00f3n adicional sin un fin p\u00fablico \u201ces una complicaci\u00f3n adicional e injustificable contra la buena administraci\u00f3n de las elecciones generales\u201d.<\/p>\n
El juez Rafael Mart\u00ednez Torres escribi\u00f3 la opini\u00f3n mayoritaria del Supremo, que cont\u00f3 con opiniones disidentes de la jueza Anabelle Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez y del juez \u00c1ngel Col\u00f3n P\u00e9rez, a la que se uni\u00f3 la jueza presidenta, Maite Oronoz Rodr\u00edguez.<\/p>\n
El razonamiento base de la mayor\u00eda es que los plebiscitos de 2012 y 2017 produjeron un mandato electoral para continuar realizando gestiones a favor de la descolonizaci\u00f3n de Puerto Rico, incluyendo el elemento de emitir un Voto Presidencial a partir de las elecciones de 2024. A ra\u00edz de este mandato, argumentan, la ley habilitadora del plebiscito \u201cEstadidad, S\u00ed o No\u201d responde a un inter\u00e9s p\u00fablico y las ramas Ejecutiva y Legislativa son las encargadas de darle consecuencia a ese mandato. Por lo tanto, las maneras en que se da consecuencia al mandato son \u201ccuestiones pol\u00edticas\u201d que el tribunal no debe entrar a dilucidar.<\/p>\n
\u201cDel mismo modo en que se respet\u00f3 el mandato del pueblo en 1967, 1993 y 1998, debemos respetar el mandato de autodeterminaci\u00f3n y voluntad de cambio que el pueblo emiti\u00f3 en 2012 y 2017. No podemos ser selectivos\u201d, sostuvo la mayor\u00eda. \u201cTodo elector puede expresarse libremente (en este plebiscito). Los que favorecen la estadidad para Puerto Rico pueden votar \u2018s\u00ed\u2019 y los que no la favorecen pueden votar \u2018no\u2019. Quienes afirman que el plebiscito no es neutral o que es discriminatorio pasan por alto el efecto legal de las consultas de 2012 y 2017\u201d, anadieron.<\/p>\n
\u201c[T]anto votar como no votar tiene consecuencias. Los que votaron en 2012 y 2017 establecieron un mandato al gobierno al expresar su voluntad. Esa expresi\u00f3n popular constituye, por definici\u00f3n, un fin p\u00fablico. En cambio, los que no votaron, optaron por delegar la decisi\u00f3n a los ciudadanos que s\u00ed acudieron a las urnas\u201d, apuntaron.<\/p>\n
\u201cLa carta de la Oficina del Secretario de Justicia de los Estados Unidos solo tiene el efecto de no autorizar el desembolso de fondos federales para la consulta y es totalmente inconsecuente para otro fin\u2026 [L]a celebraci\u00f3n del plebiscito solo depende de la voluntad del territorio y no de la autorizaci\u00f3n congresional\u201d, concluyen los jueces de mayor\u00eda para avalar que se asigne dinero del presupuesto local para celebrar la consulta, aunque no est\u00e9 disponible el dinero federal.<\/p>\n
En una expresi\u00f3n que vuelve a recordar el hecho de que aqu\u00ed se hizo un refer\u00e9ndum a favor de que la Rama Legislativa fuera unicameral, pero nunca se puso en vigor, el Supremo dice sobre las cr\u00edticas al nivel de votaci\u00f3n de los plebiscitos de 2012 y 2017 que \u201c[e]n nuestro sistema electoral la validez de un resultado electoral no est\u00e1 condicionada a que participen una cantidad o porcentaje espec\u00edfico de electores\u201d.<\/p>\n
Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez acus\u00f3 a la mayor\u00eda en su disenso de aplicar en la resoluci\u00f3n del caso el mismo \u201cdesignio pol\u00edtico\u201d que persigue la Legislatura al continuar con la celebraci\u00f3n de la consulta a\u00fan sin tener el aval del Departamento de Justicia federal para conseguir usar recursos p\u00fablicos para movilizar el voto novoprogresista. \u201cLa \u00fanica consecuencia directa de la celebraci\u00f3n de esos eventos electorales ser\u00e1 justamente la sustracci\u00f3n de casi tres millones de d\u00f3lares del presupuesto gubernamental a expensas de un pueblo abatido por los efectos de la corrupci\u00f3n, el mal gobierno, la pobreza, el desempleo y -m\u00e1s recientemente- una pandemia mundial que ha expuesto en definitiva las precariedades e inequidades socioecon\u00f3micas yacentes\u201d, expres\u00f3.<\/p>\n
Col\u00f3n P\u00e9rez, por su parte, insiste en que la consulta en controversia no tiene un fin p\u00fablico porque solo se est\u00e1 convocando a los partidarios de una de las opciones de status, la estadidad, y no a los de todas las alternativas de status. \u201cLas repercusiones pol\u00edticas, sociales y econ\u00f3micas de lo tristemente dictaminado por este Foro son y ser\u00e1n incalculables\u201d, sostuvo.<\/p>\n
Para ver la decisi\u00f3n del Tribunal Supremo, pulse aqu\u00ed.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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