A siete meses de la pandemia del COVID-19, los albergues que atienden a v\u00edctimas de violencia dom\u00e9stica en Puerto Rico no han recibido ni un solo centavo de los m\u00e1s de $2,000 millones en fondos federales que el Gobierno de Puerto Rico obtuvo y deb\u00eda repartir para atender esta emergencia de salud p\u00fablica.<\/p>\n
A la misma vez, los albergues han tenido que conseguir pruebas para detectar el COVID-19 por su cuenta y a precio regular, ya que el Departamento de Salud incumpli\u00f3 con su compromiso de proveerlas cada dos semanas.<\/p>\n
Estos albergues tampoco fueron incluidos en marzo dentro de la primera Orden Ejecutiva de la gobernadora Wanda V\u00e1zquez Garced como servicios esenciales, por lo que los servicios a las v\u00edctimas se rindieron con miedo a un arresto.<\/p>\n
Dicho de otra forma, el gobierno dej\u00f3 a su suerte a estos albergues y entidades sin fines de lucro, que son quienes \u00fanico rinden este servicio en Puerto Rico.<\/p>\n
\u201cFue un reto a\u00fan mayor para nosotras, porque ten\u00edamos que preparar un espacio lejos de la poblaci\u00f3n, porque la recomendaci\u00f3n de CDC [los Centros para el Control y Prevenci\u00f3n de Enfermedades] y HUD [Departamento de Vivienda federal] es que no se recomiendan los espacios congregados, \u00bfpero si no tienes albergue, c\u00f3mo puedes atender a las v\u00edctimas. Creamos un espacio que limitaba a su vez los espacios que ten\u00edamos para recibir m\u00e1s participantes\u201d, explic\u00f3 Lisdel Flores, directora ejecutiva de Hogar Ruth.<\/p>\n
Flores abund\u00f3 que hay un fondo de alrededor de cinco millones de d\u00f3lares de la Ley federal CARES del que podr\u00edan recibir el dinero para estas mejoras, pero no han tenido respuesta por parte del gobierno estatal.<\/p>\n
Tanto Flores como Vilmarie Rivera, presidenta de la Red de Albergues de Violencia Dom\u00e9stica de Puerto Rico Inc., explicaron que presentaron una propuesta por tres meses, que atend\u00eda el componente m\u00e9dico y el componente psicosocial.<\/p>\n
Estos fondos ayudar\u00edan a extender la administraci\u00f3n de pruebas para detectar el COVID-19 a las participantes, que por espacio de tres semanas fueron subvencionadas con los recursos limitados de los albergues. No obstante, luego de ese periodo no han podido retomarlas por falta de dinero.<\/p>\n
Este abandono \u2014que se alert\u00f3 hace meses\u2014 resurgi\u00f3 hoy durante una conferencia de prensa de la red, en la cual presentaron una investigaci\u00f3n<\/a> que visibiliza los retos, las necesidades y las fortalezas de los albergues en el contexto de la pandemia del COVID-19.<\/p>\n El estudio fue realizado por j\u00f3venes integrantes de Mentes Puertorrique\u00f1as en Acci\u00f3n y SIEMPRE VIVAS Metro, quienes entrevistaron a las directoras de estos albergues y otros funcionarios.<\/p>\n De acuerdo Alejandro Rodr\u00edguez Putnam, albergar a una familia por tres meses en estos espacios puede costar entre $6,500 a $9,000 y, mientras el gobierno federal asigna dinero y recursos, es el gobierno estala el que lo recorta.<\/p>\n \u201cEl gobierno no est\u00e1 funcionando como un facilitador, sino que est\u00e1 revictimizando en el proceso. Estos recortes representan problemas estructurales\u201d, declar\u00f3 Rodr\u00edguez Putnam, uno de los investigadores.<\/p>\n Por su parte, Noem\u00ed Rivera Acevedo recomend\u00f3 que se deb\u00eda declarar un estado de emergencia para atender la violencia de g\u00e9nero, porque de esa forma se le otorgar\u00eda la importancia y los recursos requeridos al problema.<\/p>\n Como parte de las recomendaciones del an\u00e1lisis, se sugiri\u00f3 al gobierno que permita la participaci\u00f3n de las entidades sin fines de lucro en la toma de decisiones y que se capacite al personal gubernamental para lidiar con incidentes de violencia de g\u00e9nero.<\/p>\n \u201cRequiere deconstruir el problema desde el inicio y eso empieza con la educaci\u00f3n, un \u00e9nfasis en la educaci\u00f3n con perspectiva de g\u00e9nero\u201d, afirm\u00f3 Rivera Acevedo.<\/p>\n Las j\u00f3venes Nicole Mendoza y Yulianna Otero completaron el grupo de investigadores. Para leer la investigaci\u00f3n, presione aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n Seg\u00fan Rodr\u00edguez Putnam, la investigaci\u00f3n iba a ser publicada por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), pero \u201cdesde arriba pararon la publicaci\u00f3n. La leyeron y vieron que no les era favorable publicar la informaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n La conferencia de prensa surge en momentos en que tanto la Gobernadora \u2014quien fue procuradora de las mujeres\u2014 como la procuradora Lersy Boria Vizcarrondo han intercambiado cr\u00edticas<\/a> porque a fin de cuentas ninguna de las dos ha atendido el problema de violencia de g\u00e9nero con agilidad y eficiencia.<\/p>\n En los pasados d\u00edas, se revel\u00f3 que 21 mujeres han estado desaparecidas en Puerto Rico, de las cuales 15 son menores de edad. Usuarias de la red social Twitter tambi\u00e9n han denunciado patrones de acoso a trav\u00e9s de otras plataformas, como Instagram, as\u00ed como la continua muerte de mujeres a manos de sus parejas, exparejas o conocidos.<\/p>\n