Pese a que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ha insistido en que las operaciones de ese cuerpo legislativo carecen de irregularidades, la Oficina del Contralor le se\u00f1al\u00f3 ayer m\u00faltiples deficiencias en la contrataci\u00f3n de servicios, el manejo de las facturas y el desembolso de fondos p\u00fablicos.<\/p>\n
Estos errores se circunscriben al periodo entre el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2018, cosa que tambi\u00e9n incumbe a la presidencia de Eduardo Bhatia Gautier. El informe detalla que pudieron haber causado errores en el tr\u00e1mite de los pagos \u201cy que los mismos no se puedan detectar a tiempo para fijar responsabilidades\u201d.<\/p>\n
Aunque el tiempo que comprende la auditor\u00eda involucra a dos presidentes del Senado, es Rivera Schatz quien responde a los se\u00f1alamientos de la contralora, Yesm\u00edn Valdivieso. De la misma forma, uno de los hallazgos se relaciona a la Oficina de Asuntos Gubernamentales, la cual se cre\u00f3 durante este cuatrienio.<\/p>\n
Algunos de los problemas hallados por la Oficina del Contralor podr\u00edan parecer min\u00fasculos, como la falta de fecha en la factura, pero son elementos que otros empleadores \u2014como en la empresa privada\u2014 entienden como suficientes para detener moment\u00e1nea o permanentemente el pago de servicios rendidos.<\/p>\n
El an\u00e1lisis se divide en dos partes: pago de los contratos de servicios profesionales y de consultor\u00eda sin seguir los reglamentos y redundancia en la contrataci\u00f3n de servicios en la Oficina de Asuntos Gubernamentales de San Juan y Mayag\u00fcez.<\/p>\n
La Oficina del Contralor resumi\u00f3 que en ese plazo de tiempo, el Senado otorg\u00f3 1,899 contratos de servicios profesionales y de consultor\u00eda por $38,350,005. Las 604 enmiendas atribuidas a esos acuerdos aumentaron el monto por $4,063,896, por lo que el total estudiado ascend\u00eda a $42.2 millones.<\/p>\n
De esa cifra, la entidad independiente tom\u00f3 una muestra \u00ednfima de 20 contratos y 10 enmiendas, para un total de $1,260,335 que fueron otorgados entre el 8 de julio de 2014 al 9 de abril de 2018. Entre ellos se encontraban 199 facturas y tres certificaciones de gastos de viajes.<\/p>\n
De acuerdo a los hallazgos, en algunas de las facturas estudiadas no se incluy\u00f3 el n\u00famero de factura, la fecha, la direcci\u00f3n del contratista ni la fecha en que la rendici\u00f3n del servicio fue certificada por el funcionario a cargo. En otras instancias, las personas que certificaron que los trabajos fueron completados no estaban autorizadas a brindar esa certificaci\u00f3n.<\/p>\n
Esta pr\u00e1ctica contrariaba las cl\u00e1usulas de los mismos contratos otorgados, que establec\u00edan que el Senado no pod\u00eda emitir ning\u00fan pago sin contar primero con un informe detallado de labores realizadas por el contratista o detalles sobre las horas trabajadas por d\u00eda y la naturaleza del trabajo realizado en cada fecha.<\/p>\n
Los servicios cuestionados estaban relacionados con asesor\u00eda administrativa, asesor\u00eda en comunicaciones, relacionistas p\u00fablicos, asesor\u00eda en asuntos laborales y administrativos, coordinaci\u00f3n de servicios intergubernamentales, asesor\u00eda en asuntos federales, y coordinaci\u00f3n de enlace comunitario.<\/p>\n
Seg\u00fan el informe, ni el Senado ni los contratistas pudieron abundar o presentar documentaci\u00f3n adicional sobre los servicios facturados o evidencia de que los trabajos fueron realizados.<\/p>\n
\u201cLos documentos fiscales deben conservarse, clasificarse y archivarse en forma tal que se puedan localizar, identificar y poner a la disposici\u00f3n del Contralor de Puerto Rico y del Secretario de Hacienda, o de cualquier otro funcionario autorizado por ley, con prontitud y en la forma deseada. Esto es c\u00f3nsono con lo establecido en el Reglamento 23 del Departamento de Hacienda\u201d, seg\u00fan el informe.<\/p>\n
En su evaluaci\u00f3n, la Oficina del Contralor resalt\u00f3 que se requieren mayores adiestramientos, a lo que Rivera Schatz respondi\u00f3 que todo se hab\u00eda hecho conforme a reglamentaci\u00f3n y se hab\u00eda cumplido con el adiestramiento de los empleados.<\/p>\n
\u201cLas descripciones de los servicios brindados que presentan en las facturas tienen detalle de las reuniones y trabajo realizado\u201d, afirm\u00f3. Mientras, el exsecretario de Administraci\u00f3n subray\u00f3 que se trataban de faltas menores.<\/p>\n
No obstante, el informe de Contralor\u00eda insiste en que es un problema administrativo y le recomend\u00f3 al Presidente del Senado que supervise los trabajos de sus empleados, como el de su Jefe de Personal \u2014que en ese entonces era el actual alcalde de Camuy, Gabriel Hern\u00e1ndez Rodr\u00edguez\u2014 y el Secretario del Senado \u2014Manuel A. Torres Nieves\u2014, para que no cometan los mismos errores.<\/p>\n
El informe define que es la gerencia del Senado la \u201cresponsable de establecer y mantener una estructura del control interno efectiva para proveer una seguridad razonable en el logro de lo siguiente: la eficiencia y eficacia de las operaciones, la confiabilidad de la informaci\u00f3n financiera y el cumplimiento de las leyes y la reglamentaci\u00f3n aplicables\u201d.<\/p>\n
En cuanto a la Oficina de Asuntos Gubernamentales de San Juan y Mayag\u00fcez, el informe se\u00f1al\u00f3 que se contrataron servicios que ya hac\u00edan empleados del Senado. Esta es la oficina cuyo director en el tiempo de la auditor\u00eda era \u00c1ngel Figueroa Cruz, quien en octubre de 2019 se declar\u00f3 culpable de formar parte de un esquema de fraude que consisti\u00f3 en certificar como correctas las facturas de contratistas que no prestaron los servicios por los que cobraron.<\/p>\n
Los servicios auditados por la Contralor fueron para coordinaci\u00f3n y seguimiento de casos, orientaci\u00f3n a constituyentes, reuniones en agencias gubernamentales relacionadas con los casos asignados y preparaci\u00f3n de informes de casos para documentar las gestiones realizadas.<\/p>\n
\u201cAtribuimos la situaci\u00f3n comentada a que el \u2018chief of staff\u2019 incumpli\u00f3 con la disposici\u00f3n mencionada y no se asegur\u00f3 de que no se otorgaran contratos para realizar las mismas funciones que realizan otros empleados en el Senado. Adem\u00e1s, a que la oficial ejecutivo y la ayudante administrativa de la Oficina de Contratos no se aseguraban, previo a la formalizaci\u00f3n del contrato, de verificar si los servicios a contratar pod\u00edan ser realizados por empleados del Senado\u201d, seg\u00fan el informe.<\/p>\n
Los se\u00f1alamientos de la Contralor son uno de los pocos que las entidades han podido publicar, ya que el Senado se ha mostrado reacio a divulgar informaci\u00f3n detallada sobre sus finanzas y contrataciones, particularmente a la Junta de Control Fiscal (JCF).<\/p>\n
En febrero de 2019, el ente financiero acudi\u00f3 al Tribunal Federal para obligarlo a entregar los balances de sus cuentas, lo que finaliz\u00f3 con un rev\u00e9s para el Senado. Antes de eso, el Senado neg\u00f3 al ente informes detallados de presupuesto y asistencia. En su lugar, Rivera Schatz exigi\u00f3 a la JCF que publicaran esos mismos documentos que se les exig\u00edan.<\/p>\n
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