El Tribunal de Apelaciones valid\u00f3 una sentencia contra el representante Rafael ‘Tatito’ Hern\u00e1ndez Monta\u00f1ez, presidente de la Comisi\u00f3n de Hacienda, en la que se le orden\u00f3 el pago de $71,700 a una pariente y su esposo por da\u00f1os ocasionados a ra\u00edz de la construcci\u00f3n de una residencia sin los permisos de la Administraci\u00f3n de Reglamentos y Permisos (ARPE) hecha por una compa\u00f1\u00eda del legislador.<\/p>\n
La decisi\u00f3n emitida por el Tribunal de Apelaciones a finales de 2013 surge en respuesta a una solicitud de reconsideraci\u00f3n emitida en julio de 2012 por Hern\u00e1ndez Monta\u00f1ez, para revocar el dictamen del Tribunal de Primera Instancia (TPI). De inmediato las partes no estuvieron disponibles para confirmar lo m\u00e1s reciente del caso tras esta decisi\u00f3n.<\/p>\n
De acuerdo a documentos examinados por NotiCel, en enero de 2007, Hern\u00e1ndez Monta\u00f1ez firm\u00f3 un contrato con el matrimonio de Karly Ann Monta\u00f1ez Santana y Pedro P\u00e9rez L\u00f3pez, para la construcci\u00f3n de una casa que fue costeada mediante un pr\u00e9stamo hipotecario. La residencia se construy\u00f3 a trav\u00e9s de la empresa Survtek Group Inc., entidad de Hern\u00e1ndez Monta\u00f1ez que fue cancelada el pasado febrero de 2014 por el Departamento de Estado por incumplir con la radicaci\u00f3n de los informes anuales desde 2008.<\/p>\n
El contrato para la construcci\u00f3n de la vivienda fue cerrado en $64,953.92. En el proceso, el legislador le entreg\u00f3 una cotizaci\u00f3n de los materiales que se usar\u00edan para la construcci\u00f3n al matrimonio, en la que destacaba el uso de formaletas de paredes y techos con varillaje integrado, a pesar de que en el permiso otorgado por ARPE se estipulaba que la residencia se construir\u00eda con hormig\u00f3n armado y bloques.<\/p>\n
Asimismo, a Hern\u00e1ndez Monta\u00f1ez se le atribuy\u00f3 contratar al ingeniero \u00c1ngel Ram\u00edrez V\u00e9lez para hacer el dise\u00f1o de la casa, tramitar los permisos ante ARPE e inspeccionar la construcci\u00f3n.<\/p>\n
El matrimonio aleg\u00f3 que al a\u00f1o de Hern\u00e1ndez Monta\u00f1ez entregar la residencia, registraron problemas de filtraci\u00f3n de agua, varillas expuestas, grietas, desbordamiento de las aguas usadas por los ba\u00f1os, y drenaje en los cl\u00f3sets.<\/p>\n
En julio de 2009, los perjudicados radicaron una querella ante DACO porque las reparaciones que hizo el legislador no fueron satisfactorias. En octubre del mismo a\u00f1o, Hern\u00e1ndez Monta\u00f1ez objet\u00f3 el informe del Inspector de DACO, quien encontr\u00f3 que los materiales de construcci\u00f3n no fueron los estipulados en el plano de construcci\u00f3n presentado para el permiso de ARPE. El Inspector concluy\u00f3 que la residencia no era habitable.<\/p>\n
Tras la vista administrativa, DACO emiti\u00f3 una resoluci\u00f3n donde le orden\u00f3 a Hern\u00e1ndez Monta\u00f1ez reembolsarle al matrimonio el monto por el que fue pactada la obra y los intereses que haya devengado el pr\u00e9stamo hipotecario hasta su saldo total.<\/p>\n
Adem\u00e1s, impuso una multa de $5 mil por las limitaciones en el disfrute de propiedad que hab\u00eda sufrido el matrimonio, y $1,710 por los da\u00f1os a sus muebles. Igualmente, le ordenaron que demoliera la propiedad y dispusiera de los escombros.<\/p>\n
El 31 de enero de 2013, el Tribunal de Apelaciones valid\u00f3 la determinaci\u00f3n de DACO.<\/p>\n
De otro lado, el representante se salv\u00f3 de otra demanda de una prima luego que el Tribunal de Apelaciones desestimara un recurso presentado por Dianis Hern\u00e1ndez Monta\u00f1ez, luego de que el TPI dejara sin efecto una orden de embargo emitida en contra del legislador y la sociedad de bienes gananciales que compone con su esposa, Mar\u00eda Maritza Torres Rivera.<\/p>\n
Nuevamente, ante deficiencias de construcci\u00f3n, DACO emiti\u00f3 una resoluci\u00f3n ordenando al Representante que reparara los defectos de la propiedad de Dianis Hern\u00e1ndez dentro de un t\u00e9rmino de 45 d\u00edas, y que le pagara $6,530.10 por los da\u00f1os y los honorarios de abogado.<\/p>\n
Dado que el Legislador incumpli\u00f3 la orden, en el 2010 el TPI emiti\u00f3 una sentencia en la que orden\u00f3 a su sociedad de bienes gananciales el pago de $22,688.10 m\u00e1s los intereses legales, y $300 de honorarios de abogado.<\/p>\n
El 30 de diciembre de 2010, la prima del representante solicit\u00f3 la ejecuci\u00f3n de la sentencia, la que fue expedida en enero de 2011. Sin embargo, para finales de ese a\u00f1o, el TPI declar\u00f3 un ‘no ha lugar’ a la solicitud de Torres Rivera para que se excluyera a ella y a los bienes gananciales que constitu\u00eda con su esposo, de la orden de embargo.<\/p>\n
En abril de 2013, el TPI dej\u00f3 sin efecto la orden de diciembre de 2011 ‘por raz\u00f3n de confusi\u00f3n’ y excluy\u00f3 a la sociedad de bienes gananciales de la orden de embargo.<\/p>\n
Aunque la pariente del legislador acudi\u00f3 al Apelativo para desestimar al TPI, su recurso fue desestimado por entender que era prematuro ya que Primera Instancia no se ha expresado sobre una solicitud de reconsideraci\u00f3n presentada.<\/p>\n
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