La extensi\u00f3n de la confrontaci\u00f3n con los monitores y el tribunal se conoci\u00f3 despu\u00e9s de que ayer el juez concediera la moci\u00f3n. Las objeciones del gobierno a trav\u00e9s de McCV se han registrado en el pleito de la Polic\u00eda y tambi\u00e9n en el pleito, vigente desde 1999, sobre los servicios del Departamento de Salud a la poblaci\u00f3n discapacitada en la Isla.<\/p>\n
En ambos casos, el juez Gelp\u00ed ha concluido que se trata de objeciones infundadas y advirti\u00f3 que el gobierno enfrenta la imposici\u00f3n de sanciones si persiste en su actitud. De hecho, al recordar que los monitores son funcionarios bajo la supervisi\u00f3n del tribunal y no contratistas del gobierno, Gelp\u00ed ha establecido que los ataques de McCV a los reportes y facturas de los monitores son ataques a la funci\u00f3n judicial. McCV ha sometido una solicitud de revisi\u00f3n al Primer Circuito de Apelaciones con relaci\u00f3n al presupuesto y las facturas del monitor en el caso de Salud que atiende el Programa de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual (PSPDI). La revisi\u00f3n solicitada cubre tambi\u00e9n la determinaci\u00f3n del juez de que el gobierno mal utiliz\u00f3 $20 millones de ese programa en a\u00f1os recientes.<\/p>\n
McCV presta sus servicios a la Polic\u00eda y a Salud bajo contratos con tarifas de entre $145 a $390 por hora para un equipo de abogados compuesto por Arturo J. Garc\u00eda, director general del bufete, Marcos Rodr\u00edguez Ema, socio director y exsecretario de la Gobernaci\u00f3n en la Administraci\u00f3n Fortu\u00f1o, Lizzie M. Portela, socia corporativa y exfuncionaria de la administraci\u00f3n del exgobernador Pedro Rossell\u00f3 en el \u00e1rea de Seguridad, y Beatriz L. Annexy Guevara quien, simult\u00e1neamente, es miembro de un equipo de monitores de reforma policial en Arizona. El contrato para el caso de la Polic\u00eda, que cubre todo el a\u00f1o fiscal, tiene un tope de $1.5 millones en facturaci\u00f3n y el de Salud, que comenz\u00f3 en enero, es por $500,000. El contrato para la Reforma de la Polic\u00eda es el m\u00e1s cuantioso que el bufete ha tenido con el gobierno en al menos 10 a\u00f1os.<\/p>\n
Por su parte, la Oficina del Monitor en el caso de la Polic\u00eda<\/a> la integran, seg\u00fan las facturas, el monitor John Romero, los \u201cconsultores constitucionales\u201d Alfredo Castellanos Bayouth y Federico Hern\u00e1ndez Denton (ex juez presidente del Tribunal Supremo), el administrador Javier Gonz\u00e1lez y los consultores Dr. David Levy, Donald S. Gosselin, Al Youngs, Rafael E. Ruiz y Scott Cragg. La oficina tambi\u00e9n tiene un presupuesto de $1.5 millones por a\u00f1o fiscal. Las facturas de la oficina que el gobierno objet\u00f3 en abril suman $91,621.66 con compensaciones individuales que fluct\u00faan entre $7,762.50 y $17,916.66 (para Romero). A pesar de estas cantidades, en una de las mociones liberadas, Justicia federal consign\u00f3 que en todo este a\u00f1o fiscal la oficina ha gastado menos de la mitad del dinero que tiene disponible en su cuenta especial bajo la supervisi\u00f3n de la corte y enfatiz\u00f3 que el mes de abril fue uno de mayor actividad de la usual por la respuesta a la pandemia del COVID-19. De la factura de abril, solo se encontr\u00f3 necesario un ajuste a la baja por $578.75.<\/p>\n NotiCel solicit\u00f3 ayer al Departamento de Seguridad P\u00fablica (DSP) las facturas que ha sometido McCV bajo su contrato, pero todav\u00eda no las han entregado. Anterior a la contrataci\u00f3n de McCV por parte del exgobernador Ricardo Rossell\u00f3 Nevares, la representaci\u00f3n del gobierno y la Polic\u00eda la llevaba el Departamento de Justicia de Puerto Rico. El proceso conocido como la Reforma de la Polic\u00eda comenz\u00f3 con una demanda de Justicia federal contra el gobierno por las pr\u00e1cticas y patrones violatorios de derechos civiles de la Polic\u00eda y la fase actual es de monitoreo de un acuerdo al que se lleg\u00f3 en 2013.<\/p>\n Para fundamentar su objeci\u00f3n a las facturas, la moci\u00f3n del gobierno indica que \u201cse ha hecho incrementalmente importante para el Negociado de la Polic\u00eda de Puerto Rico asegurarse de que los fondos p\u00fablicos se usan apropiadamente, dada las actuales penurias financieras de la isla y el escrutinio significativo del uso de los fondos por parte del p\u00fablico, legislatura y los medios\u201d. \u201cLa Polic\u00eda est\u00e1 comprometida con, y espera nada menos que, transparencia en la obtenci\u00f3n y desembolso de sus fondos a\u00fan si est\u00e1n, como en este caso, depositados en el tribunal y no bajo la custodia o control de la Polic\u00eda\u201d. Dijeron que las facturas de la Oficina del Monitor no est\u00e1n suficientemente detalladas, son vagas, reflejan trabajo duplicado, innecesario o realizado por individuos que no ten\u00edan las capacidades para cumplir y que incluyen aumentos de compensaci\u00f3n por hora que no hab\u00edan sido informados. La posici\u00f3n del gobierno, vuelta a reiterar con relaci\u00f3n a las facturas de mayo, es que \u201cdesembolsar fondos p\u00fablicos de esta manera es constitucionalmente inapropiado, fiscalmente irresponsable y contraria a la Estipulaci\u00f3n y Orden (sobre facturas de monitores)\u201d.<\/p>\n McCV someti\u00f3 las objeciones a las facturas de abril, las primeras que se registran en el caso, tarde, habiendo pasado la cantidad de d\u00edas que disponen los acuerdos dentro del caso. En su riposta, Justicia federal le record\u00f3 que el Monitor y su equipo no son contratistas del Gobierno de Puerto Rico sino que son oficiales del tribunal que est\u00e1n \u201csujetos al Acuerdo (de Reforma), las \u00f3rdenes del tribunal, el C\u00f3digo de Conducta de Empleados Judiciales y no a ninguna ley de contrataci\u00f3n o pol\u00edtica del Gobierno de Puerto Rico\u201d.<\/p>\n Bufete puso en aprietos al Secretario de Seguridad P\u00fablica y est\u00e1 al borde de sanciones del tribunal<\/strong><\/p>\n Las mociones y argumentos de las partes fueron confidenciales hasta que NotiCel solicit\u00f3 su publicaci\u00f3n ayer, pero el juez Gelp\u00ed hab\u00eda emitido \u00f3rdenes en ambos casos descartando las objeciones a las facturas de los monitores y fustigando al gobierno por la posici\u00f3n que presentan a trav\u00e9s de McCV.<\/p>\n En el caso de Salud, el juez dijo que, en vez de trabajar para atender las deficiencias en el PSPDI y poder acabar el litigio, el gobierno se ha dedicado a hacerle la vida imposible a los cuatro monitores que ha tenido el tribunal en ese caso. \u201cMirando hacia atr\u00e1s, a gran escala, esto ha sido un inconcebiblemente enorme desperdicio de tiempo del ejecutivo y judicial a lo largo de los a\u00f1os -cientos, pero probablemente miles, de horas y d\u00f3lares- que el Gobierno de Puerto Rico pudo haber dedicado a asistir a los participantes (del PSPDI)\u2026 Una guerra prolongada contra la Oficina del Monitor no puede ser el medio con el que se busque el fin de prevenir u obstruir que el monitor, efectivamente, monitoree. Esto ser\u00eda equivalente a un ataque a la mism\u00edsima funci\u00f3n judicial\u201d, concluyo el juez en una orden del 7 de mayo.<\/p>\n Luego, en el caso de la Polic\u00eda y ante la misma postura del gobierno en contra de la facturaci\u00f3n del monitor, Gelp\u00ed fue m\u00e1s lejos y calific\u00f3 los argumentos del gobierno como un \u201casesinato de car\u00e1cter injustificado\u201d contra los oficiales de la corte que componen la Oficina del Monitor y record\u00f3 que en 2013 Justicia federal solicit\u00f3 que al Monitor se le duplicara el presupuesto pero el tribunal declin\u00f3 debido a la condici\u00f3n financiera del gobierno.<\/p>\n En expresiones m\u00e1s dirigidas al bufete, Gelp\u00ed dijo en la orden del 14 de mayo que se hab\u00eda \u201cconvertido en un arma (de litigio) el proceso rutinario de revisi\u00f3n de facturas\u201d, que \u201cla tarifa por hora de los abogados del Monitor es menos que la mitad de la tarifa m\u00e1xima contractual que tienen los abogados del Gobierno de Puerto Rico en este caso\u201d y que \u201ccualquier acci\u00f3n futura en esa direcci\u00f3n por parte del gobierno ser\u00e1 considerada vejatoria y sancionable, y el Tribunal no vacilar\u00e1 en tomar toda acci\u00f3n necesaria\u201d.<\/p>\n Pero las cr\u00edticas al bufete por parte del juez no terminaron en las \u00f3rdenes, sino que se extendieron a una conferencia de status el 28 de mayo cuya transcripci\u00f3n hab\u00eda permanecido sellada hasta que NotiCel solicit\u00f3 su publicaci\u00f3n.<\/p> Para esa vista, el juez hab\u00eda ordenado dos veces que compareciera directamente el secretario de Seguridad P\u00fablica, Pedro Janer, de la misma manera que participar\u00eda el subdirector de la divisi\u00f3n de Justicia federal que maneja la Reforma de la Polic\u00eda. Janer no compareci\u00f3 y el juez lleg\u00f3 enfurecido porque, 20 minutos antes de la vista, Janer hab\u00eda llamado a la oficina del juez a pedir una posposici\u00f3n.<\/p>\n Sin embargo, al explicar lo que hab\u00eda sucedido, el propio licenciado Garc\u00eda, director general de McCV que interviene personalmente en el caso, reconoci\u00f3 que desde la 1:50 p.m. del d\u00eda antes de la vista, Janer le hab\u00eda dicho que no podr\u00eda comparecer por compromisos de gabinete. Garc\u00eda explic\u00f3 que no vio ese mensaje de Janer en su tel\u00e9fono hasta las 7:00 p.m. porque hab\u00eda estado ocupado todo el d\u00eda en sus funciones administrativas del bufete atendiendo el adiestramiento para su personal sobre c\u00f3mo trabajar en la oficina con las precauciones por el COVID-19.<\/p>\n En vez de someter una moci\u00f3n a esa hora sobre los problemas que enfrentaba Janer para comparecer, Garc\u00eda intent\u00f3 contactar al monitor Romero y a otros funcionarios del caso con el resultado de que el juez se vino a enterar por otros funcionarios y por la llamada del mismo Janer directo a su oficina 20 minutos antes de la vista.<\/p>\n \u201cPienso, y voy a ser bien directo, que contactar al Monitor o al Special Master en vez de radicar una moci\u00f3n a la hora que fuera y que el tribunal pudiera revisarla temprano esta ma\u00f1ana, no es efectivo\u2026 Yo creo que esto es, y no digo que necesariamente sea usted, Sr. Garc\u00eda, porque usted est\u00e1 haciendo otras cosas, pero tiene que haber una l\u00ednea de mando o tiene que haber responsabilidad. Y algo tan importante como la Reforma de la Polic\u00eda, lo debe saber la Gobernadora, y no digo que sea usted el que le tiene que notificar, pero alguien debi\u00f3 notificarle que el secretario Janer ten\u00eda que estar aqu\u00ed\u201d, dijo el juez en la vista.<\/p>\n Vea:<\/strong><\/p>\n Juez determina Salud es la \u00fanica culpable de mal manejo de fondos, no la Junta<\/a><\/p>\n Rossell\u00f3 justifica la contrataci\u00f3n de bufete para la Reforma Polic\u00edaca<\/a><\/p>\n Supremo rev\u00e9s para McConnell Vald\u00e9s en demanda por discrimen (documentos)<\/a><\/p>\n Amigos de Fortu\u00f1o tras el contrato del conteo electr\u00f3nico<\/a><\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/cdn.noticel.com\/2026\/06\/29122752\/CST_Suma-Pasa-La-Llave_300x250.jpg\")
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