El presupuesto propuesto por el Gobierno de Puerto Rico para el pr\u00f3ximo a\u00f1o fiscal, as\u00ed como los\u00a0presupuestos\u00a0de la pasada d\u00e9cada han venido acompa\u00f1ados de reducciones de fondos a las agencias encargadas de garantizar el acceso a la justicia, mientras la estructura gubernamental limita la participaci\u00f3n de la ciudadana en la discusi\u00f3n presupuestaria.<\/p>\n
As\u00ed lo denunciaron la directora ejecutiva de Ayuda Legal de Puerto Rico, Ariadna Godreau, y Daniel Santamar\u00eda Ots, analista de pol\u00edtica p\u00fablica de la organizaci\u00f3n Espacios Abiertos, durante la presentaci\u00f3n ayer de un estudio que evalu\u00f3 los presupuestos y partidas de las\u00a0procuradur\u00edas\u00a0del Paciente, Mujeres y Ciudadano, as\u00ed como el Tribunal General de Justicia.<\/p>\n
El an\u00e1lisis concluy\u00f3 que durante los pasados diez a\u00f1os, las medidas de austeridad econ\u00f3mica impusieron una baja sustancial en el personal de las procuradur\u00edas a trav\u00e9s de congelaci\u00f3n de plazas y recortes presupuestarios.<\/p>\n
Por tratarse de agencias que ofrecen servicios directamente a los ciudadanos y ciudadanas, advirti\u00f3 que estas contracciones presupuestarias y de personal atentan directamente contra el derecho de acceso a la justicia.<\/p>\n
Seg\u00fan Santamar\u00eda Ots, la participaci\u00f3n ciudadana en el proceso presupuestario se elimin\u00f3 por completo e incluso se limitaros las aportaciones de los legisladores. Luego de la implantaci\u00f3n de la ley Promesa, la Asamblea Legislativa ha tenido menos tiempo para discutir y analizar el presupuesto.<\/p>\n
\u00abDesde el a\u00f1o fiscal 2017, desde que lleg\u00f3 la Junta Fiscal, los d\u00edas de discusi\u00f3n se redujeron a 39 d\u00edas en el 2017, 25 d\u00edas en 2018 y 19 d\u00edas en 2019\u00bb, expres\u00f3 Santamar\u00eda Ots.<\/p>\n
Anteriormente, la discusi\u00f3n habitual del presupuesto se extend\u00eda entre 40 y 60 d\u00edas entre ambos cuerpos legislativos.<\/p>\n
En contraste, el presupuesto que aprob\u00f3 ayer la C\u00e1mara de Representantes y que entrar\u00eda en vigor el 1 de julio, se discuti\u00f3 en una sola vista p\u00fablica.<\/p>\n
El presupuesto de Puerto Rico para el a\u00f1o fiscal 2020-2021 que present\u00f3 la gobernadora, Wanda V\u00e1zquez Garced la semana pasada, y el propuesta elaborado por la JCF eran similares, salvo por seis puntos que representaban una diferencia de $169 millones.<\/p>\n
Los puntos en disputa inclu\u00edan el bono de Navidad, el seguro param\u00e9trico, la propuesta para privatizar el Canal 6 (WIPR), el pareo de fondos federales de los desastres de los huracanes Irma y Mar\u00eda.<\/p>\n
Otro eje de controversia era la inyecci\u00f3n econ\u00f3mica a la Comisi\u00f3n Estatal de Elecciones (CEE), que reclama $15 millones adicionales al presupuesto asignado para financiar las Elecciones Generales de noviembre y cumplir con la nueva reforma electoral, as\u00ed como las nuevas medidas de seguridad para garantizar el voto impuestas por la pandemia del COVID-19.<\/p>\n
Sin embargo, ninguna de las partidas en pugna va dirigida a mejorar el acceso a la justicia desde el sector gubernamental a trav\u00e9s de las procuradur\u00edas del Ciudadano, Mujeres, Paciente o el Tribunal General de Justicia.<\/p>\n
\u00abLas partidas para esas agencias se han ido reduciendo con el paso de los a\u00f1os. Las mismas procuradur\u00edas han se\u00f1alado que han aumentado la demanda de sus servicios sustancialmente, pero cada vez tienen menos personal y menos recursos\u00bb, apunt\u00f3 la abogada comunitaria y analista de pol\u00edtica p\u00fablica de Ayuda Legal, Nicole D\u00edaz Gonz\u00e1lez.<\/p>\n
Crece la dependencia a fondos federales<\/strong><\/p>\n De acuerdo al an\u00e1lisis, los presupuestos presentados para las procuradur\u00edas son similares a las partidas presupuestarias del a\u00f1o anterior, pero dependen en gran medida de fondos federales y no de asignaciones del Fondo General.<\/p>\n \u00abVemos que est\u00e1 aumentando la dependencia de fondos federales, mientras disminuye la inversi\u00f3n de fondos estatales\u00bb, coment\u00f3 D\u00edaz Gonz\u00e1lez.<\/p>\n \u00abLas subvenciones de fondos federales tienen limitaciones. Suelen ser para programas espec\u00edficos y est\u00e1n sujetos al vaiv\u00e9n pol\u00edtico partidista. Nosotros no tenemos el mismo poder de participaci\u00f3n en el congreso para influir en esa toma de decisiones\u00bb, agreg\u00f3 la abogada.<\/p>\n Esa dependencia a los fondos federales se observa claramente en la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada. M\u00e1s del 90% de su presupuesto proviene de fondos federales.<\/p>\n Existe otra variable. Las ayudas federales operan a trav\u00e9s de un sistema de pareos, que se afecta en la medida en que las agencias no cuentan con recursos propios para sufragar su parte.<\/p>\n \u00abLa Oficina de la Procuradora de la Mujer report\u00f3 que ya est\u00e1n en el tope porque no tienen suficientes fondos estatales para el pareo\u00bb, apuntal\u00f3 D\u00edaz Gonz\u00e1lez.<\/p>\n Adem\u00e1s de depender de fondos federales que no son recurrentes, esas agencias han visto sus presupuestos menguarse a trav\u00e9s de los a\u00f1os. Por ejemplo, el recorte presupuestario la Procuradur\u00eda del Ciudadano ha sido de un 51% desde el 2010. La instituci\u00f3n tambi\u00e9n sufri\u00f3 una merma de personal de 37% y sus pasados directores han manifestado la necesidad urgente de contratar investigadoras, abogadas y m\u00e9dicos.<\/p>\n El propio sistema general de justicia ha enfrentado una merma de 16% en su presupuesto, que trajo como resultado una merma en la partida de n\u00f3mina de 17%. Esto se combina con una reducci\u00f3n de su personal transitorio y el cierre de 20 salas de tribunales alrededor de la isla.<\/p>\n La Oficina de la Procuradora de las Mujeres ha visto su presupuesto reducirse en un 18% desde el 2010, mientras que su plantilla de empleados de achic\u00f3 en un 30%. Actualmente, la oficina cuenta con un solo inspector y no tiene abogadas en su plantilla.<\/p>\n Aunque la propia ley habilitadora de la instituci\u00f3n establece la creaci\u00f3n de oficinas regionales, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres solamente opera desde su oficina central en San Juan.<\/p>\n En cuanto a la Oficina del Procurador del Paciente, la reducci\u00f3n presupuestaria ha sido de 49% y la merma de personal alcanz\u00f3 el 58%. En el 2010, la oficina resolvi\u00f3 10,000 querellas, mientras que para el 2018 solamente atendi\u00f3 1,900.<\/p>\n \u00abLa crisis nos afecta a todas las personas por igual y la austeridad afecta de forma desproporcional a unos grupos en espec\u00edfico. En este juego del presupuesto siempre sale perdiendo la gente, los grupos m\u00e1s desventajados econ\u00f3micamente\u00bb, concluy\u00f3 la abogada y directora ejecutiva de Ayuda Legal, Ariadna Godreau-Aubert.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Espacios Abiertos y Ayuda Legal Puerto Rico alertaron sobre una tendencia a reducir asignaciones presupuestarias que afecta el derecho de la ciudadan\u00eda a procurar asistencia legal u otro tipo de ayuda. 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