{"id":147406,"date":"2020-06-23T16:43:00","date_gmt":"2020-06-23T20:43:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticel.com\/ahora\/gobierno\/policia\/top-stories\/tribunales\/20200623\/noticel-solicita-acceso-a-documentos-en-caso-federal-de-la-reforma-de-la-policia\/"},"modified":"2025-07-17T00:02:04","modified_gmt":"2025-07-17T00:02:04","slug":"noticel-solicita-acceso-a-documentos-en-caso-federal-de-la-reforma-de-la-policia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20200623\/noticel-solicita-acceso-a-documentos-en-caso-federal-de-la-reforma-de-la-policia\/","title":{"rendered":"NotiCel solicita acceso a documentos en caso federal de la Reforma de la Polic\u00eda"},"content":{"rendered":"

El juez federal Gustavo A. Gelp\u00ed concedi\u00f3 esta tarde una moci\u00f3n sometida hoy mismo por el diario digital NotiCel, a trav\u00e9s de su editor \u201csenior\u201d, Oscar J. Serrano, para obtener acceso a varios documentos sometidos en el caso de la Reforma de la Polic\u00eda en los que se discute la facturaci\u00f3n de la Oficina del Monitor de la reforma y objeciones que levant\u00f3 el bufete que representa al Gobierno de Puerto Rico en dicho litigio, McConnell Vald\u00e9s (McCV).<\/p>\n

La solicitud a Gelp\u00ed incluy\u00f3 que considere eliminar la confidencialidad de todos los documentos radicados en el caso, pero particularmente se dirig\u00eda a varias mociones y radicaciones que tienen que ver con una objeci\u00f3n que el gobierno, a trav\u00e9s de McCV, present\u00f3 a la factura de servicios de la Oficina del Monitor correspondiente al mes de abril, y que repiti\u00f3 para la factura del mes de mayo.<\/p>\n

En una orden p\u00fablica que emiti\u00f3 en mayo denegando las objeciones, el juez Gelp\u00ed indic\u00f3 que era la primera vez que el gobierno objetaba las facturas del monitor John Romero y que el Departamento de Justicia federal se hab\u00eda opuesto a la posici\u00f3n del Gobierno y hab\u00eda favorecido la factura. Gelp\u00ed concluy\u00f3 que la objeci\u00f3n que present\u00f3 McCV constitu\u00eda un \u201casesinato de car\u00e1cter injustificado\u201d contra los oficiales de la corte que componen la Oficina del Monitor, que el gobierno hab\u00eda \u201cconvertido en un arma (de litigio) el proceso rutinario de revisi\u00f3n de facturas\u201d y advirti\u00f3 que \u201ccualquier acci\u00f3n futura en esa direcci\u00f3n por parte del gobierno ser\u00e1 considerada vejatoria y sancionable, y el Tribunal no vacilar\u00e1 en tomar toda acci\u00f3n necesaria\u201d.<\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 Gelp\u00ed sobre McCV que \u201cla tarifa por hora de los abogados del Monitor es menos que la mitad de la tarifa m\u00e1xima contractual que tienen los abogados del Gobierno de Puerto Rico en este caso\u201d.<\/p>\n

Sin embargo, aunque es p\u00fablica la orden en la que se descartan las objeciones a las facturas, permanec\u00edan selladas las mociones y radicaciones que tienen que ver con la controversia. La moci\u00f3n radicada hoy por Serrano pidi\u00f3 que a esos documentos se les levanten las restricciones que tienen actualmente para que todo el p\u00fablico tenga acceso a los mismos. La moci\u00f3n se bas\u00f3 en los principios constitucionales, tanto de Estados Unidos como de Puerto Rico, de que los procesos y documentos judiciales se presumen p\u00fablicos y que todos los documentos relativos a los procesos gubernamentales puertorrique\u00f1os se presumen p\u00fablicos. Adem\u00e1s, apunt\u00f3 a posibles violaciones de las partes en el caso a los requisitos del tribunal para aceptar radicaciones de documentos confidenciales.<\/p>\n

\u201cEste caso exude inter\u00e9s p\u00fablico por todas sus cuatro esquinas. Tienen que ver con el Gobierno de Puerto Rico y una de sus agencias. El objeto del Acuerdo es asegurar que la Polic\u00eda complete exitosamente el proceso de reforma, y tenga mejoramiento institucional en \u00e1reas tan importantes como la protecci\u00f3n de derechos civiles. El proceso de reforma est\u00e1 financiado con fondos p\u00fablicos (que al momento, se debe enfatizar, est\u00e1n escasos debido a la condici\u00f3n econ\u00f3mica fr\u00e1gil del gobierno que conllev\u00f3 una quiebra y que ha sido exacerbada por desastres naturales sucesivos). La gente m\u00e1s afectada por este proceso son servidores p\u00fablicos (los polic\u00edas) y el p\u00fablico en general (como sujetos de la acci\u00f3n polic\u00edaca)\u201d, se argument\u00f3 en la moci\u00f3n.<\/p>\n

Adem\u00e1s de Romero, en la oficina del Monitor prestan servicios tambi\u00e9n el ex juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hern\u00e1ndez Denton, y el licenciado Alfredo Castellanos Bayouth.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

La Polic\u00eda y el gobierno est\u00e1n representados en el caso por McCV mediante un contrato con vigencia hasta el 30 de junio y tope de facturaci\u00f3n de $1.5 millones que es, a su vez, la renovaci\u00f3n de un contrato que tuvo inicialmente de diciembre de 2018 a junio de 2019 por $560,000. El contrato para el caso de la Polic\u00eda no establece cu\u00e1les son las tarifas por hora de los abogados de McCV, solo indica el tope de $125,000 mensuales y de $1.5 millones durante toda la duraci\u00f3n del contrato. Empero, el bufete tiene tambi\u00e9n un contrato vigente para representar al Departamento de Salud en otro caso ante Gelp\u00ed, que tambi\u00e9n tiene un monitor y donde tambi\u00e9n el gobierno ha presentado objeciones a las facturas a trav\u00e9s de McCV.<\/p>\n

La propuesta para ese contrato, que atiende un caso relativo a los servicios de Salud para personas discapacitadas, revela m\u00e1s informaci\u00f3n de lo que cobra el bufete en el caso de la Polic\u00eda ya que asegura a Salud que se trata del mismo equipo y t\u00e9rmino similares a los del contrato de la Polic\u00eda. Seg\u00fan la propuesta, la tarifa por hora de los abogados corre de $145 a $390 por hora. Los abogados que participan en el caso son Arturo J. Garc\u00eda, director general del bufete, Marcos Rodr\u00edguez Ema, socio director y exsecretario de la Gobernaci\u00f3n en la Administraci\u00f3n Fortu\u00f1o, Lizzie M. Portela, socia corporativa y exfuncionaria de la Administraci\u00f3n Rossell\u00f3 en el \u00e1rea de Seguridad, y Beatriz L. Annexy Guevara quien, a su vez, es miembro de un equipo de monitores de reforma policial en Arizona.<\/p>\n

Adem\u00e1s de estas dos contrataciones, McCV tiene otro vigente con la Oficina de Administraci\u00f3n de Tribunales por un tope de $62,500 con tarifa por hora de entre $100 y $125 por hora.<\/p>\n

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos someti\u00f3 una demanda contra la Polic\u00eda de Puerto Rico el 21 de diciembre de 2012 debido a sus \u201cactividades ilegales e inconstitucionales que son el producto de fallas institucionales generalizadas y de larga duraci\u00f3n\u201d y, desde el 2013, hay un acuerdo de reforma en vigor que se supone \u201cproteja la seguridad p\u00fablica, garantice los derechos civiles y aumente la confianza p\u00fablica en la Polic\u00eda\u201d.<\/p>\n

Justicia federal tom\u00f3 esa determinaci\u00f3n basada en varias instancias de brutalidad polic\u00edaca, incluyendo el caso que involucra al ahora senador penep\u00e9 Gregorio Mat\u00edas Rosario quien, en 2006 y como oficial de la Polic\u00eda, dispar\u00f3 dos veces y golpe\u00f3 a un ciudadano dominicano que le hab\u00eda reclamado que dejara de expresarse despectivamente contra los dominicanos<\/a>.<\/p>\n

Todo el proceso de la reforma es uno sufragado con fondos p\u00fablicos, incluyendo la Oficina del Monitor, que es un oficial del tribunal encargado de verificar si la Polic\u00eda de Puerto Rico cumple con los acuerdos y las metas de la reforma. Dicha oficina tiene un presupuesto de $1.5 millones anuales que administra el juez Gelp\u00ed como parte de sus responsabilidades al presidir el caso.<\/p>\n

Para ver la moci\u00f3n, pulse aqu\u00ed.<\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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