El Tribunal Supremo, en una decisi\u00f3n en la que participaron s\u00f3lo seis de sus jueces y en un caso de m\u00e1s de 20 a\u00f1os, ratific\u00f3 que el diario El Vocero difam\u00f3 a la entonces fiscal Iris Melendez en una serie de art\u00edculos en los que concluyeron que hab\u00eda hostigado sexualmente a una secretar\u00eda, pero redujo la compensaci\u00f3n millonaria que inicialmente se le hab\u00eda concedido a la demandante.<\/p>\n
La reducci\u00f3n de compensaci\u00f3n fue el punto principal de la disidencia de la jueza Anabelle Rodr\u00edguez. Los jueces Federico Hern\u00e1ndez Denton y Mildred Pab\u00f3n Charneco no participaron en la decisi\u00f3n y el juez Rafael Mart\u00ednez Torres se inhibi\u00f3 del caso que sali\u00f3 por voz del juez asociado Roberto Feliberti.<\/p>\n
La demanda original fue presentada en 1992 y, de hecho, el periodista (Jos\u00e9 Purcell) y el editor\/due\u00f1o (Gaspar Roca) ya murieron, as\u00ed como que la gerencia del diario cambi\u00f3.<\/p>\n
La sentencia original era de $1,815,000, adem\u00e1s de $100,000 en pago de honorarios, m\u00e1s intereses calculados al 5% desde 2004. Pero la determinaci\u00f3n del Supremo hoy es reducir la cantidad global a $350,000 y eliminar el pago de honorarios de abogados, por entender que es lo ‘razonable’. La demandante es hoy una de las abogadas del panel del Fiscal Especial Independiente y una de sus abogadas, Maricarmen Ramos de Szendrey, es una reci\u00e9n estrenada miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Por parte de la demandante, intervino en el caso tambi\u00e9n el profesor de Derecho Constitucional, Jos\u00e9 Juli\u00e1n \u00c1lvarez.<\/p>\n
Los actos difamatorios de Purcell en El Vocero ocurrieron a lo largo de 43 art\u00edculos en 23 meses de publicaci\u00f3n y tuvieron su origen en la publicaci\u00f3n de una supuesta querella por hostigamiento sexual que la secretaria Martha Marrero Rivera hab\u00eda presentado contra Mel\u00e9ndez. El Supremo ratific\u00f3 que Marrero es responsable de difamaci\u00f3n por las comunicaciones que hizo sobre el supuesto hostigamiento, que El Vocero es responsable por sus art\u00edculos al respecto, y que el abogado del diario, H\u00e9ctor Santiago, es responsable tambi\u00e9n por el contenido de cartas que curs\u00f3 al entonces secretario de Justicia, Jorge P\u00e9rez D\u00edaz, y que el diario public\u00f3.<\/p>\n
Entre los hallazgos est\u00e1n que Purcell public\u00f3 su historia basado en ‘rumores’ y que se neg\u00f3 a entrevistar a Mel\u00e9ndez al respecto cuando tuvo oportunidad para ello. En cuanto a los actos de Santiago, el tribunal determin\u00f3 que no pod\u00eda protegerse diciendo que eran comunicaciones exentas de posible difamaci\u00f3n porque fueron hechas en su rol oficial de abogado dentro de un procedimiento legal, ya que la prueba arrojaba actuaciones suyas para que el contenido de las cartas llegara a manos de la prensa.<\/p>\n
La demanda original fue presentada en 1992 y las controversias relacionadas hab\u00edan sido atendidas por el Tribunal de Apelaciones en 27 ocasiones y por el propio Supremo en dos ocasiones.<\/p>\n
*Actualizado con los nombres del equipo legal de Mel\u00e9ndez.<\/em><\/p>\n Tribunal Supremo Mel\u00e9ndez v. Vocero Opini\u00f3n – NotiCel_3118<\/a><\/p>\n Tribunal Supremo Mel\u00e9ndez v. Vocero Sentencia – NotiCel_3119<\/a><\/p>\n