El juez federal Pedro Delgado Hern\u00e1ndez concedi\u00f3 una orden protectora para regir el proceso del descubrimiento de prueba en el caso de corrupci\u00f3n gubernamental en el Departamento de Recreaci\u00f3n y Deportes (DRD) bajo la pasada administraci\u00f3n.<\/p>\n
La orden protectora es un proceso rutinario en estos casos ya que la evidencia de la fiscal\u00eda contiene informaci\u00f3n financiera y confidencial de los acusados.<\/p>\n
Con este procedimiento inicia la etapa en la que la defensa del exsecretario del DRD, Ram\u00f3n Orta y los coacusados en el millonario fraude tendr\u00e1n acceso a la evidencia en poder de las autoridades federales.<\/p>\n
‘Como en el descubrimiento de prueba hay informaci\u00f3n personal y confidencial de los acusados, para proteger a todo el mundo, se pide esa orden que es de rutina. Una vez se firme- que el juez indic\u00f3 que la va a firmar hoy- se entregar\u00e1 el descubrimiento. No hemos empezado, no hemos recibido evidencia. Ahora es que estamos empezando’, dijo a su salida de la vista de estado de procedimiento Francisco Rebollo Casalduc, representante legal de Orta Rodr\u00edguez.<\/p>\n
El exsecretario del DRD y otras seis personas fueron acusadas por las autoridades federales por participar en un esquema fraude de $9.8 millones en fondos federales a cambio de recibir dinero en efectivo y pagos de viajes, durante la pasada administraci\u00f3n.<\/p>\n
Junto a Orta Rodr\u00edguez fueron acusados Edgardo V\u00e1zquez Morales, exayudante especial en el DRD; los contratistas Oscar Rodr\u00edguez Torres de Rosso Group; Miguel Sosa Su\u00e1rez propietario de Global Sports Initiative; Irving Riquel Torres Rodr\u00edguez de AESC Corp; la esposa de este, Cecilia Amador L\u00f3pez y Juan Carlos Ortiz propietario de Sports Consultants, inc.<\/p>\n
De otra parte, el magistrado Bruce McGiverin asign\u00f3 un abogado de la Oficina del Defensor P\u00fablico a la coacusada Cecilia Amador L\u00f3pez tras esta demostrar incapacidad para continuar costeando su defensa.<\/p>\n
La determinaci\u00f3n del magistrado se dio en una vista de estado celebrada durante la ma\u00f1ana de hoy, mi\u00e9rcoles, en la que se discuti\u00f3 un posible conflicto de inter\u00e9s en la representaci\u00f3n legal de dos coacusados en el caso, Amador L\u00f3pez y su c\u00f3nyuge Irving Riquel Torres. Seg\u00fan la moci\u00f3n radicada por el fiscal Seth Erbe, podr\u00eda suponer un posible conflicto de intereses que los abogados del matrimonio pertenezcan a un mismo bufete.<\/p>\n
Los abogados Joseph Laws y Melanie Matos explicaron al magistrado federal que no pertenecen a una misma firma de abogados; sino que son ‘socios de gastos’ al compartir oficinas.<\/p>\n
‘La abogada Matos no es mi empleada’, puntualiz\u00f3 Laws ante el magistrado federal. McGiverin explic\u00f3 al matrimonio el derecho que ambos tienen como coacusados a una representaci\u00f3n legal individual que vele por sus intereses, independientemente del efecto que tenga esa estrategia legal en su pareja. El magistrado federal dio algunos ejemplos hipot\u00e9ticos de posible conflicto de intereses.<\/p>\n
McGiverin por su parte plante\u00f3 la posibilidad que un testigo sea favorable a uno; pero su testimonioincrimine al otro; o incluso el conflicto que supondr\u00eda que uno de los coacusados decida ir a juicio, mientras el otro decida cooperar con las autoridades.<\/p>\n
No obstante, el posible conflicto de intereses se subsan\u00f3 al Amador L\u00f3pez solicitar que se le asignara un abogado p\u00fablico por no contar con el dinero para su defensa.<\/p>\n
Tras este suceso, el juez federal Delgado Hern\u00e1ndez paut\u00f3 una vista de seguimiento para el 20 de octubre.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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