{"id":141965,"date":"2014-10-24T13:34:55","date_gmt":"2014-10-24T17:34:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.noticel.com\/ahora\/20141024\/gobierno-se-ampara-en-planes-de-pago-para-evitar-pagar-sentencias-completas\/"},"modified":"2025-08-20T01:58:53","modified_gmt":"2025-08-20T01:58:53","slug":"gobierno-se-ampara-en-planes-de-pago-para-evitar-pagar-sentencias-completas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticel.com\/en\/ultima-hora\/20141024\/gobierno-se-ampara-en-planes-de-pago-para-evitar-pagar-sentencias-completas\/","title":{"rendered":"Gobierno se ampara en planes de pago para evitar pagar sentencias completas"},"content":{"rendered":"

El Gobierno de Puerto Rico se ampar\u00f3 en la Ley 66 para solicitarle al Tribunal de Primera Instancia que les permita emitir pagos anuales de $3 millones para satisfacer una sentencia que hay a favor de los Centros 330 desde el 2012, pero dichas entidades rechazaron el propuesto plan de pago, por lo que el juez \u00c1ngel Pagan tomar\u00e1 una decisi\u00f3n pr\u00f3ximamente.<\/p>\n

La secretaria auxiliar de lo Civil del Departamento de Justicia, Marta Elisa Gonz\u00e1lez, quien particip\u00f3 en la vista efectuada este jueves en el Tribunal de San Juan, argument\u00f3 que el art\u00edculo 28 de la Ley 66 le permite al Gobierno que la sentencia emitida en este caso se pueda satisfacer por medio de un plan de pago.<\/p>\n

Seg\u00fan Gonz\u00e1lez, el Estado est\u00e1 en la disposici\u00f3n de cumplir con la deuda de alrededor de $28 millones, ‘pero no de la manera tradicional’. Sin embargo, hasta el comisionado especial del caso, C\u00e9sar Soto, opin\u00f3 que es ‘muy poco’, la propuesta del Estado de pagar $3 millones anuales.<\/p>\n

A juicio de Soto, ‘en la medida que no se haga ning\u00fan pago, vamos a seguir engordando ese cochinito (en referencia a la deuda que tiene el Gobierno con los Centros 330)’.<\/p>\n

Tanto Gonz\u00e1lez como la representante legal del Estado, la licenciada Flor V\u00e9lez, rechazaron la petici\u00f3n de los abogados de los Centros 330 para que el Estado disponga de los $22.5 millones consignados en la Ley 78 de 2014 para pagar la sentencia. Ambas plantearon que esa es una partida especial establecida por la Legislatura para asegurar la operaci\u00f3n de los Centros.<\/p>\n

Trascendi\u00f3 en la vista que el Gobierno utiliz\u00f3 parte de esos fondos para pagarle a los Centro 330 alrededor de $9 millones, como se acord\u00f3 desembolsar trimestralmente en otro caso que hay ante el Tribunal Federal. Estos son pagos suplementarios (WAP, por sus siglas en ingl\u00e9s) que reciben los Centros 330, y que son aparte de las capitaciones que les pagan las entidades que los subcontratan para brindar servicios a los beneficiarios de Mi Salud.<\/p>\n

Pero el juez Pag\u00e1n termin\u00f3 declarando ‘no ha lugar’ la petici\u00f3n del representante de varios Centros 330, el licenciado Marvin D\u00edaz Ferrer, para que el Tribunal congelara los fondos de la Ley 78.<\/p>

\"\"<\/a><\/div>\n

Por su parte, el licenciado Ra\u00fal Tirado, quien representa a otros Centros, explic\u00f3 a NotiCel que el caso que data desde 2002 surge ante el incumplimiento del Estado con unas enmiendas que el Gobierno federal hizo a la Ley de Seguridad Social.<\/p>\n

Estas enmiendas dispusieron que el Estado deb\u00eda establecer un sistema de pagos prospectivos para los Centros 330 en aras de reembolsar ciertos gastos que estas entidades incurren por atender a beneficiarios de Medicaid (Mi Salud). La idea era que por medio de los WAP estas entidades recibieran estos fondos de antemano y que al final del a\u00f1o se hiciera una conciliaci\u00f3n por si el Gobierno hab\u00eda pagado de m\u00e1s o de menos.<\/p>\n

Por su parte, la directora ejecutiva de la Asociaci\u00f3n de Salud Primaria de Puerto Rico, Inc., Alicia Su\u00e1rez, abund\u00f3 a este diario que la raz\u00f3n para estas enmiendas fue que estas entidades no deb\u00edan utilizar fondos otorgados bajo la Secci\u00f3n 330 de la Ley de Salud P\u00fablica Federal para compensar la p\u00e9rdida de ingresos por las tarifas que les pagan los planes de manejo de cuidado que son contratados por el Gobierno para administrar la Reforma de Salud. Pero, como el Estado no cumpli\u00f3 con el mandato federal, los Centros acudieron al Tribunal. Por ello, entre 2011 y 2012, el foro judicial estatal emiti\u00f3 una sentencia en contra del Gobierno para que pagaran alrededor de $28 millones.<\/p>\n

Adem\u00e1s, D\u00edaz Ferrer, indic\u00f3 a este diario que actualmente est\u00e1 ante el Tribunal Supremo otra controversia por unos $110 millones que el Gobierno no ha querido reconocer que le adeuda a los Centros 330. Adem\u00e1s, el Estado ha querido deducir los ‘grants’ (subvenciones en bloque) que estas entidades reciben de la cuant\u00eda que el Gobierno les debe.<\/p>\n

V\u00e9lez ha rebatido el monto de la deuda porque se\u00f1ala que el Comisionado Especial del caso no ha provisto informaci\u00f3n suficiente sobre la base que us\u00f3 para llegar a este c\u00e1lculo.<\/p>\n

Mientras, el juez Pagan, emiti\u00f3 un nuevo se\u00f1alamiento para el pr\u00f3ximo 17 diciembre a las 2 p. m., y les concedi\u00f3 a las partes hasta el pr\u00f3ximo 31 de octubre para que radiquen un memorando de derecho sobre la aplicabilidad de la Ley 66.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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