No pueden suspenderse por un desastre natural<\/i><\/p>\n
Las protecciones de los derechos humanos no pueden suspenderse por raz\u00f3n de un desastre natural, incluyendo pero sin limitarse, a los principios fundamentales de no discriminaci\u00f3n, transparencia y rendici\u00f3n de cuentas, as\u00ed como asegurar la participaci\u00f3n de toda la poblaci\u00f3n afectada para responder a los fen\u00f3menos de manera concertada.<\/p>\n
As\u00ed lo establecen las Gu\u00edas Operacionales sobre Derechos Humanos y Desastres Naturales de la Organizaci\u00f3n de las las Naciones Unidas (ONU), rese\u00f1adas en el Informe Multisectorial sobre las violaciones de Derechos econ\u00f3micos, sociales y medioambientales tras el paso de los huracanes Irma y Mar\u00eda en Puerto Rico.<\/p>\n
Al iniciar una nueva temporada cicl\u00f3nica, la ciudadan\u00eda debe recordar que los Estados tienen el deber de garantizar sus derechos humanos, detener de inmediato cualquier violaci\u00f3n a los mismos y asegurar la reparaci\u00f3n integral de los da\u00f1os causados por dichas violaciones, sin importar la magnitud del evento natural.<\/p>\n
En el informe desarrollado por el Instituto Caribe\u00f1o de Derechos Humanos y la Cl\u00ednica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad Interamericana, se establece que todas las dependencias del Estado demostraron una gran ignorancia sobre sus obligaciones de protecci\u00f3n de derechos humanos y reprodujeron acciones discriminatorias y de abuso de poder, durante el manejo de la respuesta a las emergencias de septiembre pasado.<\/p>\n
Posiblemente se deba a que las decisiones gubernamentales sobre ayudas de emergencia est\u00e1n centralizadas en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), pero ning\u00fan personal de las agencias locales consultaron a las comunidades afectadas sobre los cursos de acci\u00f3n en la repartici\u00f3n de suministros y servicios o la ubicaci\u00f3n de refugiados.<\/p>\n
De otro lado, el Estado tambien debe garantizar que la comunidad internacional apoye los esfuerzos de respuesta a la emergencia, pero la entrega de suministros por parte de otros pa\u00edses fue casi imposible. Adem\u00e1s, la relaci\u00f3n colonial impide a Puerto Rico el pleno ejercicio de derechos pol\u00edticos. A ello se sum\u00f3 la grave crisis econ\u00f3mica que persiste por m\u00e1s de una decada, agudizando la cr\u00edtica situaci\u00f3n de los derechos humanos en el pa\u00eds, aumentando a su vez las tasas de pobreza y desigualdad.<\/p>\n
En estas situaciones, ciertos grupos son particularmente vulnerables a los efectos de un desastre natural pero es deber del Estado organizar su plan de respuesta de tal forma que identifique r\u00e1pidamente las poblaciones que requieren una atenci\u00f3n inmediata y particular, con informaci\u00f3n completa y certera de las m\u00e1s vulnerables, su ubicaci\u00f3n y los riesgos a los que se exponen.<\/p>\n
Por un lado, con la adopci\u00f3n de medidas de austeridad antes, durante y despues de la respuesta al impacto de los huracanes, el Estado continu\u00f3 obviando su obligaci\u00f3n de no discriminar. Mientras, las acciones del gobierno federal en Puerto Rico demuestran un contraste marcado entre el tipo de respuesta que Estados Unidos ofrece a emergencias que ocurren en los estados federados, en comparaci\u00f3n con el territorio no incorporado.<\/p>\n
Ante este cuadro, para muchos la \u00fanica salida fue la emigraci\u00f3n forzosa, pero otros fueron desplazados sin cruzar fronteras internacionales. Estos \u00faltimos deben ser tratados como desplazados internos, y por tanto tienen unas garant\u00edas de protecci\u00f3n especial bajo los Principios y Gu\u00edas para la Protecci\u00f3n de los Desplazados Internos adoptados en 1988 durante la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos.<\/p>\n
La experiencia de otras comunidades desplazadas, como la ciudad de New Orleans despues del hurac\u00e1n Katrina, evidencia c\u00f3mo las situaciones de desplazamiento facilitan la especulaci\u00f3n y convierte un desplazamiento temporero en uno permanente. Actualmente, el mercado inmobiliario de Puerto Rico es uno de los m\u00e1s debiles de la regi\u00f3n, lo cual atrae a la especulaci\u00f3n y la destrucci\u00f3n de comunidades hist\u00f3rica y culturalmente importantes.<\/p>\n
Tras la emergencia dejada por Mar\u00eda, Estados Unidos falt\u00f3 a su responsabilidad de tomar medidas efectivas para prevenir el desplazamiento masivo de la poblaci\u00f3n en Puerto Rico al no asistir a los ciudadanos a preparase adecuadamente y tampoco atender con celeridad la falta de energ\u00eda electrica, agua potable y destrucci\u00f3n de viviendas.<\/p>\n
De igual modo, es importante resaltar la obligaci\u00f3n de los Estados de facilitar el retorno voluntario y el reasentamiento de los desplazados, no solo reconociendo los derechos de esta poblaci\u00f3n sino facilitando que regresen a retomar el control de sus comunidades.<\/p>\n
El retorno voluntario debe estar guiado por los Principios Pinheiro sobre la Restituci\u00f3n de las Viviendas y el Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas, aprobados por la Sub Comisi\u00f3n de Protecci\u00f3n y Promoci\u00f3n de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en agosto de 2005.<\/p>\n
Todos los refugiados y desplazados tienen derecho a que se les restituyan las viviendas, las tierras y el patrimonio del que hayan sido privados arbitraria o ilegalmente; o a que se les indemnice por cualquier vivienda, tierra o bien cuya restituci\u00f3n sea considerada imposible por un tribunal independiente e imparcial.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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